La Asociación Bautista Argentina cree que la República está en peligro

La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados en el Mundo, Gabriela Knaul, volvió a advertir este jueves que existe "un potencial riesgo" para el funcionamiento de ese poder del Estado si avanza la reforma impulsada por el gobierno argentino.

Mientras crece la tensión entre la ONU y Argentina, la Asociación Bautista de ese país (ABA) rechazó la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional mediante una declaración dada a conocer el 22 de abril. El documento, titulado "El sistema republicano está en peligro", advierte que "la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de avanzar en una reforma judicial en forma acelerada, casi sin debate ni análisis en profundidad, ponen al Poder Judicial al borde de perder su independencia y a la República en peligro. De aprobarse las leyes propuestas, los gobiernos de turno y las mayorías circunstanciales que producen los votos, someterán a la justicia poniendo en peligro la defensa de los derechos de las minorías o la de los propios ciudadanos a título individual ante los avances del Estado todopoderoso".

La ABA se preguntó "quién defenderá ante una justicia avasallada las libertades de las minorías o los derechos individuales", y reclamó "un debate serio, profundo y necesario" que "deberá culminar en una reforma que logre una justicia ágil, de fácil acceso, con procedimientos rápidos que permitan resoluciones que lleguen en tiempo y forma, pero siempre manteniendo la independencia de poderes".

PREOCUPACIÓN DE EMPRESARIOS CRISTIANOS
Ante los proyectos de leyes que fueron enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, en el marco del denominado proceso de “democratización de la Justicia”,también emitió un comunicado la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). En el mismo expresa “su preocupación ante iniciativas que parecen responder principalmente a las necesidades de la coyuntura política actual y que, en ese sentido, vulneran derechos constitucionales y ponen en riesgo valores esenciales de los ciudadanos que, históricamente, han regido la vida republicana de nuestro país”.

La entidad, de inspiración católica, aunque en ella participan algunos evangélicos, recordó que “cualquier reforma del sistema judicial vigente puede resultar en un beneficio para nuestra sociedad, en la medida que tienda a satisfacer los reclamos de independencia, idoneidad, acceso, celeridad, eficacia y modernización de la gestión, sin atender a intereses políticos o partidarios”

¿DE QUÉ SE TRATA LA REFORMA JUDICIAL?
Las claves de la polémica reforma del Poder Judicial que propone la presidenta de Argentina son las siguientes:

- Elección de los miembros del órgano que selecciona y destituye los jueces: en la actualidad está integrado por 13 miembros: seis legisladores, elegidos por el Congreso; un representante del Ejecutivo; tres jueces, seleccionados por sus colegas; dos abogados, votados por su colectivo profesional; y un académico escogido por rectores de universidades. Con la reforma se ampliará el número de 13 a 19. Habrá cinco académicos, cinco jueces y cuatro abogados y serán elegidos en elecciones generales a través de los partidos políticos.

- Creación de tres tribunales de tercera instancia: los fallos de segunda instancias en los fueros contencioso administrativo, laboral y civil y comercial no se apelarán directamente a la Corte Suprema sino primero ante estos nuevos tribunales.

- Limitaciones de las medidas cautelares: los jueces no podrán disponer medidas cautelares que suspendan normas del Estado por más de seis meses. En ese lapso deberán fallar sobre las cuestiones de fondo de las causas. Se contemplan excepciones cuando se afecte a “sectores sociales vulnerables”, la “vida digna” o en conflictos laborales.

- Elección por oposición de los empleados: hasta ahora eran designados por el juez de cada juzgado. A futuro deberán hacer oposiciones para los cargos de mayor nivel o un examen y un sorteo para tareas menores.

- Publicidad de los actos: los tribunales de segunda y tercera instancia y la Corte Suprema deberán ofrecer en Internet la información de las causas.

- Publicidad de los patrimonios de los funcionarios judiciales: hasta ahora solo los altos cargos del Ejecutivo y los legisladores debían difundir su patrimonio.