El Gobierno de España ha respondido por carta a FEREDE tras recibir el informe que la Federación evangélica envió al ejecutivo, en el que se cuestionaban aspectos muy concretos de dos leyes presentadas por el Gobierno que se encuentran en trámite: la ley del aborto y la ley trans y LGTBI.

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La carta del Ministerio de Presidencia, firmada por el director del gabinete, Rafael Oñate, expone que el Gobierno “tiene entre sus señas de identidad la defensa de los derechos y libertades fundamentales contemplados en nuestra Constitución y, por lo que se refiere a este Ministerio, de la libertad religiosa en particular”. Es “un compromiso de este ministerio” la creación de las condiciones “que permitan un ejercicio efectivo del derecho de acuerdo con los principios constitucionales y el desarrollo orgánico de la libertad religiosa”.

Desde el Gobierno entienden la preocupación que estos proyectos de ley puedan tener en cuanto afecten a la libertad religiosa y de conciencia, aunque “tenemos que afirmar con rotundidad que ni es ni puede ser un efecto de ninguna ley vulnerar otros derechos fundamentales y no está en la voluntad del legislador hacerlo tampoco en los proyectos que mencionáis y que aun están en fase de tramitación parlamentaria”.

El ejecutivo defiende que “si se llegara a plantear un hipotético conflicto de derechos o se considerara alguna actuación como discriminatoria por motivos religiosos o de conciencia, nuestro sistema constitucional y legal tiene resortes suficientes para resolverlos como corresponde a un Estado de Derecho”.

Para el Gobierno se deben respetar “a todos en sus ideas y creencias, aunque no las compartamos”. “Me consta -expresa Oñate- que la comunidad evangélico-protestante en España conoce bien el valor de la libertad porque ha padecido su falta y ha luchado para que tengamos el nivel de libertades que disfrutamos hoy en día en España. Trasmitiros, pues, la confianza en la solidez de nuestro sistema en el que la libertad de conciencia existe para todos y su ejercicio está plenamente garantizado”.

FEREDE: respuesta a medias 

La carta del Gobierno ha sido valorada como “una respuesta a medias” por la FEREDE a través de un artículo publicado en Actualidad Evangélica. La Federación insiste en que se habían presentado aspectos muy específicos que, en la breve carta del Gobierno, no se abordan directamente.

En relación a la ley del aborto, la federación evangélica manifestaba en el informe enviado en junio su oposición a la creación de un registro de objetores de conciencia que a su juicio podría llevar a situaciones de discriminación para el personal médico que ejerza su derecho a la objeción de conciencia. FEREDE enfatizaba que este derecho “se deriva directamente del derecho a la libertad de conciencia y libertad religiosa”.

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También FEREDE manifestaba su oposición a la eliminación del permiso y necesidad de acompañamiento de los padres en el aborto de menores de edad a partir de 16 años. “Nos parece grave que se considere que la elección de abortar de la menor es siempre la mejor y más acertada solución”, añadía.

En cuanto a la ley trans y LGTBI, la crítica evangélica enfatizaba cuatro puntos. En primer lugar, la inclusión en el ámbito educativo de una formación “que promueva la negación de la validez del sexo (biológico) estableciendo nuevas definiciones de lo que significa ser hombre y ser mujer”. También se alerta de la “grave posibilidad de que los menores puedan realizar una rectificación registral de su sexo sin el consentimiento de los padres”.

En tercer lugar, la FEREDE expresaba la “inseguridad jurídica” en la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, las cuales “no tienen lugar en las iglesias evangélicas” pero sí que se pueden realizar un acompañamiento y apoyo espiritual cuando una persona manifieste dificultades o dudas con respecto a su orientación sexual. “Nos preocupa que cualquier intervención en este ámbito pudiera ser sancionable”, afirma el informe.

Finalmente, el documento expresaba que estas leyes que buscan la protección de minorías específicas, olvidando otras minorías que también pueden sufrir discriminación. Por ello FEREDE propone “una ley amplia que proteja a todos los colectivos y personas que sufren situaciones discriminatorias”.