El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
La Plataforma Evangélica Nacional considera que grupos minoritarios han incorporado ideologías extremas “instalando un sistema político sin contrapesos que pone en riesgo el Estado democrático de derecho”.
La Plataforma Evangélica Nacional de Chile (PLENA), integrada por distintas agrupaciones de pastores y líderes evangélicos a nivel estatal, ha hecho pública una contundente declaración respecto a la propuesta de una nueva Constitución en el país.
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En la misma expresan que se suman como ciudadanos al deseo que una mayoría expresó de mejorar aspectos relevantes en Chile, “como pensiones, salud, educación, seguridad, descentralización, justicia social, mejor distribución de la riqueza, equidad, mayores oportunidades, la protección del medio ambiente, entre otros temas, pendientes desde hace tantos años”.
Valoran, dicen, el esfuerzo realizado por la Convención Constituyente y ven positivamente la visibilización de temas como la regionalización o el Estado Social de Derecho.
No obstante, consideran que este trabajo ha sido utilizado por grupos minoritarios para incorporar ideologías extremas que no representan a la mayoría; y que estas ideologías que impregnan todo el borrador “dividirán en lugar de unir al pueblo de Chile, debilitarán la democracia y las instituciones tan necesarias para gobernar en paz una nación”.
Por esto último, rechazan en su conjunto el actual borrador de Carta Magna que consideran que “se centra en el Estado, en lugar de centrarse en las personas”. Algo que creen que produciría “inestabilidad y mayor pobreza”, como ya ha ocurrido en países vecinos que lo han hecho.
Concluyen el documento con su “rechazo a esta propuesta de nueva Constitución”. “De abrirse un nuevo camino, creemos que debe realizarse con el aporte de expertos. Oramos para que Dios cuide nuestra nación de la actividad y expresiones anti-teístas y discriminatorias que algunos grupos minoritarios quieren imponer a través de esta Carta Magna”, remarcan.
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Así mismo, al reconocerse 11 naciones dentro de una nación, desde PLENA piensan que “aumenta la división en lugar de la unidad” y se discrimina positivamente lo indigenista, que representa solo un 12% en el país, “otorgándole privilegios sobre el resto de los chilenos”. Sin embargo, no reconoce en absoluto al pueblo evangélico siendo una “mayor minoría”, ya que representan más del 16% de la población según el Censo del 2012. “Muy por el contrario, todas nuestras propuestas presentadas a través de las iniciativas populares fueron rechazadas”, como no reconocer la labor social de las congregaciones evangélicas en todo el país, “un trabajo que en su mayoría se ejecuta sin pedir dinero al Estado”.
En cuanto a lo indigenista, por ejemplo se propone una “justicia diferenciada” que favorece a los pueblos originarios por encima del resto de los chilenos, asegurándoles tierras a diferencia del resto de la población, convirtiéndolos en un grupo privilegiado.
En este mismo sentido, dicen, la propuesta de nueva Constitución instala un sistema político sin contrapesos, al dar mucho poder a la Cámara de Diputados, eliminar el Senado y transformar el Poder Judicial, poniendo en riesgo el Estado democrático de derecho. Además afirman que no existen garantías necesarias para un buen modelo económico que asegure recursos con el fin de cumplir con los derechos sociales prometidos.
Otro aspecto negativo, añaden, es que “se pone a la naturaleza y los animales ‘sintientes’ con el mismo derecho que los seres humanos, pero no reconoce el derecho del ser humano o niño por nacer, quien carece de todo derecho”.
Un aspecto que les resulta preocupante es, según señalan, que “se dan privilegios a las disidencias sexo-genéricas, reservándoles escaños en el congreso e incorporándolos en la participación de todos los organismos públicos y reconociendo el enfoque de género y sus distintas manifestaciones sexo-genéricas en la educación desde la primera infancia”.
Esto se agrava, explican, al eliminarse el derecho preferente de los padres a educar a los hijos dejando fuera el concepto de familia natural como núcleo fundamental de la sociedad, hablándose de “familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida”.
Por otro lado se rechaza la objeción de conciencia, que fue una propuesta que como evangélicos hicieron apoyando iniciativas populares.
También consideran que se restringe la libertad de educación. El Estado asegura el derecho a la educación, pero esta debe conducirse por principios, muchos de los cuales, son ideologías contrarias a los principios bíblicos, como ideología de género o no sexista, en contra de los estereotipos hasta ahora enseñados, promoviendo un feminismo extremo. “Esto pone en riesgo la continuidad de los proyectos educativos confesionales”, dicen.
En cuanto a libertad religiosa, desde PLENA interpretan que se restringe la libertad de culto, ya que la libertad de religiosa estará limitada a lo dispuesto en esta Constitución, lo que incluiría la ideología de género, que es opuesta a la cosmovisión bíblica.
Otra cuestión que ven negativa es que el borrador de la nueva Constitución incorpora educación sexual integral “bajo principios que, como cristianos, no compartimos, como el enfoque de género”. En este sentido, ven con especial preocupación la misma línea proabortista antes mencionada, que “asegura a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar (...) una interrupción voluntaria del embarazo.”
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