El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
“El extremismo es la promoción de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia”, dice la nueva definición legal de gobierno. Las organizaciones evangélicas ven un riesgo en las decisiones “subjetivas” sobre qué creencias pueden o no expresarse.
El gobierno británico dio a conocer una nueva definición de extremismo el 14 de marzo, cuyo objetivo es “proteger los valores democráticos” siendo “claro y preciso al identificar los peligros que plantea el extremismo”.
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El gobierno intenta responder al aumento del discurso de odio en el Reino Unido después de los ataques terroristas en Israel y la actual guerra en Gaza.
“La omnipresencia de las ideologías extremistas se ha vuelto cada vez más evidente tras los ataques del 7 de octubre y plantea un riesgo real para la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestra democracia”, afirmó Michael Gove, secretario de Estado de Vivienda y Comunidades.
Según el Gobierno la nueva definición es “más limitada y precisa” que la de 2011 y no se dirigirá a quienes tienen “creencias privadas y pacíficas”.
Afirma que “el extremismo es la promoción o avance de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia, cuyo objetivo es negar o destruir los derechos y libertades fundamentales de los demás; o socavar, revocar o reemplazar el sistema de democracia parlamentaria liberal y derechos democráticos del Reino Unido; o crear intencionalmente un ambiente permisivo para que otros logren esos resultados”.
Gove nombró tres organizaciones musulmanas (Asociación Musulmana de Gran Bretaña, CAGE y Compromiso y Desarrollo Musulmanes) que, según dijo, “daban lugar a preocupación por su orientación y puntos de vista islamistas”.
También se refirió a dos grupos (el Movimiento Nacionalsocialista Británico y Alternativa Patriótica) que describió como “de extrema derecha”, porque “promueven la ideología neonazi, abogan por la repatriación forzada, un etnoestado blanco y el ataque a los inmigrantes”.
Se espera que el gobierno publique una lista completa de organizaciones afectadas por la definición en las próximas semanas.
Las organizaciones o individuos considerados extremistas no serán criminalizados, pero se les prohibirá el contacto con el gobierno y no recibirán financiación gubernamental. Tendrán derecho a solicitar una reevaluación y presentar nuevas pruebas a una revisión.
Para garantizar que el gobierno tenga las herramientas que necesita, se ha creado una nueva unidad, el Centro de Excelencia contra el Extremismo, que “aprovechará la experiencia de la Comisión para la Lucha contra el Extremismo, así como algunos de los principales expertos en lucha contra el extremismo en el extranjero”.
Varios grupos de defensa seculares y expertos legales recibieron con preocupación estas nuevas definiciones del gobierno del Reino Unido, destacando que los derechos de algunos podrían verse afectados.
Entre quienes se mostraron críticos con la propuesta se encuentran los arzobispos anglicanos de Canterbury y York, Justin Welby y Stephen Cottrell, quienes emitieron una declaración conjunta advirtiendo que “en lugar de brindar claridad o adoptar un tono conciliador, etiquetar un problema multifacético como extremismo de odio puede vilipendiar a las personas equivocadas y arriesgarse a una mayor división”.
Según el líder de la Iglesia de Inglaterra, la nueva definición “no sólo amenaza inadvertidamente la libertad de expresión, sino también el derecho al culto y a la protesta pacífica, cosas que se han ganado con esfuerzo y que forman el tejido de una sociedad civilizada”.
Christian Concern, un grupo cristiano de activismo y defensa legal, afirmó que “la nueva definición de extremismo no es adecuada para su propósito”. Sería “absurdo que los cristianos pudieran ser considerados ‘extremistas’ por creer en el matrimonio real o por ser provida”. Por eso pidieron al gobierno “que aclare urgentemente qué se entiende por ‘derechos fundamentales’ en la definición de extremismo”.
Otro grupo, The Christian Institute, también advirtió que “ampliar la definición actual llevaría a una mayor censura que podría excluir del debate a quienes tienen opiniones tradicionales”.
En una entrevista con UCB News, el director de la Alianza Evangélica (EAUK) en el Reino Unido, Peter Lynas, señaló que “la preocupación es: ¿todavía tenemos libertad de expresión?”.
“No estoy de acuerdo con los musulmanes fundamentalmente, pero también respeto su libertad, y si sus creencias religiosas están siendo atacadas, fácilmente podríamos ser nosotros la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. Por eso queremos definitivamente proteger la libertad religiosa”.
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Para Lynas, la nueva definición podría afectar a iglesias y organizaciones cristianas, porque “la posibilidad de comprometerse en nombre de otros y el acceso a diversas formas de financiación y apoyo” podría ser restringido por las autoridades, que siempre tendrán un cierto grado de “subjetividad” en su toma de decisiones.
Al mismo tiempo, enfatizó que “aún no hay ni siquiera una lista, falta claridad. No me preocupa demasiado, pero debemos estar atentos al desafío que esto supone”, añadió el director de la Alianza británica.
Cuando se les preguntó cómo los cristianos pueden lidiar con las tensiones actuales en el ámbito público, Lynas dijo que “tenemos que modelar una buena participación pública, tener claro que todos están hechos a imagen de Dios y honrarlos. Pero también debemos cuestionar algunas ideas que son absolutamente inaceptables. Necesitamos orar para abordar adecuadamente cada asunto”.
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