El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
En 2008, fundamentalistas hindúes atacaron iglesias, casas y propiedades de los cristianos. “Aún no se ha hecho justicia”, reclamaron miles en dos manifestaciones en el país.
Más de 5.000 cristianos de las minorías dalit y adivasi se manifestaron en las plazas y marcharon por las calles de Raikia en el distrito de Kandhamal (estado hindú de Orissa). Pidieron justicia y que vuelvan la paz y la armonía, al cumplirse siete años de las masacres contra los cristianos, perpetradas por fundamentalistas hindúes en el año 2008. Otra manifestación, en Dehli, congregó a unas 8.000 personas pidiendo el fin de la violencia hacia los cristianos en el país.
Los manifestantes marcharon a lo largo de dos kilómetros gritando lemas como “Queremos la paz, y no la violencia”, “Basta de atrocidades contra las minorías y las mujeres”, y “No dividan a las personas en nombre de la religión y de la raza”. Mani Shankar Aiyar, ex Ministro del Gobierno central, dijo durante la manifestación: “¿Debemos olvidar lo que ocurrió? Olvidarlo sería un crimen. Debe hacerse justicia”.
Algunos líderes de partidos comunistas de oposición criticaron al BJP (Bharatiya Janata Party, partido nacionalista hindú liderado por el prémier Narendra Modi), sosteniendo que el partido “castiga a personas inocentes, en lugar de asegurarse de que los criminales terminen en la justicia”.
UN CRIMEN SIN CASTIGO
La manifestación de ayer fue organizada por la asociación “Kandhamal Nyaya Shanti O Sadbhabana Samaj”, que reúne a los sobrevivientes de la violencia sectaria. Además del ex Ministro Aiyar, estuvieron también presentes el diputado Brinda Barat , miembro del Partido Comunista de la India (Maoísta) y Kavita Krishnan, ex diputado y líder del Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista). Los cristianos lamentan que a siete años del terrible pogromo contra los cristianos ocurido en el distrito de Kandhamal en el año 2008, no se haya hecho aún justicia.
La muerte de Laxamananda Saraswati, líder del Vishwa Hindu Parishad (VHP, grupo ultranacionalista hindú, asesinado el 23 de agosto de 2008 por un grupo maoísta) condujo a las atrocidades en el Estado de Orissa. A pesar de que los guerrilleros enseguida admitieron su responsabilidad sobre el asesinato, en los días subsiguientes los radicales hindúes descargaron la culpa sobre los cristianos, que hacía tiempo eran criticados por el gurú debido a su compromiso social con los tribales y dalit (excluidos de las castas) y acusados de hacer proselitismo.
Aiyar contó lo que vivió durante los días que duró la violencia. “Yo visitaba aquellas bellísimas tierras en calidad de Ministro del gobierno central. Ahora vuelvo aquí luego de las masacres y tengo un dolor profundo. En este lugar las distintas religiones y castas vivían en paz. Pero de repente fueron asesinadas muchísimas personas, muchos fueron desplazados, las casas y las iglesias fueron destruidas, las mujeres abusadas y raptadas. Es el día de hoy que muchos sobrevivientes no pueden regresar aún a sus casas”.
La asociación de los supervivientes escribió una carta al presidente de la India, Pranab Kumar Mukherjee, informando del número de ataques efectuados en el 2008. Los pogromos obligaron a 56.000 fieles a huir y produjeron el saqueo y la quema de 6.500 casas en 600 aldeas. De acuerdo a los datos del gobierno los muertos fueron sólo 38; dos mujeres fueron raptadas y hubo numerosas personas con mutilaciones y daños permanentes.
UNA SITUACIÓN SIN REPARAR
Sin embargo, el balance de la Iglesia Católica, la Comunidad Cristiana Evangélica y los activistas sociales difiere mucho de esas cifras: 350 iglesias fueron destruidas y 35 institutos (conventos, escuelas, pensiones e institutos de asistencia) fueron dañados, quemados o saqueados. Hubo por lo menos 90 víctimas y entre ellas ancianos, discapacitados, niños, hombres y mujeres.
La asociación calcula que por lo menos 10.000 niños se vieron forzados a abandonar sus estudios. Entre ellos, muchos menores fueron traficados en otros estados como esclavos sexuales o como empleadas domésticas; la mayor parte de ellos sufrieron algún tipo de violencia por parte de sus empleadores, no pudiendo denunciar los abusos para poder seguir manteniendo a la propia familia.
Lo más indignante, según el abogado Dibakar Parichha, quien está al frente de las acciones legales de las víctimas, “es que las propiedades de los cristianos sufrieron daños por un valor que asciende a 12 millones de euros, pero las víctimas han recibido resarcimientos por un total de sólo 94.000”.
Ajaya Kumar Singh, activista que presidió la manifestación, concluye: “La paz no es la ausencia de violencia, sino que es vivir libres del miedo y de la inseguridad. Tenemos derecho a la igualdad, a la libertad y a la justicia. Estos son derechos universales e inalienables”.
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