Los expertos consultados por el Gobierno español apoyan el aborto libre hasta las 14 semanas

El comité de personas expertas presentó el jueves a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el informe sobre la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en España, y las propuestas para una nueva regulación.

En el documento se propone el sustituir el actual sistema que contempla la penalización de la “Intervención Voluntaria del Embarazo” salvo en tres excepciones por una ley que combine plazos con indicaciones, similar a la mayoría de países de la Unión Europea, y de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONU.

En este sentido, el informe plantea una ley de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en torno a las primeras 14 semanas de gestación, y hasta la semana 22, en dos supuestos: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la intervención.

AÍDO, SATISFECHA
Bibiana Aído ha destacado que “no se trata de hacer una ley más permisiva, sino más segura” y que “desde cualquier perspectiva, la futura ley será mejor que la actual”. “Se trata” ha dicho la Ministra, “de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos. También de proteger la vida del no nacido, cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre”.

Aído considera que con la nueva ley también se podrá “garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad”. Así pues, la Ministra de Igualdad considera que “desde cualquier perspectiva, será mejor ley que la actual”.

El comité de personas expertas considera que el reconocimiento del aborto voluntario debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que en ningún caso las mujeres que deciden interrumpir su embarazo podrán ser castigadas con penas de prisión. Por otra parte, se recomienda reconocer la autonomía en la decisión a las jóvenes partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores.

Asimismo, plantean que la objeción de conciencia no suponga un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud ya sea en la red pública o concertada.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
Las reacciones del PP y CiU, el viernes, eran de rechazo frontal a la propuesta. Josep Antoni Durán i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, considera inconstitucional la propuesta. Esta fórmula supondría permitir el aborto libre hasta la semana 22 (porque la indicación de la “salud psíquica de la madre” se podría utilizar de forma indiscriminada) y considera inaceptable que las jóvenes de 16 y 17 años puedan decidir abortar por sí mismas, lo califica como una “agresión frontal a la potestad parental”.

La portavoz del Partido Popular, por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tachado de “inadmisible” esta cuestión y cree que “no es lógico que no puedan votar y puedan abortar, que no puedan hacerse una operación de apendicitis y puedan abortar”.

La respuesta de la ministra a las primeras críticas ha sido contundente: “Si una menor de 16 o 17 años puede casarse y tener hijos, también puede decidir abortar”, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SEXUAL
Por último, y volviendo al informe de los expertos, se recoge en éste que la nueva regulación del aborto debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.

Para ello, los expertos consideran necesario mejorar la calidad de los actuales servicios de atención a la salud sexual como un servicio público disponible para toda la ciudadanía. Este comité de personas expertas, elegidas por el gobierno, se constituyó el pasado 4 de septiembre y ha trabajado durante los últimos seis meses.

POSTURA DE LA ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA
La AEE manifiesta que les “parece especialmente grave, y lo rechazamos con la mayor rotundidad, la idea de permitir a las menores de edad (a partir de los 16 años) practicar el aborto sin el consentimiento de sus padres”. Ante esta propuesta, piensa la AEE que a una edad en la que ni siquiera se es legalmente mayor de edad, y aún no se considera a una joven con la capacidad de ejercer el voto político en las elecciones, “sin embargo se hace recaer sobre su persona una de las decisiones más difíciles y complejas de su vida; y además sin contar con sus padres. Nos parece una irracionalidad, que además cuestiona aún más el papel de los padres como educadores de sus hijos menores de edad. Nos parece también un atentado al sentido común, a las propias jóvenes y a la estructura familiar”.

Pueden leer aquí el Comunicado completo de la AEE, como reacción a esta noticia.

El Comunicado fue emitido en Barcelona, a 7 de marzo de 2009, está firmado por Jaume Llenas, abogado y Secretario general de la AEE, a quien Daniel Oval ha realizado una entrevista en eMision sobre la postura de la Alianza Evangélica Española ante la reforma de la Ley del aborto (audio, 3.5 Mb).