Gobierno español aprueba anteproyecto de Ley del Aborto, que necesita mayoría absoluta en el Congreso

Se permitirá, pues, el aborto libre hasta la semana 14, y el aborto sin consentimiento de los padres a partir de los 16 años.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, junto a Bibiana Aído, Ministra de Igualdad, afirmaban que “derechos, garantías, seguridad y respeto” definen el anteproyecto, que pretende “salvaguardar la dignidad de las mujeres”. Aído añadía que el objetivo de la nueva ley es “frenar el número progresivo de embarazos no deseados”.

Una de las novedades más polémicas del anteproyecto, es que se modificará la Ley de Autonomía del Paciente con el objeto de equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en 16 años.

PLAZOS AUMENTADOS
Hasta la semana 14 de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días antes de la intervención haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si decide seguir con la gestación.

De manera excepcional, hasta la semana 22 la mujer podrá interrumpir el embarazo si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En estos dos casos, será necesario un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención. A partir de ese plazo, sólo un comité clínico pluridisciplinar podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.

El texto del anteproyecto también dice que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, aunque Aído ha insistido que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes.

LEY CON MEDIDAS EDUCATIVAS
La norma quiere incorporar también medidas en el ámbito social, sanitario y educativo para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados, así como la elaboración de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a cinco años, con participación de la comunidad científica y educativa.

PASOS QUE QUEDAN PARA LA APROBACIÓN
El anteproyecto debe ahora pasar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal que deberán emitir su informe preceptivo para que después el Consejo de Ministros, tras las modificaciones que estime oportunas, lo apruebe como Proyecto de Ley y lo envíe al Parlamento para su tramitación.

Al tratarse de una Ley Orgánica, será necesario el apoyo de la mayoría absoluta de ambas Cámaras.

La nueva norma sustituiría a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto o daño para la salud física y psíquica de la madre.