La Cátedra de Libertad Religiosa y de Conciencia de Cataluña ha publicado su primer informe sobre el estado de este derecho humano fundamental en el territorio. El documento, de carácter bienal, recoge un trabajo de investigación realizado en los años 2020 y 2021 por un equipo de veinte investigadores de distintas disciplinas y ámbitos académicos.

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En ese periodo de tiempo, según los autores del informe, en Cataluña se han registrado 80 casos que “vulneran la libertad religiosa, la mayoría de los cuales están relacionados con la Covid-19 y las restricciones a los centros de culto”. La publicación también incluye un mapa que geolocaliza los casos a los que hace referencia y especifica el tipo de hecho ocurrido.

En el acto de presentación del documento, la directora de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Yvonne Griley, ha reconocido el material como un instrumento “para seguir creando estrategias de mejora en este ámbito y seguir desarrollando mecanismos para poder denunciar las vulneraciones”. Griley también se ha referido a esos casos que, a veces, no tienen eco como a “realidades silenciadas”, y ha lamentado que la secularización de Cataluña haya propiciado que la sociedad “no viva este abuso o falta de libertad religiosa como una pérdida del derecho”.

Musulmanes, católicos y judíos, los más afectados

Otra de las conclusiones del documento es que la comunidad religiosa más afectada es la musulmana, implicada en el 58% de los casos registrados. La siguen la católica (20% de los casos) y la judía (16%).

“La mayoría de vulneraciones tienen que ver con la instalación y actividad de centros de culto (vandalismo en los templos, interrupciones de cultos, manifestaciones contra la presencia de comunidades religiosas), o con el cumplimiento del derecho a la libertad religiosa en el ámbito funerario”, explican desde la Cátedra. 

Según dicen, “las restricciones por la Covid-19, la falta de espacios y la incompatibilidad de algunas normas urbanísticas con los requerimientos de las comunidades religiosas han generado situaciones que requieren atención y la revisión de algunas políticas existentes”. “El ámbito educativo también presenta retos, sobre todo vinculados a la presencia de las religiones en el currículum”, añaden.

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“Un problema grave de creciente discurso de odio”

Desde la Cátedra aseguran que también han detectado “un problema grave de creciente odio”, y lo vinculan especialmente a las comunidades musulmana y judía. En la presentación del informe, la directora de la Cátedra, Míriam Díez, ha señalado en particular “los discursos de odio de ciertos partidos políticos” como elemento fundamental en esta tendencia.

“Esta situación también revela la importancia clave de los medios de comunicación en el conocimiento, el entendimiento y el diálogo para una mejora del cumplimiento del derecho a la libertad religiosa”, añaden.

[photo_footer]El informe incluye un mapa que geolocaliza cada casa registrado y especifica el tipo de hecho. / Twitter, @afersreligiosos.[/photo_footer]

Situación de normalidad, pero con mejorar por recorrer

En Cataluña, según recoge el informe, “se garantiza el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, y la Administración cuenta con herramientas y espacios pioneros para escuchar a las comunidades y velar por este derecho”. 

Aunque “no se sufren restricciones graves ni violaciones en la libertad religiosa, ni hay persecución por motivos religiosos”, desde el organismo sí remarcan que las vulneraciones recogidas en el documento “se presentan como un camino a recorrer de cara a la mejora de la protección de este derecho” en el territorio catalán.

La Cátedra de Libertad Religiosa y de Conciencia de Cataluña, impulsada desde el Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, de la Universidad Ramon Llull, y con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Religiosos, es uno de esos últimos espacios constituidos en la región para analizar la evolución de este derecho fundamental.

En junio de este año organizaron el I Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa y de Conciencia, y ahora continúan su hoja de ruta con la publicación del primer informe bienal sobre el estado de este derecho. La próxima publicación verá la luz en el 2024, según lo previsto.