Se vota en la Cámara de los Lores la libertad de expresión

Ante la votación que se debe dar este miércoles en el Parlamento Británico, la reivindicación por una mayor libertad de expresión toma aún más fuerza gracias a dos nuevas voces autorizadas. Por un lado, el Fiscal General del Estado se ha mostrado favorable a cambiar la Ley de Orden Público para que las opiniones de los ciudadanos no puedan ser censuradas tan fácilmente como hasta ahora. Por otra parte, la Alianza Evangélica Británica se unió a la campaña “Reform Section 5”, con el fin de hacer cambios en una legislación que, según muchos, fomenta detenciones policiales “ridículas”.

Gran Bretaña es una de los países más democráticos del mundo. Los debates sobre todo tipo de temas sociales están al orden del día en la calle, en los medios de comunicación y en su centenario Parlamento. Su sistema electoral mayoritario (al estilo “winner-takes-all”) ha sido criticado porque facilita amplias mayorías de los partidos más grandes, pero a la vez fue ideado para que cada diputado electo sea muy dependiente de los electores de la circunscripción a la que representa.

Por eso, en el país es habitual que los movimientos ciudadanos de base acaben encontrando algún tipo de eco en las decisiones que se toman en las esferas políticas más altas.

Camino de conseguirlo está el movimiento de ciudadanos Reform Section 5. Hoy miércoles se celebra una votación en el Parlamento que podría dar respuesta a su reivindicación. Piden que se acabe con el ahogo democrático que significa la aplicación estricta de una Ley de Orden Público del año 1986, que permite a la policía detener y multar a ciudadanos que expresen opiniones “insultantes u ofensivas”.

CRISTIANOS Y ATEOS UNIDOS
La interpretación libre de esta ley ha llevado en Inglaterra a múltiples denuncias contra todo tipo de personas que al dar a conocer opiniones ‘políticamente incorrectas’ han acabado delante de los tribunales, como explicábamos en este reportaje. Fue lo que le ocurrió a manifestantes con pancartas que describían a la Iglesia de la Cienciología como una “secta”, hosteleros privados que ofrecían habitaciones de matrimonio sólo a parejas heterosexuales, o militantes ateos que ridiculizaron la religión. Una simple denuncia fue suficiente, en estos y muchos otros casos, para que muchos ciudadanos hayan sido detenidos o multados por expresarse de forma “ofensiva”.

Las demandas de esta campaña pro libertad de expresión las han liderado durante meses dos organizaciones teóricamente opuestas: el “Christian Institute” (Instituto Cristiano) y la “Secular Society” (Sociedad Secular). La unión a favor de la libertad de conciencia de estas dos entidades (con intereses radicalmente opuestos) ha animado a muchos otros a unirse a la reivindicación, que ahora une a cristianos, ateos y activistas gays, entre otros. Entre las personalidades que se han involucrado de pleno en esta campaña están el parlamentario David Davis, el activista pro Derechos Humanos Peter Tatchell o el actor Rowan Atkinson (conocido por su papel de Mr. Bean).
EL FISCAL GENERAL APOYA LA INICIATIVA
A todos los apoyos recibidos, se ha unido en los últimos días el Fiscal General del Estado del Reino Unido, Keir Starmer, que ha dicho: “Estoy de acuerdo en que la palabra ‘insultante’ se podría quitar [de la Ley de Orden Público] sin que haya riesgo de debilitar la habilidad del Crown Prosecution Services [Fiscalía Británica] para llevar a cabo sus persecuciones criminales”.

La plataforma pro libertad de expresión pedía precisamente la exclusión del concepto ‘palabras insultantes’ de entre las causas de detención que estipula la ley, por considerar que este punto puede ser interpretado por un agente de policía de forma subjetiva y llevar por tanto a actuaciones policiales exageradas.

La presión, sobre Theresa May, Ministra de Interior británica, aumenta un grado más. “Esperamos que May escuche al Fiscal General de nuestro país y acepte reformar esta legislación superflua, que tiene un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión”, ha pedido “Reform Section 5”.

El Gobierno de Cameron, a quien en última instancia se dirigen las peticiones, ya sabe que según una encuesta de la agencia ComRes, “el 62% de los parlamentarios está en contra de que el gobierno pueda ilegalizar los insultos”, mientras que sólo “un 17% de los parlamentarios cree que reformar la ley y quitar la clausula que habla de acciones ‘insultantes’ debilitaría a la policía en su labor de protección de los ciudadanos”.

LA ALIANZA EVANGÉLICA HABLA DE “MAL USO” DE LA LEY
El apoyo explícito de la Alianza Evangélica Británica a la campaña es un nuevo empuje a la reivindicación. Don Herrocks, responsable de Asuntos Públicos de la Alianza, ha explicado: “Hemos estado pidiendo la reforma de la Sección 5 [de la Ley de Orden Público] ya por algunos años y apoyamos totalmente este nuevo intento de cambiar una ley que está tan abierta a ser mal usada”.

“Al observar amenazas crecientes, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, que tienen el fin de acabar con la expresión pública de puntos de vista que algunos tachan de ‘inaceptables’”, añadía, “es vital que hagamos todo lo que sea posible para preservar la libertad de expresión y la libertad de discrepancia”.

La entidad, que representa a una gran parte de las iglesias evangélicas del país, explica su posición en esta noticia en su página web.

Para saber más sobre la plataforma “Reform Section 5” puede seguir sus iniciativas en FacebokyTwitter. También puede saber más sobre la Alianza Evangélica Británica visitando su página web.