Tribunales de India y Etiopía desoyen las peticiones de justicia y amparo de los cristianos

Dos evangelistas tendrán que cumplir seis meses de prisión, al haber sido acusados de entregar regalos y dinero a la gente por convertirse al cristianismo. Ha sucedido en Etiopía, y aunque no hay pruebas, el tribunal ha rechazado la apelación presentada por los misioneros.

Según fuentes cristianas, Temesgen Alemayehu y Tigist Welde Amanuel, de la iglesia Wengel Lealem en Adís Abeba, fueron a Debiretabor con el propósito de abrir una iglesia. El 19 de julio, después de que unos transeúntes empezasen a discutir con ellos, un grupo atacó a los dos evangelistas, hiriendo a Alemayehu y dejaron a Amanuel con lesiones leves, declaran las fuentes. Un grupo anti-reforma dentro de la Iglesia Etíope Ortodoxa (Ethiopian Orthodox Church o EOC) llamado «Mahibere Kidusan» había incitado a sus miembros para que atacasen a los dos evangelistas.

Después, miembros de la EOC inventaron las acusaciones de ofrecer dinero y regalos para convertir a personas, pero bajo el interrogatorio de la policía, Alemayehu y Amanuel dijeron que compartían su fe con cualquier persona interesada, sin ofrecerle regalos ni dinero. «Existe una conspiración abierta entre los jueces, la policía y los oficiales de la prisión», explicó un líder de la iglesia. «La policía apuró la investigación y la presentó ante el procurador del distrito en un solo día. Los testigos estaban preparados para mentir durante el juicio. Los jueces impusieron las sentencias negándoles el derecho a defenderse».

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Un año después del estallido de violencia en el estado de Orisa, sólo 24 personas han sido condenadas, mientras que el número de indultados asciende a 95, sembrando así sentimientos de impotencia y frustración entre los cristianos que sobrevivieron a los ataques. El Dr. John Dayal, secretario general del Concilio Cristiano de Toda la India (All India Christian Council), calificó los juicios como «una farsa de la justicia».

El mes pasado, una ONG, la Iniciativa Popular por la Justicia y Paz (IPJP), presentó un informe según el cual se han presentado ante la policía 2500 denuncias después de los actos violentos que tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2008 en el distrito de Kandhamal. La policía tramitó solo 827 denuncias y arrestó a menos de 700 personas, a pesar de que en las mismas se denunciaba a unas 11.000 personas como participantes en los ataques, según el estudio realizado por la IPJP.

Entre los indultados se encuentra Manoj Pradhan, quien tras presuntamente encabezar grupos de exaltados que mataron a cristianos e incendiaron sus casas llegó a ser, unos meses después, parlamentario estatal por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party. Pradhan, que se enfrenta a cargos en cinco casos de homicidio y seis casos de incendio provocado, ha sido absuelto en tres ocasiones. Al mismo tiempo, el pasado 23 de septiembre, un tribunal condenó a cadena perpetua a los autores del asesinato del pastor Akbar Digal que tuvo lugar durante los actos de la violencia de 2008.

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Los cristianos han ganado la batalla ante los tribunales, ya que se les ha reconocido el derecho de celebrar cultos en su propio edificio en Ciudad Depok, Java Occidental. El 27 de marzo, el alcalde de Depok, Nur Mahmudi Ismail, había revocado el permiso de construcción para el edificio multiuso y casa de culto de la iglesia Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) después de las quejas presentadas por musulmanes.

El 17 de septiembre, un juzgado de Bandung anuló la orden por la que se revocaba el permiso de construcción de la iglesia, abriendo así el camino para que se reanude el culto. El juez principal, A. Syaifullah, leyó el fallo del tribunal compuesto por tres magistrados, en el cual se calificaba el argumento del alcalde para cancelar el permiso de construcción de inadecuado.

El alcalde había dicho que la mayoría de la gente que vive cerca de la iglesia había puesto objeciones al proyecto de construcción. «Estas objeciones de los residentes deberían haberse registrado cuando el permiso de construcción estaba en su proceso de aprobación, y no protestar después de estar aprobado», decía Syaifullah. Añadió que el alcalde también debería de haber tomado en consideración las opiniones de los miembros de la iglesia. «En este caso, la revocación del permiso de construcción se basaba en las objeciones de un grupo en la comunidad sin tener en cuenta al otro grupo».