Este miércoles Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en dar un paso firme hacia la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana. Se trata de una medida que, según el Gobierno, pretende luchar contra el narcotráfico y sus consecuencias: la violencia y la corrupción.
El debate sobre la posible legalización de las drogas ha tomado impulso en los últimos meses. En Guatemala y México se han producido manifestaciones políticas de peso apostando por esta medida para combatir el narcotráfico. Sin embargo, ha sido en Uruguay donde estas ideas han llegado a transformarse en una realidad legal.
Sebastián Sabini, uno de los autores principales de la ley y diputado del Movimiento de Participación Popular, integrante del Frente Amplio (FA), la coalición de partidos en el Gobierno,
dijo que “era necesario regular un mercado que ya existe para alejar a los jóvenes de las bocas de humo (punto de venta de drogas), cuidar su salud y buscar una alternativa con respecto a lo que se estaba haciendo hasta ahora”.
Aun a falta de que la ley pase por el Senado y se elabore el reglamento, los ejes de la futura legalización están claros. El Estado asumirá el control y otorgará licencias a algunas empresas para que realicen la distribución y producción. “Somos un país chico, con unas 20 hectáreas (unos 30 campos de fútbol) tendríamos suficiente”, calcula Sabini, que afirma que en Uruguay hay unos 180.000 consumidores (aproximadamente un 5,5% de la población). Cada cultivador podrá tener 6 plantas, también se podrán constituir clubes de cannabis con hasta 45 miembros y 99 plantas, y cada usuario dispondrá de una cuota de 40 gramos mensuales para el consumo propio que deberá adquirir en las farmacias.
OPOSICIÓN POPULAR
La ley se aprueba con polémica ante la oposición mayoritaria del pueblo.
Según las encuestas de la consultora Cifra un 63% de los uruguayos no aceptan la ley. En la Cámara, el debate se extendió por 14 horas, mostrando la gran división que existe entre los partidos políticos sobre la medida. La resolución quedó aprobada por un voto de diferencia, 51 a favor contra 49 en contra.
Hasta ahora,
la legislación vigente en Uruguay, aprobada en 1974 bajo la dictadura militar, permitía el consumo de marihuana y otras drogas, pero prohibía la producción y el comercio. Juan Vaz, uno de los fundadores de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, estuvo preso 11 meses después de que la policía le encontrara un cultivo en su casa. Vaz, que lleva 20 años cultivando marihuana y que ha asesorado al Ejecutivo en la elaboración de la ley, defiende que “no es una ley ideal, pero es mucho mejor de lo que hay. Al menos se quiebra el paradigma de la prohibición respecto a las drogas”.
La oposición se mostró en contra de la medida. Primero admitieron el fracaso de las políticas actuales para frenar el narcotráfico, sin embargo
acusaron al gobierno de tener una visión “derrotista” por avalar el uso de la marihuana como algo inevitable; y pidieron más recursos para las comunidades terapéuticas y ONG que luchan contra la droga, algunas de ellas evangélicas.
Sostuvieron además que los centros de acogida y tratamiento construidos por el gobierno actual son “dramáticamente insuficientes” y denunció que la Federación de Comunidades Terapéuticas de Uruguay, que antes recibía becas del Estado, ahora tiene varios lugares que colapsaron económicamente.
“Yo comencé a estudiar este tema desde 2010 porque nunca consumí drogas y ésa es la imagen que quiero darles a mis hijos y a los hijos de todos lo uruguayos. No se necesitan drogas para ser feliz, hay que ser niño, joven, ser sano y estudiar y tener valores para ser feliz”, sostuvo el diputado Richard Sander.
Este diputado mostró luego un vídeo en el que diferentes personas contaban su historia con la droga. Todos apuntaban que habían comenzado en la marihuana para luego caer en drogas más duras, como la cocaína. Sander contestó que “todos estos son pacientes de una comunidad terapéutica de la iglesia evangélica, nosotros peleamos para que tengan más plata para tratarlos ahí”, aclaró el miembro informante. “No se puede legislar en base a videos, sino en base a evidencia científica”, le replicó Sabini.
LA ONU TAMBIÉN CRITICA LA LEY
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo independiente dedicado a la implementación de la convención sobre drogas de Naciones Unidas, cuestionó la ley de legalización de la marihuana. Cuando sea refrendada por el Senado (algo que se da por descontado), legalizará su consumo, y dejará en manos del Estado la producción, distribución y venta controlada del cannabis, algo inédito en el mundo.
La JIFE dijo qu
e la ley estaría en total contravención de la provisiones de los tratados internacionales de control de drogas, en particular la la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, de la que Uruguay es parte.
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