Lucha ciudadana por la aconfesionalidad de lo público, sin que el Gobierno mueva ficha

Es una muestra más de que una parte de la sociedad civil española lleva ya tiempo haciendo pasos para materializar la aconfesionalidad del Estado (afirmada en la Constitución).

Las protestas en los funerales religiosos por las víctimas civiles del accidente de Barajas del pasado verano, la polémica toma de posesión del Gobierno ante la simbología católica y la rapidez con que se fundan asociaciones aconfesionales en España, son otros ejemplos. Más y más grupos de ciudadanos consiguen la retirada de crucifijos en juzgados, hospitales, ayuntamientos y tanatorios públicos.

LOS COLEGIOS, IMPORTANCIA ESPECIAL
Aunque la presión para conseguir la neutralización de los signos religiosos (católicos, casi siempre) se enfoca en el conjunto de los edificios públicos, no hay duda que los centros educativos son la pieza central del debate. El juez que dio la razón a Fernando Pastor (que exigía que se retirasen los crucifijos de la escuela pública en la que estudia su hija), exponía en la sentencia la trascendencia que tiene la aconfesionalidad de las escuelas del Estado: «La presencia de estos símbolos [religiosos] en las zonas comunes del centro educativo público, en el que reciben educación menores de edad en plena fase de formación de su voluntad e intelecto, puede provocar en estos el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos presentes que a otras confesiones». Es decir, la Constitución no propugna ninguna religión, y por tanto, hay que evitar que en la enseñanza pública los símbolos religiosos den a entender a los alumnos lo contrario.

El Gobierno español, en todo caso, aún no se ha pronunciado en el debate de forma clara. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha delegado la decisión de mantener o retirar los crucifijos a los consejos escolares. El PP la ha aplaudido por ello. El PSOE se había comprometido en su último congreso federal, celebrado en julio, a "la progresiva desaparición de símbolos religiosos en los espacios públicos y actos oficiales del Estado". Poco antes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega también anunció una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para reconocer "los derechos de los agnósticos", recogidos en la Constitución. Sin embargo, los diputados socialistas que elaboran un borrador del Estatuto de Laicidad que serviría de base para tales reformas, trabajan sin constancia ninguna de la disposición del Gobierno a dar pasos en esa dirección.

POCA INICIATIVA POR PARTE DEL GOBIERNO
La toma de posesión del actual Gobierno de Rodríguez Zapatero, con los ministros jurando o prometiendo defender la Constitución sobre una Biblia y ante un crucifijo, originó una propuesta de laicidad pública por parte de Izquierda Unida. El PSOE votó en contra, en línea con la decisión del presidente Zapatero de no alterar un protocolo que les llega dispuesto por el Palacio de la Zarzuela, el lugar de las tomas de posesión gubernamentales ante el Rey.

Durante ese debate parlamentario, el secretario del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, dijo que no correspondía a los gobiernos sino a la sociedad civil la retirada paulatina de toda simbología confesional.

ACCIÓN CIUDADANA
Ante ello, es una parte de la sociedad civil la que lleva la iniciativa. Así lo hicieron los guardias civiles que pidieron la retirada de la Virgen del Pilar en la zona común del cuartel de Almodóvar del Río (Córdoba); o los alumnos y profesores que consiguieron -tras una sentencia del Supremo- quitar a la Virgen María del escudo de la Universidad de Valencia, o los ciudadanos que se quejaron por la presencia del crucificado en la sala de denuncias de la comisaría de La Laguna (Tenerife).

El colegio extremeño Enrique Segura también retiró de clase una escultura mariana, al igual que hicieron con la cruz el Virgen de la Cabeza de Motril, el Isabel la Católica de Valladolid -pendiente de sentencia- o el colegio General Navarro de Badajoz, una comunidad donde los laicos cuentan con un aliado inesperado: Florentino Escribano Ruiz, párroco de la iglesia cacereña de Nuestra Señora de Guadalupe. En un artículo publicado el miércoles en El Periódico de Extremadura este sacerdote proponía sustituir los crucifijos de la escuela pública por fotografías de los atropellos e injusticias que sufre la infancia en una buena parte del planeta. "Quitemos los crucifijos pacíficamente... El Estado español no tiene ninguna religión como oficialmente propia", escribió.

ALIANZA EVANGÉLICA POR LA ACONFESIONALIDAD DE LO PÚBLICO
Jaume Llenas, secretario general de la Alianza Evangélica Española (AEE), insistía la semana pasada en apoyar su apoyo a que se retiren los signos religiosos de los edificios públicos, ya que si se permite la presencia de signos católicos, la igualdad de derechos debería llevar a que también se colgaran cualquier otro tipo de signos ideológicos o religiosos. Llenas recuerda que la aconfesionalidad del Estado lleva a que los símbolos que se exhiben en edificios públicos han de ser “de todos”. Si no es así, no deberían estar colgados.

Esta postura de la AEE sólo se refiere a los colegios públicos, se remarca, ya que la enseñanza privada puede decidir su propia línea ideológica. Además, Llenas diferencia entre la exhibición de símbolos religiosos en edificios propiedad del Estado (que deberían ser neutros) y los símbolos religiosos que cada persona pueda llevar como expresión de una fe personal (que no deberían prohibirse, dado el derecho de libertad de expresión de todas las personas).

Por último, el secretario general de la AEE remarca que la lucha por la aconfesionalidad del Estado no ha de ir de la mano del intento de imponer un laicismo agresivo. Denuncia que “reconociendo y defendiendo la ausencia de símbolos religiosos en la esfera de las instituciones públicas, hay grupos que aprovechan este debate para no sólo quitar las simbologías (en lo que coincidiríamos) sino para ir un paso más y expulsar a la voz de la moral religiosa del debate público, que es algo muy distinto”. Eso no debe permitirse, porque los cristianos deben poder expresar sus convicciones como cualquier otro ciudadano. “A veces hay agendas ocultas que usan un terreno como el de los símbolos religiosos para expulsarlos [a los cristianos] del debate público” social y político.

EL OCI TAMBIÉN PIDE MÁS NEUTRALIDAD
Ante el resurgimiento del debate cabe recordar, por último, que en febrero de 2007, el Observatorio Cívico Independiente (OCI), órgano autónomo pero vinculado a la AEE, ya planteó un total de 14 propuestas para fomentar la completa “libertad e igualdad religiosa y de conciencia en España”. Entre éstas, se destacaba que “la Constitución española debería excluir en su redacción la referencia explícita a la Iglesia Católica (y por supuesto a cualquier confesión religiosa concreta)”. También se pedía “asegurar que las instalaciones para uso religioso de carácter público no sean de carácter monoconfesional” y se defendía la necesidad de “aprobar una ley para las instituciones, organismos y cargos públicos que regule la neutralidad religiosa en participaciones oficiales”.