El Gobierno aprobará este martes el borrador de la ley LGTBI en la que se incluye una importante carga de la ley trans, según la cual no será necesario ningún informe médico ni jurídico para tramitar el cambio en el registro.

Tras el tropiezo del primer borrador por las discrepancias que se presentaron en el seno del gobierno entre algunos miembros del PSOE -encabezados por Carmen Calvo- y el ministerio de Igualdad -cartera que pertenece a Irene Montero, de Unidas Podemos-, se ha llegado a un nuevo texto que, sin embargo, no modifica en lo esencial el alcance de la norma, que se aprobará en Consejo de Ministros como anteproyecto de ley, por lo que será próximamente discutido en el arco parlamentario de los diputados.

La conocida como ‘ley trans’ se fusiona de esta forma con la ‘ley LGTBI’ y presenta novedades importantes que pueden incidir en muchos ámbitos de la sociedad, dada la amplitud de su alcance y la vaguedad de su terminología.

En lo que se refiere a las personas trans -aquellas que consideran que su género sentido no coincide con su cuerpo- la nueva ley avanza en la “despatologización”. Así al menos lo ha defendido Irene Montero, que ha expresdo que “por fin las personas trans dejarán de ser consideradas enfermas en España”.

La ley elimina el requisito de que la persona disponga de un informe médico o psicológico que acredite “disforia de género” y la obligación de hormonarse durante dos años cuando quiera realizar un cambio de sexo en el Registro Civil. Será suficiente con que la persona interesada lo solicite por escrito y sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. En un plazo máximo de tres meses tiene que ratificar su decisión, pero no será necesario nada más que su voluntad y la tramitación que realice el funcionario. Este cambio se puede solicitar por cualquier persona mayor de 16 años.

Reunión del Ministerio de Igualdad con representantes del colectivo trans, que han dado su apoyo a la ley. / Ministerio de Igualdad

[photo_footer]Reunión del Ministerio de Igualdad con representantes del colectivo trans, que han dado su apoyo a la ley. / Ministerio de Igualdad[/photo_footer]

Para aquellos adolescentes entre 12 y 15 años, la solicitud de cambio de sexo tendrá que contar con el apoyo de los padres, o de un “defensor judicial” en caso de desacuerdo. Para los menores de 12 años se podrá proceder solo al cambio de nombre con el objetivo, según aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo este fin de semana de “proteger particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir”.

A pesar de las discrepancias, el Gobierno ha acelerado los trámites en las últimas semanas para que la norma saliera adelante en plena celebración del Orgullo LGTBI, una cita anual que cada vez toma mayor protagonismo social y político en España.

Alianza Evangélica: una ley “muy preocupante”

Ante el anuncio del desarrollo de la ‘ley trans’, la Alianza Evangélica Española presentó en noviembre del pasado año un documento en el que advertía de diversos aspectos negativos en el desarrollo de la norma. Asun Quintana, presidenta del grupo de Mujer y Sociedad de la AEE, explicó a Protestante Digital que la ley presenta varios aspectos “muy preocupantes”.

“En primer lugar, quiero dejar claro que las personas trans están absolutamente legitimadas a reivindicar y a que se les concedan los derechos democráticos que reclamen, como cualquier colectivo o minoría -advierte Quintana-. Pero hay que dejar muy claro que estar en contra o ser críticos con este borrador no implica, en ningún caso, la existencia de transfobia”.

La nueva ley contiene un alto contenido dogmático, acientífico y peligroso para las libertades. “Todo el texto está cargado de ideología y vacío de apoyo científico, y en un tema como este es temerario ignorar lo que dice la investigación médica. Penalizan además las “terapias de conversión” aún cuando sean decisión de la  persona trans”, expresa Quintana, que recuerda el comunicado de la AEE donde se denunciaba, entre otras cosas, que la ley “coarta la libertad de conciencia y la libertad de expresión e invade competencias propias de la sociedad civil y la familia.”

