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En Ghana, los evangélicos lideran la oposición contra una ley que avala la explotación minera en los bosques

“Por mucho que necesitemos explotar las minas, tenemos que fijar unos límites para no poner en peligro el bienestar de la comunidad”, dicen desde la plataforma nacional de A Rocha en el país.

AUTOR 814/Jonatan_Soriano ACCRA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 16:20 h
Ghana es el 19º máximo exportador de oro en el mundo y sus ventas alcanzaron los 5,2 mil millones de dólares en 2021. / [link] Juliana Corbett [link], Unsplash.

Una organización cristiana al frente de las principales protestas ecologistas en el país. Es lo que está ocurriendo en Ghana con la ley L.I. 2462, que permite aumentar la explotación minera en los ecosistemas del país. La entidad ambientalista de carácter cristiano A Rocha ha liderado hasta ahora el movimiento de oposición a la normativa, organizando entre otras cosas varias jornadas de piquetes pacíficos para pedir su revocación.



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La ley L.I. 2462, que fue aprobada en noviembre de 2022 con discreción, tiene como objetivo principal ampliar la explotación minera en las zonas forestales en el país. De hecho, según el Observatorio de la Complejidad Económicael oro fue la materia más exportada por Ghana en 2021, con un valor total de la exportaciones calculado en 5,2 mil millones de dólares, convirtiéndose en el decimonoveno exportador de este producto en todo el planeta.



Tal y como recoge la revista digital GH Environment, el ministro de Tierras y Recursos Naturales, Samuel Abu Jinapor, ha explicado que la intención con la normativa era buena y que ha sido malinterpretada por la organizaciones ambientalistas. 



Desde A Rocha Ghana han cuestionado tanto el formato de la ley, ya que una L.I. se aprueba automáticamente en el Parlamento si nadie presenta observaciones después de 21 días laborables, como su carácter general. “La ley L.I. 2462 supone una amenaza importante para los avances logrados con tanto esfuerzo en la última década en materia de la gestión forestal sostenible en Ghana. Introduce vulnerabilidades y socava el compromiso del país con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, asegura Daryl Bosu, subdirector nacional de la entidad, a Protestante Digital.





[photo_footer] Una mina en Ghana. / Ghana Web. [/photo_footer] 



Carácter regulatorio y fiscalizador



En una comparecencia pública, Jinapor se refería al carácter regulador y fiscal de la ley. “La cuestión y lo más importante que tengo que decir es que, de conformidad con la legislación del país, incluso yo, el ministro, no puedo entrar en una reserva forestal sin un permiso de entrada en el bosque, por lo que cualquier actividad que se quiera realizar en la reserva forestal requiere un permiso de entrada en el bosque”, ha señalado. “Si concedo una licencia o un contrato de arrendamiento para que una empresa se dedique a la minería o a cualquier otra actividad en la reserva forestal, la autorización final necesaria para poder entrar en el bosque es el permiso de entrada en el bosque”, ha añadido.



Janipor ha insistido ante los periodistas que “la atención debe centrarse en las directrices, los protocolos y el ejercicio de la discrecionalidad en relación con la expedición del permiso de entrada en el bosque”. “La L.I. 2462 […] fue promovida por el Ministerio de Medio Ambiente por razones que sé que están bien motivadas, pero fundamentalmente, independientemente de la L.I., existe una ley sustantiva del Parlamento que exige obtener un permiso de entrada en el bosque antes de poder entrar en una reserva forestal”, ha remarcado Jinapor.



Para A Rocha Ghana, este argumento es insuficiente y ven una contradicción entre la norma y la realidad del país. “Está muy claro que ninguna reserva forestal de nuestro país se librará de los efectos destructivos de las agresivas actividades mineras del gobierno, facilitadas por esta legislación. Por lo tanto, la promulgación de la L.I. 2462 contradice el compromiso declarado del gobierno y su papel de liderazgo en la Alianza para el Liderazgo Forestal y Climático, un papel que Ghana comparte con Estados Unidos”, subraya Bosu.



Cinco puntos clave



Según la organización ambientalista, “los marcos de directrices y política, que se remontan al año 2000, pretendían reducir progresivamente la minería en los bosques declarados oficiales” y “los procesos en 2018 para revisar las directrices sobre minería en reservas forestales [también] buscaban mantener el compromiso de reducir progresivamente la minería en los bosques declarados” por el Estado. 





[photo_footer] Un paisaje en Zuarungu, en el noreste de Ghana. / Michael Behrens, Unsplash [/photo_footer]



En este sentido, dicen, “la L.I. 2462 es nugatoria de las políticas y compromisos existentes antes de su aprobación […] es una amenaza muy importante para el futuro de las reservas forestales de Ghana […] y muy contradictoria con los compromisos declarados del Gobierno de Ghana”.



Por eso, aseguran, hablan de cinco puntos clave en los que la ley supone un retroceso en cuanto a la protección de la reservas forestales en el país. En primer lugar, observan un aumento del “tamaño permitido” para la explotación minera. “Mientras que las Directrices Ambientales de 2018 permitían un máximo del 2% de las áreas de producción de las reservas forestales a explotar, la nueva L.I. no tiene tal restricción”, dice Bosu. A esto se añade la polémica por las llamadas “zonas prohibidas”, en las que según A Rocha Ghana se abre la posibilidad a la actividad minera si el presidente del país considera que se trata de una actividad de “interés nacional”. 



