La Ley LGTBI se topa con los juristas del Congreso

El Proyecto de Ley de Igualdad LGTBI, aprobado por el Congreso en septiembre, sigue su trámite parlamentario para llegar a su texto y votación definitiva, que desde los colectivos afines a la ley esperan para antes del verano. Esta semana se ha dado a conocer el informe de los letrados de la Comisión de Igualdad, el cual ha manifestado las graves deficiencias del texto propuesto.

El informe confirma las dudas jurídicas que el texto ya despertó durante el debate, aunque este finalmente fue aprobado por una abrumadora mayoría de los diputados, con la abstención del PP -que más tarde presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el hemiciclo- y solo dos votos en contra.

Los letrados advierten que 23 artículos podrían vulnerar la Constitución. Otros 14 contradicen presuntamente distintas leyes. De los 98 artículos del documento, el 37,8 por ciento incurre en contradicciones legales, según ha informado ABC.

UNA LEY PLAGADA DE PRIVILEGIOS

Estas posibles vulneraciones constitucionales afectan a leyes y derechos importantes en el ordenamiento jurídico actual. Los letrados consideran que la denominada “acción positiva”, es decir, los beneficios para las personas LGTBI, se otorga automáticamente y sin justificación suficiente, discriminando y pasando por encima de los derechos de otros colectivos.

El informe considera que la Ley pretende “construir un régimen jurídico diferenciado según categorías de personas”, que podría llevar a que “un sustancial número de administrados declarasen que son personas LGTBI para disfrutar de las ventajas de la normativa”. Este “no puede ser considerado como un entendimiento correcto de la acción positiva”, insisten.

Advierte además que con la proposición otros colectivos podrían ver cuestionados sus derechos incluyendo varios de los considerados fundamentales como la libertad de pensamiento ideológica y religiosa, la libertad de expresión e información, la legalidad en materia sancionadora y penal, la tutela judicial efectiva, el derecho de igualdad, la proclamación del pluralismo político, e incluso el derecho a la educación en todas sus vertientes. También encuentran atentados contra el derecho de asociación, la seguridad jurídica, conflictos con el derecho a la salud, la libertad ideológica de las instituciones, o vulneraciones del principio de libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la intimidad personal y familiar o del principio de tipicidad.

DERECHOS BÁSICOS AMENAZADOS

Los juristas también advierten de que la redacción no es conforme ni siquiera con la presunción de inocencia, algo que destacó la Alianza Evangélica Española en su informe sobre la ley, entregado a los partidos políticos durante el plazo de presentación de enmiendas.

Entrando ya en el conflicto con la Constitución, entre los 14 artículos señalados por las letradas, se recogen cuestiones de diversa gravedad. Entre ellos, la distorsión del sistema de protección de menores, contraria al interés superior del menor; la quiebra frontal del régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas o la modificación encubierta del Estatuto de los Trabajadores.

UNIDOS PODEMOS ADMITE QUE EL TEXTO DEBE “PULIRSE” 

La diputada de En Comú Mar García Puig, que lidera la defensa de la Ley en la Cámara, ha admitido que deberán “pulir” el texto tras el informe de los letrados, aunque ha defendido la legalidad de la iniciativa.

Este jueves la ponencia creada en el Congreso tendrá su primera reunión. García Puig ha emplazado a este órgano a “debatir y pulir” técnicamente una ley que introduce “cuestiones novedosas sobre un tema que es también muy desconocido para amplios sectores de la sociedad”, lo que según ha señalado, genera, a veces, un “rechazo inicial”.

LA TRAYECTORIA DE LA LEY

El proyecto de ley de Igualdad LGTBI fue elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y presentado en el Congreso por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en mayo de 2017.

La Alianza Evangélica Española y Ferede presentaron públicamente su oposición a diversos aspectos de la ley, que había generado preocupación entre los evangélicos en España. Tras la votación a favor en septiembre, la AEE presentó varias enmiendas a los partidos políticos. 

En febrero, se debatió una enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, la cual fue rechazada por la mayoría del Congreso.

La ley se encuentra ahora en fase de informe de la Comisión de Igualdad. Una vez termine el articulado del texto, será presentado al Congreso para su votación definitiva.