Los recientes casos de desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias de personas evangélicas en México ponen de manifiesto que la intolerancia religiosa continúa siendo una realidad en diversas regiones del país. Aunque los hechos se han producido en estados distintos y bajo contextos locales diferentes, organizaciones y representantes evangélicos advierten de un patrón recurrente de presión, castigo y expulsión contra quienes no se someten a prácticas religiosas impuestas por mayorías tradicionales.

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El caso más reciente se ha registrado en el estado de Oaxaca, donde un pastor evangélico y su familia fueron expulsados de su comunidad tras negarse a participar en un ritual católico.

Un pastor detenido por negarse a arrodillarse ante una imagen

Un pastor evangélico y su familia fueron desplazados forzosamente de la comunidad de Santiago Malacatepec, en el municipio de San Juan Mazatlán, en el estado de Oaxaca, después de que él se negara a participar en una ceremonia religiosa contraria a sus convicciones. Antes de su expulsión, el pastor Mariano Velásquez Martínez fue detenido arbitrariamente durante cinco días por las autoridades comunitarias.

Velásquez Martínez es pastor de la Iglesia Camino Nuevo y Vivo, una congregación de unas 25 personas, a la que sirve desde 2023, año en que el anterior pastor también fue desplazado por motivos religiosos. En noviembre de 2025, las autoridades de la comunidad le asignaron el cargo de mayordomo, una figura tradicional que implica la organización y financiación de festividades de la religión mayoritaria.

El pastor aceptó el cargo bajo el acuerdo explícito de que su participación se limitaría a la provisión de velas y flores. Sin embargo, el 15 de enero de 2026, otro mayordomo le ordenó encender velas, arrodillarse y orar ante la imagen de Santiago Apóstol. Al recordar que dicho acto contravenía sus creencias y no formaba parte del acuerdo, el pastor fue denunciado ante las autoridades locales.

Las autoridades comunitarias ignoraron los términos pactados y procedieron a detener al pastor durante cinco días. Posteriormente, fue atado con una cuerda y llevado ante una asamblea de aproximadamente 180 hombres, donde se anunció públicamente su expulsión de la comunidad. Bajo coacción, fue obligado a firmar un documento que formalizaba su desplazamiento forzoso, sin recibir copia del mismo, lo que le hace temer que pueda ser utilizado para simular una salida voluntaria.

Actualmente, el pastor, su esposa y su bebé de tres meses se encuentran alojados temporalmente con familiares en la ciudad de Oaxaca.

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Llamamientos a aplicar la ley en Oaxaca

El caso se produce en un contexto de endurecimiento del marco legal contra el desplazamiento interno forzado en el estado de Oaxaca. En septiembre de 2025, el Congreso estatal aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado, que contempla penas de prisión de entre 10 y 18 años, además de multas económicas.

En este contexto, el abogado Porfirio Flores Zúñiga, representante de la Fraternidad de Pastores, instó públicamente a la Fiscalía General y a la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca a aplicar esta legislación en el caso del pastor Velásquez Martínez.

Por su parte, Anna Lee Stangl, directora de incidencia política de la organización CSW, calificó los hechos de “inconcebibles” y denunció el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y libertad religiosa, instando a las autoridades de Oaxaca a actuar con urgencia para depurar responsabilidades.

Detenciones y represalias en Chiapas

La expulsión del pastor en Oaxaca se suma a otros episodios recientes de represión contra evangélicos en el país. En el estado de Chiapas, once personas de fe evangélica fueron detenidas y encarceladas en el paraje Pinar Salinas, municipio de Zinacantán, en la región indígena de Los Altos, tras negarse a cooperar en una festividad organizada por católicos tradicionalistas.

Según el testimonio de Antonio Vázquez Méndez, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del viernes 16 de enero, cuando autoridades comunitarias, acompañadas por un grupo de personas, irrumpieron en un domicilio particular donde las once personas realizaban un culto familiar. Desde allí fueron sacadas por la fuerza, golpeadas y trasladadas a la cárcel comunitaria, donde permanecieron retenidas durante dos días.

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Las autoridades exigían el pago de una multa de 100.000 pesos para su liberación. Tras una reunión de varias horas en la que participaron autoridades municipales y estatales, entre ellas el presidente municipal de Zinacantán, José Pérez Martínez, y el delegado regional de Gobierno, Antonio Pérez Arias, se acordó su liberación sin el pago de la multa. No obstante, tras quedar en libertad, a las personas afectadas les fueron suspendidos los servicios de agua potable y energía eléctrica en sus viviendas.

[photo_footer]Un momento de la detención de los evangélicos, en una captura de vídeo.[/photo_footer]

Vázquez Méndez denunció que este episodio forma parte de un conflicto con antecedentes desde al menos 2010, marcado por detenciones, agresiones, cortes de servicios básicos y amenazas contra personas que decidieron cambiar de fe. Asimismo, aseguró que varias familias evangélicas llevan casi cuatro años viviendo sin acceso a servicios básicos ni escolarización para sus hijos, bajo amenazas de expulsión y de muerte.

El representante evangélico subrayó que la imposición de multas y las detenciones carecen de fundamento legal, y recalcó que, pese a los intentos de las autoridades comunitarias por presentar el conflicto como ajeno a la religión, los hechos ocurrieron durante un acto de culto, lo que confirma —afirmó— que se trata de persecución por motivos religiosos.

México aparece en la Lista Mundial de la Persecución que elabora Puertas Abiertas, una entidad que aboga por la libertad religiosa en el mundo, cuyo informe estudia la persecución en cada país. “En comunidades indígenas, los cristianos evangélicos sufren desplazamientos, hostigamiento y pérdida de derechos por parte de autoridades locales que invocan los llamados “usos y costumbres” tradicionales”, denuncia en su informe de 2026, donde México aparece en el puesto 30º.