El gobierno italiano ha aprobado un decreto que impone el pasaporte Covid-19 a todos los trabajadores, convirtiéndose en el primer país de Europa en implementar esta medida.

Los 23 millones de personas que están activas en un lugar de trabajo necesitarán un ‘pase verde’ que demuestre su que se han vacunado, han realizado un test negativo o han pasado recientemente una recuperación del virus. La limitación se aplicará a los trabajadores de todos los ámbitos, incluidos los autónomos.

La restricción entrará en vigor el 15 de octubre. Los empleados no vacunados y las empresas que les permitan trabajar podrían ser multados con hasta 1.500 € si no se implementa el control del certificado sanitario.

Los trabajadores que se nieguen a seguir la medida pueden ser suspendidos de empleo y sueldo después de cinco días, aunque no pueden ser despedidos.

Impulsar la vacunación con el 68% de la población vacunada

El ministro de Salud, Roberto Speranza, ha justificado la decisión asegurando que es para “ayudar a impulsar la campaña de vacunación”. Alrededor del 68% de la población ha sido completamente vacunada en Italia.

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Desde agosto, el Estado ya pedía mostrar una identificación de este tipo para acceder a actividades deportivas, culturales y de ocio. El certificado ahora también es necesario para viajar en vuelos nacionales y trenes regionales.

Más de 130.000 personas han muerto debido a la Covid-19 en Italia, que fue el primer país en sufrir los efectos del virus en febrero de 2020. En Francia, la vacunación contra la Covid-19 se ha vuelto obligatoria para los trabajadores de la salud, y el gobierno ha anunciado que ya ha suspendido a 3.000 empleados por no cumplir con el plazo para recibir la dosis.

Líderes evangélicos reaccionan: “Es una medida inconstitucional”

Desde Brescia, el pastor Pablo Ruggieri explica que “solo se vacunará si es obligatorio”. Ruggieri dice que “respeta y no juzga” a sus amigos que han optado por vacunarse, pero se posiciona “en contra” de que el gobierno pueda “quitar derechos sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras decisiones personales”.

Aunque admite que es posible que la mayoría de la población no esté de acuerdo con él, Ruggieri piensa que las vacunas son “un experimenta a nivel mundial” que tiene que ver con “muchos intereses, especialmente para la industria farmacéutica”.

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Por eso, considera la imposición del pasaporte Covid a todos los trabajadores como “inconstitucional” y una “medida ideológica”. Mientras, dice, “nuestros derechos como población están restringidos, como la libertad para trabajar y desplazarse libremente”.

En un sentido opuesto a Ruggieri, otro pastor de Vicenza, Giancarlo Mazzillo, asegura que vacunarse es “una forma de amar a nuestros vecinos, de ayudar a la comunidad”. “Mucha gente ha muerto, y muchos otros están sufriendo a nivel psicológico, financiero o familiar”, añade.

Sin embargo, Mazzillo considera que “la decisión del gobierno es muy radical” y sugiere que restricciones tan controvertidas “quizá requerirían de un referéndum”. “Forzar a las personas” es “una cuestión muy delicada”, remarca.