Después de que 62 países apoyasen, el pasado mes de mayo, una revisión de la propuesta que en octubre de 2020 habían hecho India y Sudáfrica, para suprimir las patentes de las vacunas de la Covid-19, y después también de que el documento llegase a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el escenario para una nueva discusión sobre los derechos intelectuales en el ámbito de los medicamentos estaba establecido.

La magnitud del debate se expandió después de que Estados Unidos se declarase a favor de una liberación temporal de patentes para las vacunas del coronavirus. “Estos tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias. Estados Unidos apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas contra la Covid-19 para ayudar a poner fin a la pandemia”, aseguraba la representante de Comercio del país norteamericano, Katherine Tai. Pero la discusión se simplificó al escenario político, siguiendo la pista de los países que recogieron el guante de Estados Unidos (entre ellos España) y, en concreto, la confrontación entre Washington D.C. y la Unión Europea, que ha rechazado apoyar la propuesta que se ha planteado hasta ahora para liberar las patentes. No obstante, el marco jurídico de la Unión Europea contempla especificaciones como que la ley de patentes debe aplicarse de manera que respete “los principios fundamentales que salvaguardan la dignidad y la integridad de la persona”, en su Directiva de Biotecnología 98/44EC, y la exclusión de las patentes cuando su explotación comercial sea contraria al orden público o moral, según el artículo 53(a) del Convenio de Patentes Europeo.

No es la primera vez que este debate ocupa un lugar prominente en la opinión pública. En 2001, la OMC adoptó la Declaración de Doha, que implicaba el compromiso a flexibilizar la propiedad intelectual con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a los fármacos. En el esfuerzo que representó, el acuerdo alcanzado en Qatar llegó a establecer que cada país miembro tenía la potestad de determinar una situación de emergencia nacional, en la que los derechos a la propiedad intelectual de los medicamentos pudiesen verse afectados de forma temporal, y que crisis sanitarias como la del VIH o el paludismo podían considerarse en estos casos. “Se reconoció el derecho de los gobiernos a tomar las medidas necesarias para eliminar las patentes y priorizar la salud pública sobre los intereses económicos de la industria farmacéutica”, recuerda Rosa López, enfermera y responsable del Comité de Bioética de la Alianza Evangélica Española. 

Otro hito en la historia del debate de las patentes en los medicamentos es el relativo a los fármacos para la Hepatitis B, en la década de 1980. Sin embargo, la magnitud de la Covid-19 y su carácter pandémico hacen que sea necesario tener en cuenta detalles y particularidades a la hora de analizar la cuestión.

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El proceso de producción de una vacuna

Uno de los aspectos controvertidos a tener en cuenta es el del proceso de producción de una vacuna de Covid-19, que no es aislado. Por ejemplo, en el caso del inoculado de Pfizer-BioNTech, requiere de hasta 280 componentes suministrados por 86 proveedores de 19 países diferentes. De hecho, uno de los elementos clave de la vacuna producida por esta compañía, y también en el caso de la de Moderna, como es el uso del ácido ribonucleico para lograr el desarrollo de una respuesta inmune, conocido como la tecnología del mensajero ARN, es fruto de años de investigación y desarrollo conjunto entre los sectores público y privado.

Por eso, el investigador del Centro Nacional de Biotecnología de España, Daniel Fernández, considera que ni siquiera una liberalización de las patentes podría generar una vacunación más equitativa en el mundo a corto plazo. “Aunque se liberasen las patentes mañana, comenzar todo el proceso desde cero para producirlas en otras empresas en otros países sería largo. Aparte de liberar la patente, hace falta conseguir la tecnología y los procesos para producirla, preparar instalaciones y realizar todos los controles para asegurarse de que el producto es seguro. No está claro que todo el proceso se dé a tiempo para tener un efecto sobre la vacunación actual”, explica Fernández.

[photo_footer]Hasta el 28 de junio, Sudamérica solo ha vacunado al 28% de su población, mientras que en Norteamérica la cifra supera el 42%. / Jakayla Toney, Unsplash CC[/photo_footer]

Prueba de ello es el acuerdo entre AstraZeneca y el Serum Institute de India, para que este segundo produzca y distribuya la mayoría del montante de las dosis de la farmacéutica británica. O también el convenio del gobierno de Bolivia con la empresa canadiense Biolyse Pharma Corporation para abastecer al país sudamericano de 15 millones de dosis de Johnson & Johnson, y que ha llevado el ejecutivo boliviano a iniciar un trámite de licencia ante la OMC.