Desde la entidad cristiana también se oponen a la norma por la cuestión de los “permisos y aprobaciones”, alegando que “mientras que las empresas estaban legalmente obligadas por las Directrices de 2018 a obtener el Permiso de Entrada en el Bosque como primer requisito antes de cualquier otro permiso o aprobación, ahora es el último de cinco requisitos, mientras que el Derecho Minero es ahora el primero”. “Esto hace que sea mucho más difícil que se rechace el permiso de entrada en el bosque. Además, la L.I. no especifica la necesidad de un Memorándum de Gabinete, mientras que este era el 3er requisito en las Directrices de 2018”, añade Bosu.



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También ven preocupante la distinción entre la prospección y la minería, y señalan que “si bien los procedimientos de la L.I. para la prospección de minerales, que actualmente está prohibida en todas las las reservas forestales, son muy estrictos, los de la minería no lo son”. “Los datos disponibles sugieren que las las empresas mineras evitan la fase de prospección y pasan directamente a los arrendamientos mineros”, matiza Bosu. Además, remarca, “en virtud de la L.I., el titular de un derecho minero está obligado a establecer y gestionar un área de al menos tres veces el tamaño de la concesión minera como compensación de biodiversidad”. “Esto afecta a las tierras fuera de la reserva”, añade. 



Tampoco parece haber ningún requisito firme de restauración forestal. Un titular de derechos mineros puede compensar la recuperación estableciendo una plantación de al menos tres veces la superficie afectada, lo que también podría afectar a las tierras de las comunidades, y una plantación nunca puede sustituir a un bosque biodiverso”, agrega.





[photo_footer] Un grupo de personas participando en uno de los piquetes organizados por A Rocha Ghana para protestar contra la L. I. 2462 el pasado mes de agosto. / @arochaghana [/photo_footer]



Campaña de oposición



Estos son algunos de los motivos que han llevado a A Rocha Ghana a liderar una campaña de oposición pública contra la norma. Entre otras cosas, la entidad organizó el pasado mes de agosto dos días de piquetes por todo el país, en los que personas salieron a las calles sosteniendo carteles con lemas como “Las reservas forestales deben ser completamente protegidas de la minería legal e ilegal”, o “No a la minería en las reservas forestales”.



“Los piquetes han sido organizados para expresar preocupación ante la regresiva ley L. I. 2462, aprobada por el Parlamento, y por la manera en la que los permisos relacionados con la minería están llevando a la destrucción de las reservas forestales de Ghana y la contaminación de sus masas de agua”, explicaba Bosu a Modern Ghana, uno de los principales medios digitales del país.



Desde A Rocha insisten en que su posición “nunca ha sido que Ghana, como país en desarrollo, no deba explorar sus recursos minerales”. “La posición es que, por mucho que necesitemos explotar, tenemos que fijarnos unos límites, de modo que no comprometamos el bienestar de la comunidad ni las salvaguardias medioambientales, que también son fundamentales para el desarrollo sostenible”, añade Bosu.



Por eso, piden “establecer zonas prohibidas para que las cuencas hidrográficas y los puntos críticos de biodiversidad, relevantes para la provisión de otros servicios a los ecosistemas, puedan ser asegurados ahora y para el futuro”. “En cualquier caso, Ghana lleva extrayendo oro desde el siglo XIV, sin nada que demostrar. Está claro que no podemos salir de nuestros problemas económicos extrayendo oro, como han demostrado las tendencias en la gobernanza y la gestión de los ingresos. El llamado beneficio económico tampoco se basa en la recuperación total de los costes ni en los principios de que quien contamina paga, ya que la población sigue cargando con la responsabilidad de pagar por la destrucción causada por las actividades mineras”, señala el subdirector nacional de A Rocha, Daryl Bosu.



 






 



“Además, la minería va en contra de otras necesidades críticas de la economía y desplaza nuestros usos del suelo, como el abastecimiento de agua, el hábitat para la biodiversidad, que es responsable de la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, el bienestar, la salud y la seguridad alimentaria”, manifiesta. De hecho, en A Rocha Ghana ven, más bien, “grandes oportunidades para diversificar y mejorar los sistemas agrícolas, complementados con industrias agroalimentarias para añadir valor a la agricultura de gama alta y a la producción no temporal y a los productos forestales no madereros”.



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  [title] Compromiso cristiano con el medio ambiente [/title]





 [text] El grado de compromiso que los cristianos deben adquirir con el cuidado y la protección de la creación ha sido objeto de análisis y debate en distintos países últimamente, como en Estados Unidos, donde los evangélicos resultan ser el grupo religioso más escéptico ante el cambio climático, o en Francia, donde algunos temen que el ecologismo se convierta “en una nueva religión”. 



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Desde Ghana, los miembros de A Rocha consideran un “llamado a cuidar de la creación”, pero también creen “que existe una vocación más elevada que exige a todos, cristianos o no, ‘amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos’”. “Por eso nos comprometemos a inspirar a la gente, ya que trabajamos para capacitar a las personas para que cuiden de la naturaleza a través de la promoción, la mejora de los medios de subsistencia, la gestión sostenible de los recursos naturales y el diálogo interreligioso basado en la investigación y la educación”, dicen.



Además, lamentan lo que consideran un exceso de “burocracia” a la hora de desarrollar “el trabajo cristiano en el cuidado de la creación”. “La fe sin obras no tiene sentido, así que necesitamos ver que nuestra fe se traduce en acciones de impacto. No nos estamos comprometiendo lo suficiente con los sistemas políticos que determinan el destino de la creación, y ya es hora de que actuemos estratégicamente para empezar a influir”, agregan.



“Tenemos que hacer frente a nuestra propia debilidad de ocuparnos solo de las personas de nuestra fe y preocuparnos también por el bienestar de las personas de otras religiones y otras sociedades. Es la única manera de mostrar amor al prójimo”, agrega Bosu. [/text]



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