El Pleno del Congreso español ha condenado, con el
respaldo del PSOE, PP, CiU, PNV y el Grupo Mixto, la persecución que están sufriendo las comunidades cristianas en Asia y África.
El texto aprobado condena "con la mayor firmeza posible" los "brutales" ataques terroristas y la persecución religiosa sistemática que están sufriendo las comunidades cristianas en diversos países de Asia y África, así como los que puedan sufrir ellas y cualquier otra confesión religiosa en otras partes del mundo.
Este acuerdo nace de una moción del PP, consecuencia de una interpelación formulada en el Pleno del Congreso la pasada semana, que ha sido consensuada en una enmienda de modificación por todas las formaciones políticas, salvo por ERC-IU-ICV.
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz ha sido el encargado de defender la propuesta ´popular´ en el Pleno de la Cámara baja, en el que ha explicado que la UE ya ha ratificado que el derecho humano fundamental a la libertad religiosa "está siendo violado" en algunos lugares del mundo y no puede separarse de la libertad de expresión.
"Sólo faltaba la condena del Congreso de los Diputados de España. La previsible aprobación por abrumadora mayoría honra al pueblo español a que podamos contribuir ante la situación por la que pasan tantos países", ha agregado.
DISCRIMINACIÓN A OTRAS RELIGIONES
Gaspar Llamazares, desde IU, ha manifestado su desacuerdo con la moción porque, a pesar de que compartan que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental, en su opinión parece que esta iniciativa sólo se centra en las comunidades cristianas y discrimina al resto de confesiones religiosas.
"La política no sólo está hecha de principios sino de relatos y realidad, responsabilidad que también es relevante sobre todo en la política internacional. Esta iniciativa es sesgada porque parece que un Estado aconfesional y una Europa laica se convierten en un Estado confesional y en una Europa cristiana que ven una parte de la realidad", ha comentado.
Así, ha reiterado que es cierto que se han producido atentados contra los colectivos cristianos por el mundo, pero también contra los musulmanes u otras comunidades religiosas. "Parece que no tienen la misma valoración de esta Cámara", ha puntualizado.
UNA MOCIÓN "INCOMPLETA"
Por su parte, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha mostrado su apoyo a la propuesta, si bien ha indicado que sigue quedando "incompleta" porque no se contempla en el texto acordado el apoyo y la solidaridad a las víctimas directas. "Nos parece razonable el consenso en este tema y bienvenida la iniciativa al PP", ha apostillado.
Desde el PSOE, el diputado Juan Moscoso del Prado, ha destacado que el acuerdo alcanzado es "muy importante" para ser seguido en el marco de la política exterior española, un texto del que ha destacado la condena "clara" a las comunidades cristianas, a la vez que ha recordado que "siempre" hay que instar al Gobierno a recordar el derecho a la libertad de conciencia.
Jordi Xuclà, desde CiU, ha considerado "oportuno" que el Congreso se una a las resoluciones del Parlamento europeo y del Senado, que califican el derecho fundamental a practicar una religión, a la libertad de pensamiento y conciencia. "Todos estos planteamientos no violentan la confesionalidad religiosa", ha apuntado.
El diputado del PNV, Aitor Esteban, ha indicado que no es admisible para las minorías cristianas tampoco lo es para otras. "Estoy convencido a pesar de las turbulencias del mundo árabe contra los cristianos la democracia reforzará la seguridad de estas comunidades", ha comentado.
LIBERTAD DE CONCIENCIA
En el texto aprobado se insta igualmente al Gobierno a actuar en defensa del derecho fundamental a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión ante las autoridades competentes de aquellos países en los que se producen vulneraciones del Derecho Fundamental a la libertad religiosa y de culto para que se reconozca en ellos "plenamente".
En concreto,
determina la libertad fundamental de adherirse o no a una religión y a la comunidad confesional correspondiente así como la libertad de cambiar la religión, o de no profesar religión alguna, sin sufrir por ello ningún tipo de discriminación.
Además,
considera la libertad fundamental de anunciar y de comunicar enseñanzas religiosas, de palabra y por escrito, incluso fuera de los lugares de culto, y de dar a conocer la doctrina moral sobre las actividades humanas y la organización social, así como la libertad fundamental de recibir y de publicar libros religiosos y de culto y de usuarios libremente.
En el ámbito internacional, pide al Ejecutivo liderar y promover iniciativas para proporcionar una efectiva protección a las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África, así como el uso de los necesarios instrumentos de política exterior para que en estos estados se vea garantizado el efectivo cumplimiento del artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos sin que esto suponga ningún tipo de privilegio ni discriminación para ninguna de las distintas confesiones.
ACOGIDA EN ESPAÑA
Es más,
todos los grupos, salvo ERC-IU-ICV, han decidido solicitar al Ejecutivo un estudio para la posible acogida en España, de acuerdo con la legislación vigente de asilo, a algunos cristianos que sufren persecución, como ya han hecho otros países europeos.
En concreto, se especifica que se tendrán especial consideración las minorías religiosas, así como aquellos que se encuentren en situación de mayor peligro, previo el informe de las representaciones diplomáticas españolas, a través de los Fondos para la Promoción del Desarrollo, en vigor desde enero de 2011.
Además, desean que el Gobierno promueva el pleno ejercicio de la libertad religiosa, de modo que los cristianos y demás minorías religiosas gocen en todos los países de las máximas garantías para la profesión y prácticas de sus creencias religiosas.
Finalmente, han decidido instar al Ejecutivo a promover el papel de la Alianza de Civilizaciones, como instrumento del diálogo entre religiones y pueblos, para apoyar a los países afectados en la lucha contra el radicalismo que siembra la discordia entre las distintas comunidades y a trabajar para aumentar el mutuo conocimiento, respeto y cooperación entre confesiones, entendiendo que corresponde a los países afectados asegurar primariamente la convivencia pacífica de los distintos credos en el seno de sus sociedades.
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