El Consejo Protestante de Rwanda ha emitido un comunicado firmado por 26 líderes de diferentes denominaciones explicando la decisión de prohibir el aborto de todos sus centros sanitarios. La organización posee el 10% de los centros médicos más grandes del país y justifica su postura por lo que señalan como una colisión entre la ley vigente y su propia libertad de creencias.

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“Tenemos nuestras creencias, y nuestras creencias no pueden ser arrebatadas por la ley. No nos oponemos a la ley, pero nuestras creencias no nos permiten apoyar el aborto”, ha señalado el máximo responsable de la Iglesia Anglicana en el país, Laurent Mbanda, a The Associated Press.

Siguiendo el paso dado previamente por la Iglesia Católica, propietaria del 30% de los principales centros médicos de Rwanda, sobre todo en zonas rurales, la organización protestante ha tomado la decisión como respuesta al cambio de postura respecto al aborto por parte de varios gobiernos en el continente africano en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, de Benín, que en 2021 legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas.

En Rwanda, el gobierno cambió la legislación en 2018 para permitir el aborto únicamente en casos de violación, matrimonio forzado, incesto o de riesgo para la mujer y el feto. La ley requiere también la aprobación de un médico antes de efectuar el aborto. Desde el Consejo Protestante, en cambio, han hecho un llamamiento a los padres para “guíen” a sus hijos a tomar decisiones adecuadas antes de mantener relaciones sexuales.

Una decisión “indeseable” para las autoridades

Desde el gobierno observan la decisión del Consejo Protestante como “indeseable”, según ha explicado un representante oficial del ejecutivo de forma anónima a AP. Hasta ahora, el presidente, Paul Kagame, se ha mostrado distante en cuanto al debate sobre el aborto, aunque en los últimos años ha concedido indultos a varios grupos de mujeres encarceladas por practicar o someterse a un aborto.

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En una nota de prensa del Ministerio de Promoción de Género y de Familia (MIGEPROF, por sus siglas en inglés) publicada en 2019, se informaba de que Kagame había ordenado la liberación de 367 mujeres acusadas de “delito de aborto, complicidad en el aborto e infanticidio”.

Diferentes grupos en defensa de los derechos humanos han pedido al Consejo Protestante que considere de nuevo su decisión y su postura.