El Gobierno británico estudia considerar delito el pago por servicios sexuales

Este plan forma parte de un estudio interministerial sobre la prostitución en Gran Bretaña, que propone también que se considere delito el pago por los servicios sexuales.

La policía se encargaría de identificar a las personas sospechosas de prostitución y daría sus nombres a las compañías telefónicas para que les cortaran la línea.

Según la fiscal general, Vera Baird, si se quiere acabar con el tráfico de mujeres, es pieza fundamental ir cercando la demanda de "call girls" (prostitutas a las que se llama por teléfono).

Algunos, sin embargo, advierten de que ese plan podría llevar a las prostitutas a volver a la calle en busca de clientes, lo que haría más difícil el trabajo de la policía y sería más peligroso para las prostitutas que trabajar en un apartamento.

El Gobierno británico se ha fijado en el ejemplo de Suecia, donde las compañías telefónicas tienen un acuerdo voluntario por el que se comprometen a cortar las líneas telefónicas de burdeles y prostitutas. En este país también consideran delito el pago por servicios sexuales, en un intento de poner límites a la industria del sexo que les ha dado buen resultado.

La fiscal general quiere también que cada vez más periódicos locales publiquen los nombres acusados de solicitar los servicios de una prostituta como ocurre ya en la localidad inglesa de Middlesbrough.