El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
La norma aprobada en el Parlamento Europeo prevé sanciones económicas para las empresas que, al conocer casos de explotación en su cadena de suministros, no hagan nada para cambiar la situación.
Los cristianos evangélicos en Europa que trabajan contra la trata de personas y la explotación laboral han expresado su “satisfacción” después de que el Parlamento Europeo aprobara “un texto contundente” sobre la debida diligencia corporativa.
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La semana pasada, la Red Europea de Libertad (EFN por sus siglas en inglés, que une a 270 pequeñas organizaciones) animó a los cristianos a ponerse en contacto con los miembros del Parlamento Europeo para asegurarse de que votarían a favor de esta nueva directiva.
La nueva ley de la UE podría “transformar la vida de millones de trabajadores explotados” no solo en los países europeos sino “en realidad en todo el mundo”, ha dicho EFN a Evangelical Focus tras analizar el documento de 182 páginas aprobado por mayoría en Bruselas.
La directiva requiere que más empresas hagan la diligencia debida. Exige que si se descubre algún tipo de explotación humana en la cadena de suministro, la primera acción debe ser mejorar la situación, no solo cortar automáticamente la relación comercial. “Esto es importante porque cortar la relación podría llevar a las víctimas a perder sus trabajos además de todo lo que están sufriendo”, dice el grupo cristiano.
En este nuevo contexto, se exige un salario digno para todos los trabajadores, y las víctimas de explotación tendrán “mejor acceso a la justicia, protección contra represalias, información sobre sus derechos y el potencial apoyo de su sindicato o sociedad civil”, según la análisis de los miembros de EFN.
La plataforma evangélica que une a grupos que trabajan sobre el terreno y hacen incidencia en 44 países dice que están “particularmente satisfechos” de que una de las enmiendas que impulsaron en los días previos a la sesión plenaria del Parlamento Europeo fuera aceptada por los eurodiputados. Es una “sanción pecuniaria común por faltas graves que no será inferior al 5% de la facturación mundial neta de la empresa en el ejercicio económico anterior a la decisión de multa”. Esto es “importante para que una empresa no elija mudarse a un país de la UE donde las sanciones son más leves”.
La supervisión de las empresas bajo la nueva directiva puede parecer fuerte, pero desde la EFN cree que esto es necesario para que la legislación sea efectiva. “Las bellas palabras no son suficientes si las víctimas de la explotación no obtienen justicia, pierden sus trabajos o quedan en la pobreza extrema”, concluyen.
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El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea ahora negociarán la redacción final de la directiva de diligencia debida.
La EFN dice que lanzará una campaña en breve para animar a la gente “a orar y también a instar a sus gobiernos nacionales a buscar una legislación que realmente funcione”.
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