La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha registrado formalmente esta semana un Informe elaborado por su Servicio Jurídico, dirigido a los titulares del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministerio de Igualdad, D. Javier Bolaños y Dª. Irene Montero, respectivamente.

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En dicho informe la Federación evangélica expone su preocupación sobre algunas “iniciativas legislativas que pueden constituir una vulneración del derecho de libertad religiosa y libertad de conciencia”.

Las iniciativas que preocupan a los evangélicos son las referidas a la Ley del Aborto y la recientemente aprobada en Consejo de Ministros Ley LGTBI y trans.

Aborto: es “grave” que se permita abortar a menores sin consentimiento paterno

Respecto a la primera iniciativa, la de la modificación de la Ley del aborto, FEREDE aclara que no pretende entrar con este informe “en las valoraciones de fondo que nos merece la regulación del aborto, que sería contenido de otro informe distinto”, sino expresar su preocupación por algunas “novedades” que se introducen en el proyecto de modificación que se está tramitando.

Una de esas novedades es “la creación de un registro de objetores de conciencia en el cual deba registrarse todo el personal sanitario, con antelación y por escrito”, algo que a juicio de la Federación evangélica podría afectar directamente a la no contratación y suponer una discriminación respecto al empleo del personal médico y sanitario objetor por motivos religiosos o de conciencia.

El otro punto polémico que se propone como novedad, es “la eliminación del permiso y necesidad de acompañamiento de los padres en el aborto de las menores de edad”.

FEREDE considera “grave” permitir que las menores de entre 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de ningún permiso ni acompañamiento de sus padres pese a la intervención quirúrgica que supone. “Esto es una negación del derecho/responsabilidad de los padres a educar y a orientar a sus hijos con arreglo a sus creencias y convicciones”, dice la Federación evangélica. “Nos parece grave, asimismo, que se considere que la elección de abortar de la menor de edad siempre es la mejor y más acertada solución, la que mejor salvaguarda el interés superior de la misma, con independencia de la opinión de los padres”.

Ley trans y LGTBIQ+, riesgos para mujeres y menores

En el día lunes el Gobierno aprobó y envió al Congreso de los Diputados su anteproyecto de “Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de las Personas LGTBI”. Lo hizo sin apenas cambios en su redacción original pese a las polémicas y debates en el último año, y sin alterar ni siquiera el punto más discutido sobre “la autodeterminación de género”.

En su informe, que FEREDE está enviando también a todos los partidos políticos con representación en el Congreso, se hace referencia precisamente a “lo controvertido y discutido del proyecto desde distintos sectores de la sociedad y los numerosos interrogantes que plantea”, entre ellas el riesgo real de “convertir en irrelevantes todas las políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres” al eliminar la base de la desigualdad que afecta a las mujeres: su condición [biológica] de mujer.

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Formación contra la libertad de conciencia

En primer lugar, preocupa a FEREDE “el enfoque de la formación que desde la Administración se imparta al personal al servicio de las Administraciones Públicas, al profesorado, opositores y, especialmente, a los alumnos de los centros educativos”, con contenidos discutibles (respecto al sexo y la sexualidad) dirigidos a menores de edad en centros de enseñanza pública, que pudieran vulnerar “la libertad de conciencia y la libertad de pensar distinto en relación a la concepción de las relaciones familiares y sexuales, la libertad religiosa, la libertad de educar conforme a las propias convicciones, etc”.

Contra el cambio en el registro de menores

En segundo lugar, el informe de la Federación evangélica advierte sobre “la posibilidad de que los menores de edad rectifiquen su sexo en el Registro Civil y tomen decisiones importantes que afectan a su orientación o identidad sexual y a su salud sin contar con sus padres”.

Recuerda FEREDE que “en los países pioneros en este tipo de medidas (Suecia, Finlandia, por ejemplo) se están viendo los problemas que se están produciendo cuando algunos menores toman decisiones importantes e irreversibles para sus vidas sin tener aún la madurez suficiente” y se están modificando los protocolos en un sentido distinto al que se propone en este anteproyecto de Ley.

Una ley que “amenaza la patria potestad”

También se advierte sobre las consecuencias extremas que podría propiciar la Ley para la inseguridad jurídica de los padres en el ejercicio de la patria potestad ya que, si unos padres, ante la disforia de género de su hijo solicitan ayuda psicológica, podrían llegar a ser acusados de realizar una terapia de conversión y ser valorado como situación de riesgo. “Esta regulación es excesiva”, dice FEREDE, “y supone una amenaza al libre ejercicio de la patria potestad o tutela de los padres o tutores legales del menor y una vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos con arreglo a sus convicciones religiosas y morales”.

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Terapias de conversión: definición “ambigua” y peligrosa para las libertades

En tercer lugar, respecto a las “terapias de conversión”, la Federación evangélica advierte sobre “la definición que se hace de las mismas”. “La prohibición de las denominadas como terapias de conversión se redacta de manera ambigua y amplia, provocando inseguridad jurídica”.  Cuestionan que tal y como está redactado el anteproyecto de Ley, cualquier tipo de acompañamiento humano, espiritual o profesional que un pastor o psicólogo pueda facilitar a una persona con “dudas” sobre su sexualidad, aún solicitado por la persona afectada, pueda ser considerado “terapia de conversión”.

Recuerda FEREDE que el mismo Consejo General del Poder Judicial en su informe crítico sobre este anteproyecto de Ley, resalta que “la privación de los efectos del consentimiento es muy cuestionable y constituye una injustificada restricción de la capacidad de obrar de las personas mayores de edad”.

Protección de colectivos específicos “privilegiados”

Por último, FEREDE insiste en “la necesidad de que las leyes protejan a todas las minorías y no solo a determinados y muy específicos colectivos”.

Recuerda el informe que “esta Federación viene proponiendo que se trabaje y se apruebe una ley amplia que proteja a todos los colectivos y personas que sufren situaciones discriminatorias”. Y se muestra de acuerdo con el Consejo de Estado cuando señala que el uso reiterado de la técnica legislativa de “leyes integrales y transversales”, conduce a una “excesiva atomización del ordenamiento jurídico” al dotar a determinados colectivos de un régimen privilegiado de protección, al margen del régimen aplicable al resto de los ciudadanos “con notable detrimento del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica”.

Por ello, “una Ley de igualdad y no discriminación para todos sería más aconsejable”, concluye FEREDE.

El informe completo se puede consultar aquí.