Considerando que “la legislación vigente protege la propiedad intelectual”, Rosa López ve necesario hacer un esfuerzo en este momento de pandemia por “compatibilizar y priorizar el derecho al acceso a la salud”. “Un acceso a las vacunas con equidad, apoyando a cada país en sus necesidades concretas, pensando en la logística, todo lo relacionado con el transporte, almacenaje y conservación, además de los recursos humanos necesarios para la vacunación a gran escala. Es necesaria la solidaridad y colaboración de todos”, remarca.

En este sentido, Fernández ve más valor en el debate actual sobre la liberalización de las patentes por el hecho de que “puede servir como elemento de presión en las negociaciones con las farmacéuticas para conseguir un precio más justo”, y no en una supresión temporal de la propiedad intelectual de las vacunas de la Covid-19. “Me cuesta imaginar que eso ocurra. Puede ser complicado poner la línea de qué patentes sí liberar y cuáles no”, dice.

El conflicto de intereses públicos y privados en el desarrollo de una vacuna

En realidad, la pandemia del coronavirus ha generado espacio para otros conflictos derivados del uso de patentes y que no tienen que ver con las vacunas. Por ejemplo, el proceso legal que inició Labrador Diagnostics LLC contra BioFire Diagnostics por infringir la patente al hacer test de diagnóstico de Covid-19. Un proceso que acabó siendo abandonado y que suscitó mucha hostilidad por parte del público. O también la controversia por unas declaraciones, que luego fueron desmentidas, por parte de un titular de una patente contra un grupo de personas que fabricaban piezas de ventiladores con una impresora 3D para su uso en los hospitales italianos. Aunque la declaración resultó no ser cierta, sí generó una nueva perspectiva en el debate sobre cómo la Covid-19 afectaba a la propiedad intelectual de determinados productos. 

Sin embargo, el caso de las vacunas implica una serie de particularidades. Una de las más complejas es la de la relación entre los sectores público y privado y las inversiones de ambos en el proceso de desarrollo de un medicamento. Según los datos recabados por la revista The Lancet, y que han sido después difundidos por Médicos Sin Fronteras, se han invertido más de 10.000 millones de dólares de dinero público en compañías privadas para I+D, ensayos clínicos y la fabricación de seis vacunas contra la Covid-19. La investigación apunta a que AstraZeneca y la Universidad de Oxford han recibido más de 1.700 millones de dólares; Johnson & Johnson más de 1.500 millones; Pfizer-BioNTech más 500 millones; GlaxoSmithKline-Sanofi Pasteur unos 2.100 millones; Novavax-Serum Institute cerca de 2.000 millones; y Moderna-Lonza unos 2.480 millones para desarrollar sus fármacos.

“Los gobiernos han puesto mucho dinero para desarrollar estas vacunas. Es un dilema con aspectos legales, económicos, políticos y éticos. La clave estaría en que las farmacéuticas destinaran parte de sus beneficios a un acceso más universal y equitativo a las vacunas. Algunas farmacéuticas han destinado millones de dosis a países con ingresos bajos y están desarrollando formas de colaboración que permitan ampliar la producción de vacunas”, considera López.

El investigador del Centro Nacional de Biotecnología, Daniel Fernández, recuerda que “la realidad es que la mayor parte de la investigación básica que acaba llevando al desarrollo de un medicamento empieza en centros de investigación pública”. “Pero las fases más avanzadas, los ensayos clínicos, son demasiado costosas, son una gran inversión económica con pocas probabilidades de éxito, así que los estados en general no pueden asumirlas. Esta inversión la realiza la industria, que sí tiene dinero e infraestructura para hacerlo, y es la que se acaba beneficiando de la exclusividad que le da la patente”, matiza.

Según Fernández, liberar las patentes de las vacunas de Covid-19 “no va a afectar a la investigación básica”, aunque añade que “sí puede hacer que las empresas no quieran invertir en llevar los resultados de la investigación hasta el desarrollo final del medicamento”. “Si pueden no hacerlo y acabarse beneficiando igual de ello, no hay incentivo para asumir una inversión así con todo el riesgo que conlleva”, remarca. Esto, señala el investigador, puede provocar que se vea afectada “la capacidad para trasladar esa investigación científica en productos concretos que tengan un efecto sobre la gente”. “Con una industria que solo vea invertir en ciencia como un gran riesgo sin posibles beneficios, la fase clínica de la investigación puede quedarse coja. Los estados, también las ONG y las fundaciones, sí son organizaciones dispuestas a invertir dinero a fondo perdido para mejorar la salud de la población. De hecho, es su labor. Pero las empresas y los inversores no”, asegura.

