NO a legalizar la esclavitud en España

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado español ha reclamado que se abra un debate en España para tramitar la legalización de actividades hasta ahora ilegales, de forma que estas puedan tributar y así aumentar la ganancia en las arcas del Estado.

No sería la primera vez que algo inmoral se barnice con el manto legal, debido siempre a un “interés mayor” que suele ser egoísta o económico, los dos grandes motores a su vez de la inmoralidad social y humana.

En este caso entre las actividades que se propone legalizar está la prostitución o el tráfico de drogas “blandas”.

El motivo es sencillo: sólo la prostitución mueve 18.000 millones de euros al año en España.Por ello, plantean que si esa actividad fuera legalizada y tributara a un tipo del 30% podría reportar a las arcas públicas hasta 6.000 millones de euros.

Hay que diferenciar que estas actividades se incluyan como nuevos conceptos en el cálculo del PIB, como una 'contabilidad del dinero oculto' que se mueve en el país, de otra muy diferente que aquí se plantea, que es abrir la puerta abierta a la legalización, la permisividad y la tolerancia con actividades que son degradantes y manifiestamente dañinas para la persona.

Una hipotética legalización de la prostitución en España supondría legalizar la esclavitud en forma de trata de personas y esclavitud sexual (más del 90% de mujeres prostituidas son esclavas sexuales).

No se trata de un discurso moralista, sino una defensa de la dignidad de la persona prostituida, de la libertad de la elección de la mujer, y de la defensa de sus derechos fundamentales y la libertad en todos sus aspectos.

En cuanto a las llamadas drogas blandas, se trata de un concepto médicamente en desuso. Cuando cualquier medicación exige una receta médica, especialmente las de efecto psicotrópico, parece absurdo que se permita el uso de un producto que no carece de riesgos ni efectos secundarios importantes, sólo porque esta legalización suponga unos ingresos extras a las arcas de Hacienda.

En definitiva, si se quiere calcular cuánto dinero existe y se mueve en España en negocios que deberían desaparecer, a los simples efectos de conocer el PIB del país, es aceptable como simple proceso de conocimiento y análisis. Aunque debería ir unido a la persecución de estas actividades por atentar contra la salud y/o los derechos fundamentales de las personas, intolerables en cualquier país, pero especialmente en uno democrático y avanzado como España.

Pero legalizar estas prácticas es condenable, inhumano, absurdo y abominable. Por la misma razón podríamos legalizar la mafia y la pedofilia. Claro que esta idea es preocupante en un país donde los bancos y sus dirigentes han robado a sus clientes quedando en la mayor parte de los casos impunes (cuando no rescatados, o los responsables indultados y/o con pensiones suculentas).