El estudio tiene como objetivo analizar la transparencia en las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, observar "cómo la
pluralidad de opcionesde conciencia sufre en el espacio público y
observar la tendencia sociala lo largo de los años", ha explicado en conferencia de prensa el director de la Fundación, David Prujà.
El Informe fue presentado este pasado martes en una rueda de prensa en Madrid. En el estudio, con datos de 2010, señala que la adscripción a opciones de conciencia se reparte de la siguiente manera: 75,5% católica, 21% no religiosa, 2,4% otras religiones y 1% que prefiere no desvelar su opción.
El informe destaca que, pese a que un 75% de españoles declara ser católico (tres de cada cuatro),
un 48% de los ciudadanos rechaza que el Gobierno ayude económicamente a las religiones, por un 24% que defiende que se financie a todas las opciones religiosas y un 18% que apuesta por ayudar sólo a la religión católica.
Laura Madruga, coordinadora del informe, destacó que, en el aspecto educativo, a medida que los estudiantes van cumpliendo años, prefieren cursar otras alternativas a la religión.
El director de la Fundación Ferrer i Guàrdia, David Prujà, criticó que la llegada de la democracia a España no haya supuesto "un cambio sustancial en las relaciones entre Estado e Iglesia católica" y pidió que el Gobierno trate por "igual" a todas las religiones.
7 MIL MILLONES DE EUROS A LA ICR
Prujà censuró la
"opacidad" del Estado en su trato con la Iglesia católica en cuanto a su financiación económica y afirmó que los acuerdos concordatarios con la Santa Sede "incurren en inconstitucionalidad manifiesta".
La falta de transparencia y de unas "
cuentas claras" con la Iglesia católica es una de las principales conclusiones del informe, que destaca que no es pública la cantidad de dinero que recibe la Iglesia católica a través del
IRPF, ni lo que le cuestan al Estado los
curas castrenseso los
profesores de religión.
Tampoco "está agrupada ni es suficientemente pública" la cantidad de dinero que recibe el "
entramado de instituciones católicas" en el sector educativo o sanitario, como tampoco se sabe qué le cuesta al Estado el mantenimiento del patrimonio cultural de la Iglesia.
Las aportaciones públicas para la celebración de actos culturales y litúrgicos, o para el funcionamiento de organizaciones asistenciales o de cooperación internacional, tampoco están detalladas públicamente.
"Todo ello resulta en un cálculo de unos 7.000 a 10.000 millones de euros anuales que la Iglesia utiliza para incrementar su influencia social de futuro", ha denunciado Prujà.
El director de la fundación ha advertido, además, que estos cálculos no incluyen "las
exenciones de impuestosde los que gozan la Iglesia (católica) y sus donantes", ni los costes públicos de la celebración de grandes actos como la visita del Papa a Santiago y Barcelona o la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud prevista para este verano.
PAPA Y DALAI LAMA
En relación a la visita que el papa Benedicto XVI hará a Madrid el próximo mes de agosto, Prujà deploró la "sensibilidad especial" del Estado ante este evento, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, y apuntó que "si el Papa viene en tanto que líder de una opción de conciencia, el trato debería ser el mismo que al Dalai Lama".
Por último, Prujà abogó por la puesta en marcha de una ley de libertad de conciencia, aparcada por el Gobierno, para garantizar "la igualdad de cualquier ciudadano" desde el punto de vista de la adscripción o no a una religión.
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