Un deterioro de la libertad religiosa de los cristianos en la mayor parte del territorio de India. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe sobre los casos de odio y violencia dirigidos contra la población cristiana del país en los primeros seis meses de 2020, y que ha publicado la Comisión de Libertad Religiosa de la Comunidad Evangélica de India (EFI, por sus siglas en inglés).

Según el documento, entre enero y junio de este año se han registrado de forma oficial 135 episodios de “linchamiento, ostracismo comunitario y esfuerzos para detener cultos y actividades evangelísticas” contra la población cristiana. “Es un número indicativo”, recuerdan desde la Comunidad Evangélica de India, “y las cifras actuales deben ser mucho mayores”.

El Estado de Uttar Pradesh, gobernado por el partido del primer ministro Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP), es la región donde se han producido más casos de odio contra los cristianos, con 32 en total. Sin embargo, desde la Comunidad Evangélica India también advierten la presencia de violaciones del derecho de libertad religiosa en territorios no gobernados por el BJP, como Chhattisgarh y Jharkhand, donde se han registrado 24 y 10 casos respectivamente.

La localidad de Kenduguda, en el Estado de Odisha, ha registrado el caso más horrible, según el informe, el pasado 4 de junio. “Un chico cristiano de 14 años fue golpeado con una piedra hasta la muerte por un grupo de personas que luego cortaron el cuerpo en pedazos y los enterraron en diferentes lugares”, explican.

No todo es violencia física

Además la violencia física a mano de grupos fanáticos, las minorías religiosas en el país, principalmente cristianos y musulmanes, también enfrentan una discriminación progresiva por parte de la Administración. “Mientras que se presta atención a la violencia, el ejecutivo y el partido gobernante han dado muchos otros indicios de cambios en las leyes y han implantado muchas políticas que afectarán a la comunidad cristiana, junto con otros grupos marginales, de diferentes maneras”, puede leerse en el documento. 

Según la Comunidad Evangélica de India, se trata de “cambios en los códigos de protección del medio ambiente que abren grandes extensiones de tierras forestales en el norte y el noreste del país, habitadas por tribus, alegando proyectos de desarrollo e infraestructura”. “También hay una demanda renovada de toda la legislación india contra las conversiones de hindúes”, añaden.

“Nos preocupa en particular por la Comisión de Derecho de Uttar Pradesh, que en noviembre de 2019 redactó un controvertido informe recomendando duras penas de prisión, de hasta siete años, para las personas acusadas de violar una nueva ley propuesta contra las conversiones (de fe)”, señalan. Una tendencia que no afecta solo al terreno estatal, sino que también forma parte de las líneas adoptadas por el gobierno central. “Jueces del Tribunal Supremo retirados han puesto líneas rojas expresando su consternación por la manera en la que las autoridades del país interpretan el Código de Procedimiento Penal”, aseguran.

El coronavirus ha agravado la situación de los cristianos

Gran parte de los primeros seis meses de este 2020 han coincidido con el efecto de la propagación de la pandemia del coronavirus por todo el mundo. India no ha sido ajena a la epidemia, sin embargo, desde la Comunidad Evangélica del país señalan que este ha sido un periodo de tiempo especialmente perjudicial para los cristianos y otras minorías religiosas.

“La absoluta sensación de impunidad generado en el aparato administrativo de India por el confinamiento de la epidemia, y al consecuente ausencia de sociedad civil en las calles y los tribunales, han agravado el ambiente de odio y violencia dirigidos contra los cristianos en la mayoría de Estado del territorio nacional”, dicen. 

En este sentido, también remarcan la dificultad que ha supuesto todo este tiempo para recabar datos e informaciones sobre la situación del derecho de libertad religiosa. “El colapso de los medios de comunicación y la ausencia de periodistas en el terreno, y la incapacidad de los activistas para ir a las aldeas más lejanas a causa del confinamiento y de las restricciones en el transporte, han limitado la recopilación de datos sobre la persecución de las minorías religiosas”, apuntan.