Hacienda recaudó 247 millones para la Iglesia Católica en 2011

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, explicó hoy las cifras de recaudación correspondientes a la campaña del año pasado de la declaración de la renta.

La cantidad total recaudada por Hacienda para salarios del clero y el culto católico asciende a 247,1 millones de euros. La cifra se extrae de la llamada “asignación tributaria” a la Iglesia romana en España marcando la equis correspondiente en el impreso del IRPF, y supone un descenso de 1,2 millones en el montante total de dinero disponible para la ICAR.

El año pasado contribuyeron de esta forma a la Iglesia Católica un total de 7.357.037 personas. “Teniendo en cuenta que el 23,24% de las declaraciones son conjuntas, se puede estimar que en torno a 9,1 millones de declarantes asignaron a favor de la Iglesia, un millón más de los que asignaban en el año 2007”, ha concluido el portavoz episcopal. Esa cifra no incluye los contribuyentes que no están obligados a hacer declaración.

LEJOS DE LA AUTOFINANCIACIÓN
En comparación con la declaración de la renta anterior, el número de declaraciones en favor de la confesión católica ha disminuido en 97.786, con 1,2 millones de euros de asignación menos (0,49%), cifras que Martínez juzga “satisfactorias teniendo en cuenta la coyuntura económica”.

El actual sistema de asignación tributaria entró en vigor en enero de 2007, pactado entre el Estado de la Santa Sede y el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y supuso un incremento del 37% del coeficiente vigente en aquella fecha, ahora en el 0,7% de la cuota fiscal de cada contribuyente católico. Además, el Ejecutivo libró a los prelados de su compromiso de llegar un día a autofinanciarse con las donaciones de sus fieles, aunque en el Acuerdo de Asuntos Económicos, firmado en 1979, el Estado español asume el compromiso de colaborar con la Iglesia en la“consecución de su autofinanciación”, sin fijarse un plazo para ese objetivo.

OTRAS CONFESIONES
Pese a que los obispos subrayan que renunciaron entonces a la exención del IVA vigente para numerosas operaciones eclesiásticas (entonces de unos 30 millones de euros), el acuerdo les supuso al año siguiente un aumento de algo más de 100 millones de euros, hasta llegar a los 250 millones de ingresos, ahora ligeramente decrecientes. El acuerdo entre el Vaticano y España se concretó en un simple canje de notas entre los embajadores de los dos Estados. Ninguna otra confesión goza de ese privilegio en España. Sobre la posibilidad de que otras confesiones puedan compartir este mecanismo de recaudación, Martínez Camino indicó que “no tenemos nada que decir”.

En cuanto a esta opción de recaudación a través de una casilla similar para la confesión protestante, desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) se preparan iniciativas para reclamar que ésta se haga realidad, recordando el compromiso que el Gobierno anterior (liderado por Zapatero) hizo, al ofrecer esa opción a los protestantes.

La Alianza Evangélica Española, por su parte, mantiene su oposición a que el Estado “actúe como recaudador en favor de una confesión religiosa”.“Creemos y defendemos - explicaba la AEE en un comunicado del 2006, en una postura que no ha modificado - la autofinanciación de las iglesias o confesiones, especialmente para las funciones del culto y las actividades religiosas” a lo que añade que “deberían incentivarse políticas que estimulen los donativos o aportaciones de los fieles de cada confesión a sus iglesias e instituciones a fin de favorecer la autofinanciación, de manera que se facilite el sostenimiento de las mismas por quienes realmente deben hacerlo: sus miembros y simpatizantes”.

Opina la AEE "que las instituciones reciban directamente dinero del Estado supone además de lo dicho convertir al Estado en recaudador de esa confesión religiosa, y crear relaciones de dependencia no deseables. Pero por encima de todo es negar a la persona que es ella -y sólo ella- la receptora de los derechos de la libertad religiosa; siendo ella -y sólo ella- quien debe decidir cómo destinar su apoyo económico, si es que quiere hacerlo. No debe ser la institución la que ejerza y disfrute tal derecho".

¿Hay alguna solución para todos? En opinión de la AEE sí: "Un método sencillo y correcto para ejercer este derecho individual sería a través de la declaración del IRPF, aumentando el límite de la cantidad deducible de las ofrendas o donativos a las entidades religiosas en un porcentaje mayor al que ahora se realiza (es decir aumentar el porcentaje de la base imponible que puede deducirse, como se hace con los donativos a las Fundaciones). Así, un católico podría decidir si su donativo lo da a la Conferencia Episcopal, o a Cáritas, o a otra entidad. En cualquier caso, lo que el Estado hace es reconocerle el derecho de desgravar el dinero que da altruistamente. De esta manera, el derecho es de la persona, el Estado en nada interviene (salvo en reconocer la desgravación que le corresponde), y las instituciones religiosas se autofinanciarían con la ayuda añadida de que los donativos que reciben se incrementarían al poder ser desgravados por sus donantes."