Asun Quintana pone también énfasis en el tratamiento hacia los menores, que “quedan desprotegidos, ya que a partir de los 16 años pueden decidir vía jurídica el cambio registral de sexo. Y los menores de 12 pueden solicitar un cambio de nombre en su documentación sin necesidad de testigos ni prescripción médica ni autorización de los padres. Excluye totalmente a los padres de ejercer su responsabilidad”.

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Oposición feminista

Uno de los colectivos que mayor oposición está mostrando a esta ley es el que representa al feminismo histórico o radical, que considera que esta norma está dando validez a la teoría queer, que implica la aceptación del género fluido, lo que deriva en un “borrado” efectivo de la mujer, según sus críticos.

Asun Quintana coincide en señalar este peligro. “La autodeterminación de género provoca que se difuminen absolutamente los conceptos hombre y mujer y desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista”, advierte. 



En el texto de la ley se definirá la identidad de género como ‘la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer’. “El género -explica Asun Quintana- es la construcción cultural de los estereotipos sexuales. Al dar carta de naturaleza a las identidades de género, se afianzan los estereotipos de género. Si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se vuelven irrelevantes”.

Un aspecto preocupante es que las mujeres podrían enfrentar, por tanto, un retroceso en cuanto a su protección, por la vulneración de espacios seguros o la difuminación de las leyes de violencia de género. “Podría abrir la puerta para la protección de maltratadores que aún no han sido denunciados frente a lo que recoge la ley en contra de la violencia de género. Como no se reconoce ningún tipo de control a la hora de la autodeterminación, se abre una vía para que personas sin ningún tipo de vivencia interna cambien en el Registro Civil el sexo y, de esta manera, evitar los agravantes en caso de ser denunciados. En concreto, un maltratador, antes de cometer un crimen machista, no tiene más que acercarse al registro y realizar la modificación de sus datos que contempla el borrador para que no se le apliquen los agravantes de género recogidos en el artículo 153 de Código Penal. Es decir, si se desatiende la categoría “sexo” –haber nacido mujer o varón– y un hombre acude al registro civil a cambiarse de sexo después de haber maltratado a una mujer, leyes como la 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dejarían de tener sentido”. Esta consecuencia legal ya se ha experimentado en otros países como en Reino Unido, donde un hombre condenado por violación, Stephen Wood, transicionó para registrarse como mujer. Por ello, entró en una cárcel de mujeres, ya con su nueva identidad como Karen White, donde agredió sexualmente a otras dos mujeres.

También se ha conocido recientemente el caso de deportistas trans -biológicamente hombres- que están superando a mujeres gracias a su ventaja física, e incluso uno de ellos estará compitiendo próximamente en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Para Asun Quintana, la raíz de la opresión y la violencia a las mujeres está “en que somos mujeres, la razón está en el sexo: se las maltrata, trafica, prostituye o viola, se las casa, se las mutila por ser mujeres”.

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Ambiente de confrontación

Este pasado fin de semana, varios colectivos feministas organizaron manifestaciones en varias ciudades para mostrar su oposición a la ‘ley trans’. La norma está, por lo tanto, despertando una oposición que va más allá de partidismos. Los defensores de la ley trans, en cambio, esperan que tras aprobarse y ponerse en marcha, esta entre en una dinámica de “normalidad social”, como ocurrió anteriormente con otras leyes polémicas aprobadas en España como la del divorcio o el matrimonio homosexual.

¿Cómo participar en el debate público desde una posición evangélica? Asun Quintana cree que “como evangélicos el tema nos debe preocupar porque es grave, sobre todo porque afecta de lleno a nuestros niños y los deja desprotegidos. La mejor manera de expresar, sobre todo hacia la sociedad, nuestra oposición a esta ley, es de manera asertiva y respetuosa, dando argumentos sólidos, jurídicos, psicológicos y científicos, y no centrándonos en el tema religioso de manera fanática. No debemos dar la imagen de que estamos en contra de esta ley solo por motivos religiosos. Creo que no es la forma de llegar en este tema a la sociedad”.

Además considera importante “estar en las redes, pero sabiéndolas utilizar con sagacidad y sabiduría, a la vez que con contundencia”.