El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
Un nuevo Código Penal pendiente de aprobar podría encarcelar a los bolivianos evangélicos o silenciarles: son casi 2 millones (el 19% de la población).
Se trata de un ataque a la libertad religiosa (consagrada en la Constitución de Bolivia –art. 4-) basándose en el artículo 88.11 del nuevo Código Penal (pendiente de aprobación), que establece penas de cárcel de 7 a 12 años para quienes hagan “proselitismo” para organizaciones religiosas o de culto.
Así dice textualmente el artículo: “Será sancionado con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la persona que por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto”.
Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento para conflictos armados (¿terroristas?) con la evangelización, lo cual es sin duda extraño. A lo que se añade la amenaza de cárcel. Si se aplica con el rigor de lo que la letra dice, en Bolivia no se podrá predicar el Evangelio o invitar a alguien a asistir a una actividad religiosa.
Este Código Penal silenciaría a casi dos millones de bolivianos evangélicos de fe evangélica (que representan el 19% de la población).
Esto atenta gravemente contra la Carta Magna de Bolivia. La Constitución política boliviana señala lo siguiente en su art. 4: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.
Pero lo cierto es que esto se incumple a través de este nuevo Código Penal, o de leyes ya aprobadas como la 351, mediante la cual el Estado trata de controlar a los evangélicos y a la Iglesia católica, obligándoles a pagar elevados impuestos. Los protestantes, en concreto, temen que sus asociaciones terminen disueltas por la férrea presión a las que les somete el Gobierno de Morales.
RECHAZO DE EVANGÉLICOS
Representantes de la Iglesia Evangélica pidieron la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, en un contacto con la prensa, en Plaza Murillo. Explicaron que el rechazo a la nueva norma surge, sobre todo, por las observaciones mencionadas. Los pastores evangélicos presentes no sólo hiceron declaraciones, sino que realizaron una oración pidiendo a Dios libertad, en las puertas de la Asamblea.
"Es decir, que si llevamos a una persona o a un grupo de campamento ¿nos van a denunciar?; ¿no voy a poder salir a la calle de predicar el evangelio?", cuestionó el pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de la Iglesias Evangélicas de La Paz.
En su opinión, el mencionado artículo atenta contra su labor "especialmente en la ayuda al necesitado y en la restauración de hogares disfuncionales; afecta además a su labor de captar, acoger y ayudar a personas presas en vicios tales como alcoholismo y la drogadicción".
TAMBIÉN AFECTA A LOS PERIODISTAS
Los cristianos no son los únicos que protestan ante el nuevo Código Penal de Morales. También lo hacen los periodistas, porque cuatro artículos vulneran la Ley de Imprenta y la misma Constitución.
“No permitiremos bajo ningún pretexto acciones que afectarían directamente a las libertades y principios en los que se rige la prensa nacional”, han señalado en un comunicado.
Afirman que la libertad de expresión no es una concesión del Estado sino un derecho humano, mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, por lo que la censura previa, obstrucción, dictadura directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, debe estar prohibida.
Para el mandatario boliviano estas protestas y las de otros profesionales (los médicos llevan 43 días de huelga por este mismo Código Penal) no son sino maniobras conspiratorias, con la oposición, “contra el gobierno y el proceso de cambio”, y advirtió a los sectores que conspiran que no le podrán ganar, porque tiene el respaldo del pueblo organizado.
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