Días atrás, el medio independiente Atlántica publicaba una carta abierta solicitando la abolición de la pena de muerte en el Estado cubano. “En Cuba, desde 1959 se ha instalado en la praxis y el cuerpo legal de la nación la pena de muerte por fusilamiento como forma de castigo, y ha sido aplicada fundamentalmente contra hombres, a causa de delitos comunes o políticos”, puede leerse en el escrito, firmado por más de veinte evangélicos cubanos, entre los que figuran artistas, intelectuales, pastores y activistas residentes dentro o fuera de la isla. El documento señala que, sin el derecho a la vida, consignado en la Carta Universal de Derechos Humanos, no es posible que haya otros.

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Entre los firmantes de la misiva se encuentran los activistas por el bienestar animal Ibis Alfaro Armenteros y Javier Larrea, el artista visual Sacramento José Acebo Hidalgo, así como los periodistas Yaiset Rodríguez y Yoe Suárez.

También se han adherido al documento activistas en defensa de los derechos humanos como Ketty Méndez, Elsa Morejón, la miembro de la Red Femenina de Cuba Tania García Hernández, y Tony Máx, apresado el 15 de noviembre de 2021 cerca del Parque El Quijote tras responder a la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

En su parte final, la carta declara que desde la concepción a la muerte natural, “el ser humano es sujeto de dignidad, y ninguna institución o persona debería violentar, con el amparo de la ley, el derecho a la vida”.

Una fecha simbólica

La demanda aparece justo unos días antes del 11 de abril, fecha en la que se conmemora el décimo noveno aniversario del fusilamiento de tres jóvenes, después de nueve días detenidos por secuestrar una lancha de pasajeros en La Habana con el fin de llegar a Estados Unidos.

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La misiva forma parte de la campaña en redes sociales #xlavidaenCuba, también identificada con los hashtags #Noalapenademuerte y #noalapenademuerteenCuba, y que desde el pasado febrero produce materiales gráficos con el fin de concienciar a la sociedad sobre los peligros del nuevo Código Penal que pretende imponer el régimen.

De acuerdo con Archivo Cuba, una asociación establecida en Miami, desde 1959 han sido fusilados alrededor de 3.116 personas en la isla.

La Constitución cubana no menciona la pena de muerte, pero el nuevo Código Penal sí

El anteproyecto del nuevo Código Penal contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte en casos de delitos relacionados con la Seguridad del Estado. “Vemos con preocupación cómo el Código Penal que se pretende implantar este año 2022, consigna aún la pena de muerte entre sus artículos”, subraya la carta de los evangélicos cubanos. “Si bien desde 2003 se encuentra en moratoria, como ciudadanos cubanos y como evangélicos reclamamos la abolición de esa práctica que ya apenas se mantiene en pocos países de las Américas”, dicen los autores del escrito. 

“A cada individuo, además de la libertad y la propiedad, debe respetársele el derecho a la vida”, insisten los signatarios de la misiva y añaden que “el ser humano es sujeto de dignidad, y ninguna institución o persona debería violentar, con el amparo de la ley” tan importante precepto.

Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y la califica como “la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante”.

En 2007, la organización aseguraba lo siguiente: “A menudo se usa como instrumento de represión política. Se impone y ejecuta de manera arbitraria. Es un castigo irrevocable, que, inevitablemente, puede dar lugar a personas completamente inocentes”.

La pena de muerte como “método disuasorio”

El periodista habanero de fe evangélica, Yoe Suárez, uno de los firmantes de la carta, ha subrayado que “la pena de muerte ha sido usada por el régimen como una especie de método disuasorio, de arma final que podrían aplicar a aquellos que se rebelen contra el poder socialista en Cuba y contra la legalidad socialista del sistema”.

“El hecho de que, aunque esté en moratoria, la pena de muerte continúe vigente en el Código Penal que ahora se intenta imponer por el régimen es un peligro para la sociedad y específicamente para aquellos que disentimos con el Estado, y específicamente porque es el Estado cubano quien más muertes ha causado en la historia de la Revolución y lo ha hecho de manera extrajudicial y a veces con juicios muy cuestionables desde el punto de vista, del debido proceso”, ha apuntado Suárez.

“Hemos visto lo que está ocurriendo con personas que salieron a manifestarse pacíficamente el 11 de julio por todo el país, de manera que un arma como ésta en las manos de un Estado totalitario es muy peligrosa, no solo para los disidentes sino para la sociedad en su conjunto”, ha añadido el comunicador.

De acuerdo con una reciente investigación, el evangélico fue el grupo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia las protestas del 11J, pico entendible tras el involucramiento público cada vez mayor en asuntos de la vida política nacional de esa minoría, a la que pertenece un 7% de la población.

El pastor Mario (Mayim) Jorge Travieso ha presentado recientemente ante su congregación, en la ciudad Victoria de Las Tunas, a la familia de Lorenzo Rosales Fajardo, preso político de las manifestaciones del 11J, y ha convocado a un culto dedicado a las madres de otros presos políticos, a celebrarse próximamente.