Unas 80.000 esclavas sexuales en España en tres años

La prostitución callejera, los clubes de alterne o los anuncios de sexo de pago en domicilios están tan asumidos como parte del paisaje que solo puntualmente se presta atención al drama humano que la inemnsa mayoría de las veces esconden. Sin embargo, es tan grave como que entre 2009 y 2011 la policía detectó en España a más de 4.000 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Es decir, más de 4.000 personas fueron obligadas a mantener múltiples relaciones sexuales contra su voluntad a lo largo del día en una suerte de violación indefinida que sin embargo pocas veces acaba en una condena penal para los culpables. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado ayer un informe sobre el fenómeno de la trata de seres humanos llamado ‘Las víctimas invisibles’, en el que recopila datos de la fiscalía y del Ministerio del Interior y detecta graves carencias en la lucha contra esta lacra.

Un día antes, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2011 denunciaba la “indiferencia social” hacia este problema, “que se traduce en la aceptación sin límites ni control de cualquier actividad vinculada al proxenetismo en general o de la intermediación lucrativa en el comercio sexual, en particular”, y que obstaculiza la persecución penal de estos delitos. La fiscalía pide en este documento que se prohíba el comercio sexual en todos aquellos casos en los que no esté gestionado directamente por la prostituta.

“La admisión pura y llana de la figura del comerciante sexual -un auténtico tratante de esclavas- y la proliferación de establecimientos u otros lugares donde se lleva a cabo el incontrolable comercio sexual de mujeres determina que queden encubiertos multitud de casos en los que el ejercicio de la prostitución es impuesto a la mujer a modo de esclava sexual, o en los que incluso cuando ha prestado consentimiento, es posteriormente sometida a condiciones insufribles e indignas”, argumenta la fiscalía.

Las cifras deben ser incluso muy superiores al ya de por sí intolerable dato de las 4.000 víctimas, ya que, según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Europa, solo se detecta una de cada 20 potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es decir, en el caso de España estaríamos hablando de ochenta mil mujeres traficadas como esclavas sexuales.

UNA LUCHA DESIGUAL Y MUY DIFÍCIL
El informe del Defensor del Pueblo compara las cifras entre las posibles víctimas detectadas por las fuerzas de seguridad y las finalmente identificadas. La policía consideró en situación de riesgo en 2010 a 15.075 personas; pero las víctimas identificadas ese año fueron 1.641. Algo muy similar ocurrió el año pasado: de 14.370 personas consideradas como posibles víctimas de trata, fueron consideradas como tales al final 1.082.

En muchos casos puede ocurrir simplemente que hubo un error en la valoración inicial. Pero desde el Defensor del Pueblo se alerta de que, por las características de este delito y la renuencia de las víctimas a declarar -por miedo a las represalias, dificultades con el idioma u otros motivos-, es probable que haya múltiples casos que no entran en el recuento final.

Por ello, recomienda a las instituciones que mejoren los métodos de detección de las víctimas de trata, en especial en los puestos fronterizos, donde muchas veces son catalogadas como meros inmigrantes irregulares. Por otro lado, trata la cuestión del periodo de restablecimiento y reflexión que la ley concede a las víctimas, durante el cual reciben alojamiento y asistencia mientras deciden si desean colaborar con las autoridades en la persecución del delito, y que estas están rechazando masivamente. Lo hicieron 680 mujeres de las 763 a quienes se les ofreció en 2011. Algo, señala el informe del Defensor, está fallando.

Que las mujeres decidan colaborar con las autoridades es complicado. Por ello, señala el Defensor, el restablecimiento y la reflexión deben ser dos fases “claramente diferenciadas”. “En primer lugar, la víctima debe recuperarse, sentirse segura, y solo cuando esta primera fase ha culminado con éxito y siempre con el acompañamiento y asesoramiento de una entidad especializada, podrá enfrentarse a la segunda fase, en la que deberá ser informada de la posibilidad de cooperar con las autoridades competentes”, señala el informe.

Los datos de eficacia en la persecución de estos delitos no son alentadores. La policía ha incrementado el número de redadas y operaciones de lucha contra la trata y la explotación sexual, hasta llegar a la identificación de 4.000 víctimas en los tres últimos años. En 2011 fueron 1.082, que dieron lugar a 208 atestados. En este sentido, el informe del Defensor alaba “el creciente compromiso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra estas situaciones”. Y, sin embargo, el número de diligencias previas incoadas el año pasado por delitos de trata de seres humanos (el 92% de ellos con fines de explotación sexual) fue de 64, de las cuales 14 han sido ya archivadas, según datos de la Fiscalía.

¿Cuál es el problema? El informe del Defensor del Pueblo cuestiona que los procedimientos judiciales sigan dependiendo casi exclusivamente de las declaraciones de las víctimas -que en muchos casos están amenazadas y no se atreven a denunciar a sus explotadores- y propone que se exploren otras vías como las investigaciones financieras. “Es una herramienta importante para la obtención de pruebas, la evaluación de los riesgos, para conocer mejor el modus operandi de los tratantes y para perfeccionar los métodos de detección”.

CASI TODAS EXTRANJERAS
¿Quiénes son las afectadas? Las víctimas de prostitución coactiva en España –que pueden ser o no víctimas de trata, en función de si han sido trasladadas con fines de explotación sexual desde otro país- son “prácticamente en su totalidad ciudadanas extranjeras”, según la Fiscalía General del Estado. El 60% serían rumanas, según los datos del ministerio público de 2010, y el 32% brasileñas. Las principales rutas incluyen también como países de origen a Nigeria y a Paraguay. Las cifras de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) de 2011 señalan que el 47% de las víctimas procede de América, el 45% de Europa y el 7% de África.