La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha denunciado una espiral de recortes en las libertades de expresión e información que el Gobierno intenta aplicar en los últimos meses a los periódicos.
Los editores se quejan de que en el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, el Gobierno no ha tomado en cuenta ninguna de las recomendaciones que habían sido remitidas por esta Asociación,
que se opone principalmente al artículo 22.
Este artículo establece que todos los medios de comunicación respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación. La Asociación de Editores de Diarios Españoles entiende que vulnera la jurisprudencia constitucional sobre las libertades de expresión, información, ideológica y religiosa y sobre el derecho de asociación,
entra en conflicto con la libertad individual y contraviene la libertad del autor a la hora de presentar hechos objetivos bajo el prisma del interés para el lector.
Además, los editores subrayan que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha destacado la falta de concreción en el proyecto de ley a la hora de definir las conductas sancionadas por discriminatorias, lo que dificulta su efectiva aplicación, y tendría como resultado el contrasentido jurídico de que el predominio de la igualdad limitaría los demás derechos fundamentales que reconoce la Constitución.
Por otra parte, estiman que la discriminación ilícita, que es la que debería perseguirse en una ley de este tipo, está circunscrita por la Constitución a ámbitos muy definidos, y sus límites deberían orientarse “hacia la actuación de los poderes públicos, ya que el objetivo es, precisamente, lograr que no se menoscaben las libertades fundamentales de las personas y el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
INVERSIÓN DE CARGA DE LA PRUEBA
La Asociación de Editores de Diarios Españoles ha señalado también que
el actual proyecto de ley modifica indebidamente el peso de la carga de la prueba, favorece las actuaciones de excepcionalidad ante la restricción o interrupción de prestación de servicios o la retirada de datos de páginas de Internet, y recurre a la vía sancionadora con multas muy onerosas, de procedimientos inciertos y no convenientemente tipificadas.
Los editores censuran la propensión del Gobierno español a aplicar discriminaciones y recortes administrativos a los contenidos de los periódicos, amparados por derechos fundamentales tan esenciales como la libertad de expresión y de información, y cuyo adecuado uso ya está suficientemente tipificado y protegido por la legislación nacional e internacional sobre libertad de expresión.
Muchas de las reclamaciones presentadas por AEDE
coinciden con las que ha divulgado la Alianza Evangélica Española, que en un reciente comunicado mostraba su preocupación por la posible “caza de brujas” que podría desarrollarse por parte del Gobierno en caso de que la ley fuese aprobada.
RECHAZAN URGENCIA
El Congreso de Diputados rechazó este martes la solicitud de tramitación urgente para la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. PP, PNV y CiU se opusieron a que se realizase el trámite de urgencia, lo que complicaría que la misma llegue a aprobarse en esta legislatura.
Los partidos políticos han considerado mayoritariamente que se trata de una Ley que debe estudiarse, trabajarse y debatirse en profundidad antes de aprobarla, dado que afecta a aspectos fundamentales como sanidad, educación o propiedad privada.
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