El reto de dejar de ser invisibles

Las elecciones municipales del próximo 24 de mayo reabren el debate de cómo se gestiona el pluralismo religioso en los municipios. Es poco habitual encontrar propuestas públicas en los programas electorales de los diferentes partidos, si bien la posición que cada uno de ellos toma se hace visible a lo largo de las legislaturas.

Bilbao y Reus son dos claros ejemplos de unas políticas públicas sobre gestión de diversidades religiosas muy concretas. En el caso de la capital vizcaína, en 2011 el Ayuntamiento (PNV) vetó la apertura de nuevos centros de culto y al año siguiente, 2012, se realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desplazar a las minorías a las periferias de la ciudad.

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Reus (CiU-PP) aprobó una remodelación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), según la cual se prohibía la apertura de nuevos centros de culto durante un año, reservándose una prórroga de otro año. Además se cerró una de las dos mezquitas que hay en la ciudad, supuestamente por incumplimiento de la normativa.

RESTRICCIONES A LA APERTURA DE LUGARES DE CULTO

“El resultado de las elecciones municipales puede tener una repercusión de gran importancia para los lugares de culto de las minorías religiosas”, afirma la abogada del Servicio Jurídico de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Carolina Bueno.

Los consistorios municipales tienen carta blanca para modificar los planeamientos urbanísticos en función de lo que consideren oportuno. “Son muchos los Ayuntamientos que están utilizando esta herramienta para limitar el establecimiento de lugares culto”, defiende Bueno.

Además, destaca que el panorama político municipal no queda únicamente bajo los parámetros de los partidos políticos sino que los diferentes candidatos y candidatas que se presentan son un componente determinante en las políticas públicas que se llevarán a cabo.

Acto de pluralismo religioso en el centro de Medellín (Colombia). Foto: Universidad de Antioquia (Flickr CC)

EXIGIR QUE SE CUMPLA LA NORMATIVA

La voluntad de participación por parte de las comunidades protestantes en la vida cotidiana de la ciudad es también fundamental. En un escenario de crisis social, política y económica, la diversidad religiosa aparece como un vestigio de la organización y la cooperación civil colectiva. Por ello, tal como declara el vicepresidente de la Comisión de Vida Pública de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez, es importante que en las relaciones con las instituciones políticas, “los protestantes utilicemos menos adulación y más exigencia de cumplimiento del compromiso democrático de igualdad y más exigencia de responsabilidades públicas y políticas”. 

Según Suárez, una de las bases del problema es que hasta ahora, estas relaciones se han basado en un desconocimiento mutuo, adquiriendo los consistorios el “laicismo dogmático” de la sociedad, y los protestantes por su parte, mostrando un “complejo de minoría” y “una actitud que llega a confundir respeto con sumisión”.

Una postura que se refleja en la percepción de la sociedad sobre las minorías religiosas, tal como demuestra un informe sobre “opiniones y actitudes de los españoles ante la dimensión cotidiana de la religiosidad y su gestión pública”, elaborado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en 2012. Según este informe, el 25% de la ciudadanía estaría conforme con el desplazamiento de los centros de culto de las minorías religiosas. Un dato que sigue la línea de falta de responsabilidad política en la gestión de la diversidad religiosa y las posibilidades que se le ofrecen partiendo de los espacios municipales, pero que pone de manifiesto el grado de trabajo que las diferentes minorías están llevando a cabo por integrarse en su entorno más próximo.

Las próximas elecciones municipales del 24 de mayo no parecen prever un cambio de esta situación, sino que más bien tienden a seguir la misma línea seguida hasta ahora. Muy pocos son los programas electorales que presentan soluciones a esta realidad, que se ha agravado con el aumento de la seguridad por la amenaza yihadista, la cual cosa también se extiende al resto de minorías, según Xesús Manuel Suárez. “No creo que haya cambios en la actitud de los regidores, a no ser que vean un riesgo de pérdida de imagen; y ahí tenemos que empezar a actuar”, defiende.

Por otro lado, Carolina Bueno aboga por el incremento de participación y afirma que “cobra una especial importancia que las confesiones religiosas puedan participar de manera activa en las los procesos de elaboración o de modificación de los planes urbanísticos de sus pueblos o ciudades”, aunque es consciente de que paralelamente a ello debe darse una “voluntad política de aprender a gestionar la diversidad religiosa y sin discriminación”.