[photo_footer]La Unión Europea ha vacunado a cerca del 50% de su población. Una cifra muy superior al 3% que se registra en el continente africano. / Mat Napo, Unsplash CC[/photo_footer]

En este sentido, la responsable de la Comisión de Bioética de la Alianza Evangélica Española, Rosa López, se pregunta: “¿Cuál es la finalidad de la investigación?”. “Si la motivación es responder a necesidades reales de las personas, se tienen que trazar políticas y acuerdos para que llegue a todas las personas, eludiendo las barreras económicas. Las necesidades de los más vulnerables no pueden sernos ajenas, son personas. Y desde un punto de vista más egoísta, vivimos en un mundo global y lo que ocurre en un punto, afecta al resto. El coronavirus ha puesto en evidencia cómo nadie estará a salvo si no lo estamos todos”, insiste.

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La inversión de Cristo y predicar con el ejemplo: una reflexión cristiana

La reflexión bioética ha quedado marginada en los planteamientos legales y económicos de las patentes y de la propiedad intelectual. Pero en el caso de la pandemia de la Covid-19, este aspecto también ha ganado protagonismo a la hora de formular una reflexión íntegra sobre la cuestión. “El debate sobre liberar las patentes es bueno y tiene sentido, pero hace falta una reflexión más profunda. Si nos quedamos ahí, solo estamos pensando en los privilegios que tienen otros y en qué pueden hacer para mejorar la situación y que la vacunación sea más justa y accesible para todos. Pero también podemos reflexionar sobre qué privilegios tenemos y qué podemos hacer nosotros”, reivindica el investigador del Centro Nacional de Biotecnología, Daniel Fernández.

Para él, “la Unión Europea ha sido un ejemplo de solidaridad interna, garantizando que todos los estados miembros tengan igual acceso a las vacunas”, pero no ha extendido su generosidad más allá de sus fronteras. “¿Por qué no hemos sido igual de solidarios con los demás? ¿Por qué cuando se oye hablar sobre donar vacunas se está haciendo referencia a una marca en particular porque es la que a nosotros no nos gusta, y damos lo que nos sobra?”, pregunta. “Si queremos exigir solidaridad a la industria, podríamos empezar por ser solidarios como países. Podríamos predicar con el ejemplo. Sería algo muy positivo si este debate específico sobre las patentes de las vacunas frente a la Covid-19 nos hace mirar hacia adentro y reflexionar de manera más general, como país, y también a cada uno de nosotros, sobre si nos importan lo suficiente los demás, o si por el contrario estamos viviendo una vida para nosotros mismos”, señala.

Para la responsable del Comité de Bioética de la Alianza Evangélica Española, Rosa López, ese ejemplo en el que basarse es el que ofrece la cosmovisión cristiana. “Todos pertenecemos a la raza humana y es motivo suficiente para que nos importe el otro. La mayor inversión a fondo perdido que se haya hecho nunca la hizo Dios enviando a Cristo a ponerse en nuestro lugar. Que nosotros levantemos la voz por los que no tienen voz ni recursos, no es nada raro, es la consecuencia natural de haber entendido el mensaje del evangelio y ser discípulos de Jesús”, manifiesta. 

Jesús, dice López, “siempre tomó partido por los más débiles, entre los cuales estamos tú y yo”. “Desde una cosmovisión cristiana, la clave es el amor, tratar a los otros como lo haría Jesús y como si fueran Jesús. Creo que esto va un paso más allá de la solidaridad. Compartir con los que no tienen, en este caso, vacunas, patentes, conocimiento y recursos. Se necesita elaborar un plan que ayude a conseguir el objetivo y dar buen uso a los recursos. El dador es el primer beneficiario en el evangelio”, añade.

Según la plataforma 'Our World in Data', a fecha del 28 de junio de 2021 la Unión Europea ha vacunado al 49,87% de su población, mientras que en el continente africano el porcentaje se reduce al 2,62%. En Norteamérica, el 42,16% de la demografía ya ha recibido su inyección, mientras que en Sudamérica solo la ha hecho el 28,78%.

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