La Comisión Internacional de Juristas denuncia la violación de los Derechos Humanos en Oaxaca

Por petición de la Obra Diacónica alemana, vinculada a la Iglesia Protestante, dicho reporte investiga la situación de los derechos humanos en Oaxaca en el marco del conflicto entre el magisterio y el gobierno estatal, a partir del 14 de julio de 2006. La represión violenta con la que las autoridades respondieron a las reivindicaciones de los maestros, generó un movimiento conocido como Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuya represión por parte del gobierno estatal ha dejado hasta ahora un saldo de 26 muertos víctimas de la violencia deliberada y alrededor de 500 desaparecidos de manera arbitraria.

DESAPARICIONES ARBITRARIAS
El informe documenta los casos de detenciones arbitrarias en Oaxaca y la intención de presentarlo ante el organismo de la ONU. La abogada Alba Cruz, representante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, una organización fundada por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo para liberar a los encarcelados, explica que aunque se han registrado unas 500 detenciones se presentaron solo diez casos porque el sistema de Naciones Unidas no permite mas que una muestra de los sucesos.

El informe documenta minuciosamente los antecedentes y desarrollo del conflicto en uno de los Estados más pobres de la federación mexicana y afirma que el conflicto ha afectado los derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas.

El reporte denuncia el abuso de un reducido grupo de dirigentes priístas que se rotan los más altos cargos públicos, como el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Mafud, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jaime Mario Pérez Jiménez, al Secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segestre Ríos, entre otros. Ellos representan la punta del iceberg en el abuso de poder y la corrupción gubernamental.

Pero los casos más serios los representan la procuradora de Justicia del Estado, Lizbeth Caña y Lino Celaya Luría, ex -diputado federal y ex -secretario general de Gobierno que fue removido de la Secretaría de Protección Ciudadana por su presunta participación en los escuadrones de la muerte. Critica al Gobierno Federal, que nunca asumió la gravedad de la crisis oaxaqueña. Primero antes de las elecciones nacionales del 2 de julio, por estar más preocupado por éstas que por el conflicto y luego por la tradicional crisis de gobernabilidad de los presidentes salientes.

El informe da cuenta de las ejecuciones sumarias, como el operativo llamado "limpieza de vialidades", ordenado por la procuradora Lizbeth Caña, que mató al arquitecto Lorenzo San Pablo Cervantes.

El abogado Isaac Carmona, representante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), insiste en la necesidad de agotar las instancias jurídicas internacionales, ya que Mexico tiene tratados internacionales ratificados por el Senado de la República, pero a la hora de defender el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos, es inexistente.