Pakistán ha anunciado la creación de la Comisión Nacional para las Minorías religiosas seis años después de que el Tribunal Supremo dictaminase la constitución del organismo al gobierno federal, en el marco de la sentencia de una investigación judicial por la explosión de una bomba en una iglesia en Peshawar. 

La comisión estará dirigida por Chela Ram Kewlani, un hindú miembro del partido gobernante en el país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán. Junto a Ram, Jaipal Chhabria y Vishno Raja Qavi representarán a la comunidad hindú. El organismo también contará con tres representantes cristianos; el obispo de Lahore, Sebastian Shaw, el líder del Movimiento Cristiano Unido de Pakistán, Albert David, y la secretaria diocesana de la Diócesis de la Iglesia de Peshawar. Completan el grupo dos musulmanes, dos sikhs, un miembro de la comunidad zoroastrista y uno del colectivo cultural y religioso kalash.

Desde Estados Unidos, la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) ha celebrado la creación del organismo de control pakistaní y ha asegurado que se trata de “un paso importante en el camino continuo del país para proteger la libertad religiosa”. Pakistán ocupa el quinto lugar de la Lista Mundial de Persecución contra los cristianos elaborada por Puertas Abiertas. Según la organización, el Estado “ataca sistemáticamente a los cristianos y los aísla del resto de la población” con leyes como la que supuestamente actúa contra la blasfemia, y que fue la causa de la condena en el mediático caso de Asia Bibi. 

Los ahmadíes se quedan fuera

Una de las principales críticas que ha recibido la nueva comisión es el haber dejado fuera a la Comunidad Ahmadía, un grupo religioso vinculado al islam pero considerado como una secta por parte del gobierno y los principales líderes musulmanes en el país. “La Constitución pakistaní no los considera musulmanes”, ha asegurado recientemente el primer ministro, Imran Khan, a Reuters. “Si quieren hacer uso de los derechos constitucionales, primero deben aceptar la Constitución”, ha remarcado Khan. 

También el ministro de Asuntos Religiosos, Pir Noor ul Haq Qadri, ha señalado que “la comunidad Ahmadía no debe ser incluida en la comisión dada la sensibilidad religiosa e histórica de esta cuestión”. 

Desde Human Rights Watch califican de “absurda” la decisión de dejar fuera a los ahmadíes y consideran que refleja “hasta qué punto la comunidad enfrenta la discriminación cada día”. “Pakistán necesita una institución nacional de los derechos humanos independiente e inclusiva, y no una excluyente y controlada por el gobierno”, ha dicho el el director de la organización en Asia, Brad Adams.

Otros grupos minoritarios, incluyendo a los católicos, han catalogado la comisión de “inepta y falsa”, en una declaración conjunta. En una línea más comedida, el líder del Movimiento Cristiano Unido de Pakistán y uno de los tres representantes de la comunidad cristiana en el organismo, Albert David, ha apuntado que “nos sentaremos con los otros miembros y discutiremos el camino a seguir”. “Entendemos completamente que hay grandes expectativas de la comunidad cristiana y trataremos de cumplirlas”, ha señalado en declaraciones al sitio web de noticias católico Ucanews.

[photo_footer]Miembros de la sociedad civil y de diferentes minorías religiosas han protestado contra la creación de la comisión porque la consideran partidista y defienden que debería haber sido aprobada en el parlamento. / UCA News, Arif Ali[/photo_footer]

Críticas por cómo se ha creado la comisión

El otro foco de las críticas se ha concentrado en la manera en la que finalmente se ha constituido la comisión y su carácter. Según ha publicado el medio nacional The Express Tribune, Shoaib Suddle, que dirige la Comisión de Derechos de las Minorías del Tribunal Supremo, ha informado a la institución judicial que el organismo creado no cumple con lo dictaminado en 2014.

La comisión dirigida por Suddle fue creada en enero de 2019 para supervisar la implementación del organismo que el Tribunal Supremo obligó crear en 2014. Según recoge el diario pakistaní, Suddle preparó un proyecto de ley para establecer la comisión en el que más tarde intervinieron representantes de la sociedad civil y que estaba listo para ser presentado ante el parlamento, pero el Ministerio de Asuntos Religiosos no proporcionó ningún comentario al respecto y trasladó directamente al gabinete del gobierno otro documento para la formación y la composición de la Comisión Nacional para las Minorías religiosas, que en la forma en la que se ha creado no cumple con los compromisos internacionales del ejecutivo pakistaní, según ha trasladado Suddle al Tribunal Supremo. 

También, el director ejecutivo del Centro para la Justicia Social y presidente de la Comisión Popular de Minorías Religiosas (PCMR, por sus siglas en inglés), Peter Jacob, ha manifestado que “en su presentación ante el Tribunal Supremo el pasado 19 de febrero, el Ministerio de Asuntos Religiosos señaló que la Comisión Nacional para las Minorías religiosas se constituiría mediante una ley parlamentaria” y “el gabinete ha hecho exactamente lo contrario aprobando la creación de una comisión ‘ad hoc’”, ha remarcado. 

Desde la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP, por sus siglas en inglés) recogen las críticas de Suddle y expresan sus “reservas” respecto a la formación de la Comisión Nacional para las Minorías religiosas. “La composición (del organismo) huele a partidismo y, sobre todo, la comisión no sustituye al consejo nacional de los derechos de las minorías previsto en la histórica sentencia de 2014”, han señalado. 

La creación de la Comisión Nacional para las Minorías religiosas tampoco ha sido bien acogida por el grupo sunita ultraconservador de Jamaat Ahle Sunaat, que, según Ucanews ha amenazado con organizar propuestas populares si el gobierno no considera un documento suyo con dieciocho demandas “para la protección del profetismo”, endureciendo las restricciones de las minorías religiosas en el país.