La sala de lo Contecioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la multa de 20.001 euros que el gobierno de la Comunidad de Madrid había impuesto a Elena Lorenzo en septiembre de 2019 por “la promoción de terapias de conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género” y en cumplimiento de la ley LGTBI, según justificó entonces el ejecutivo madrileño.

La institución judicial ha aceptado el recurso presentado por la Asociación Abogados Cristianos y considera que la Administración incurrió “en fraude de ley” en el trámite de información previa al proceso sancionador, que se demoró 31 meses, algo considerado como excesivo. “Tales irregularidades procedimentales han supuesto una efectiva indefensión para la recurrente y una ausencia plena de procedimiento, por lo que son subsumibles en las causas de nulidad de pleno derecho”, concluye el tribunal.

La Comunidad de Madrid tendrá que pagar ahora un máximo de 2.000 euros en costas judiciales tal como indica la sentencia, que no entra a valorar el motivo de la sanción impuesta a Elena Lorenzo, sino que se centra en el aspecto formal del procedimiento administrativo y en la paralización de este durante casi un año, manteniendo diligencias abiertas “injustificadamente y por un lapso temporal irrazonable”.

El caso

El caso se remonta a 2016, cuando la Asociación Arcópoli presentó un escrito en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad para denunciar a la ‘coach’ Elena Lorenzo por una presunta infracción administrativa provocada por la promoción en internet de “terapias de curación de la homosexualidad”. 

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Lorenzo se defendió entonces asegurando que “nunca” ha ofrecido terapias de curación y subrayando que se dedica a realizar un acompañamiento profesional como ‘coach’ para quienes quieren “dejar atrás” la homosexualidad. Además, cuestionó la falta de libertad e igualdad en la aplicación de la ley.

La Asociación Abogados Cristianos asumió su defensa y también anunció entonces que recurriría la ley LGTBI de Madrid en el Tribunal Constitucional. En marzo de 2019, la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid resolvió que los hechos denunciados podían constituir un delito muy grave, según la normativa, y un mes después el Consejo de Gobierno, formado por el PP y Ciudadanos, anunció la sanción. 

Se trataba de la multa más elevada desde la entrada en vigor de la ley LGTBI en Madrid. Hasta entonces, se habían impuesto dieciocho infracciones leves con multas de entre 200 y 1.800 euros. De hecho, la justicia ya refutó una sanción de la Comunidad de Madrid en octubre de 2018 y obligó al gobierno madrileño a devolver 1.000 euros al director de un colegio que había sido demandado por presunto incumplimiento de la misma ley.

Reacciones

La presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha manifestado que “se ha alargado cinco años el procedimiento sin ninguna justificación”. “Se ha tratado de una clara persecución ideológica por parte del lobby LGTBI, amparada por la Comunidad de Madrid”, ha añadido.

“Cualquiera debería de tener libertad para acudir a quien considere oportuno para buscar ayuda y no podemos consentir que se impongan sanciones desproporcionadas por ello”, ha añadido Castellanos.