Suiza plantea cambiar su ley de eutanasia para frenar el turismo de la muerte

Según la prensa suiza, en el año 2007, de 400 casos de muerte asistida, 132 procedían de Alemania o Reino Unido. La iniciativa propuesta por el Gobierno exigirá nuevos requisitos para aplicar la eutanasia, como que se presenten dos confirmaciones médicas independientes que afirmen que la persona puede decidir por sí misma y que padece una enfermedad terminal de corta duración. De esta forma los enfermos crónicos y mentales quedarían descartados.

Los grupos que ofrecen el suicidio asistido, especialmente para las personas que viajan a Suiza para morir, se enfrentarán pues seguramente a una ley más estricta después de que el Consejo de Ministros de Suiza presentara el miércoles dos proyectos de ley en los que define las condiciones para la eutanasia asistida, en las que incluye -además de las incluidas dos confirmaciones médicas mancionadas- la utilización de medicamentos aprobados y una documentación clara de cada caso.

La ministra de Justicia, Eveline Widmer-Schlumpf, afirmó que el propósito de endurecer la regulación y clarificarla en el Código Penal es disminuir los procesos de suicidios asistidos e impedir que la gente viaje a Suiza sólo para este propósito.

El suicidio asistido y la eutanasia pasiva son legales actualmente en Suiza, una política que le convierte en uno de los países europeos más permisivos en este aspecto. Widmer-Schlumpf indicó que no corresponde al Estado ayudar a morir a la gente. «Creemos que la prevención de los suicidios y los cuidados paliativos son las prioridades», aseguró la ministra.

AUMENTO DEL CONTROL
Entre los nuevos requisitos, la persona que pida el suicidio debería presentar dos certificados procedentes de dos médicos diferentes que sean independientes de las organizaciones de suicidio asistido. «Uno de los certificados debe indicar que la persona tiene la capacidad legal para decidir por sí misma y el segundo debe demostrar que sufre una enfermedad incurable y que desembocaría en muerte en un período corto de tiempo», indica el comunicado del Ministerio de Justicia. «Esto descartaría a los que sufren enfermedades crónicas que no son terminales y aquellos que sufren enfermedades mentales», añade.

«Además, los que asisten a una persona que quiere terminar con su vida deben debatir y examinar alternativas al suicidio (...), y no deben perseguir fines comerciales. No pueden aceptar ningún pago por sus servicios que exceda el coste del suicidio», añade.

Añadió que una regulación sobre el suicidio asistido es una cuestión muy delicada que no incluye sólo a la ley sino también a la ética. El Gobierno también publicó una opción alternativa que prevé una prohibición del suicidio asistido organizado. «El Consejo Federal también ha presentado una prohibición total sobre el suicidio asistido organizado que se debatirá en el Parlamento. Esta opción se apoya en la creencia de que las personas que trabajan en las organizaciones de suicidios asistidos nunca están motivadas por razones puramente altruistas», afirma el comunicado del Ministerio de Justicia, que asegura que el suicidio debe ser «el último recurso».

Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil tienen cuatro meses para dar sus opiniones sobre las propuestas antes de que el Consejo de Ministros prepare un proyecto de ley final para que sea debatido en el Parlamento.