Empeora la situación para los cristianos en India y Kenia; con esperanza en Pakistán

El gobierno nacionalista hindú, en el estado de Karnataka, región que ocupó el segundo puesto en India en el número de ataques contra cristianos durante el año pasado, contempla la posibilidad de introducir la ley “anticonversión” en su región. La introducción de esta legislación no sólo limitaría claramente la libertad de expresión de los cristianos, sino que se convertiría en un pretexto para justificar la violencia contra los propios cristianos, como ha sucedido en otros estados del país.

En principio, este tipo de leyes son diseñadas para evitar que se manipule a la población para conseguir conversiones proselitistas, pero por lo general son interpretadas como una criminalización de cualquier conversión. Los comentarios de algunos funcionarios públicos, refuerzan esta idea.

Esta ley pues, se implantará pese a que la constitución de la India garantiza la libertad religiosa. El Bharatiya Janata, Partido en el gobierno del estado, “quiere aprobar una ley anticonversión, para evitar que inocentes hindúes sean engañados por otras religiones”. Lo ha dicho el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Karnataka, Kumar, en una entrevista concedida a una publicación fundamentalista hindú.

Los grupos de defensa de los derechos humanos ya han denunciado en otros países que estas leyes impiden cualquier conversión en general.

Ante la situación, el Doctor Sajan K. George, presidente nacional del Consejo Global de los Indios Cristianos, con base en Karnataka, ha expresado su preocupación este proyecto de ley. También ha hecho referencia a su inquietud por la lentitud del gobierno en el procesamiento de los que han atacado a cristianos: “Lamentablemente, 2008 ha significado la peor clase de regresión en nuestra sociedad, la iglesia en la India experimentó una ola de violencia y persecución sin precedentes desde la llegada del cristianismo a nuestro país hace 2.000 años,” afirmó Sajan.

“OÍDOS SORDOS” DE LAS AUTORIDADES EN KENIA
Otra situación de completa desatención de las autoridades hacia quienes son perseguidos por motivos religiosos se da en el norte de Kenia. Allí, los miembros de una iglesia cristiana que fue destruida en septiembre se muestran cansados y desilusionados.

Llevan seis meses pidiendo a las autoridades que se abra una investigación para detener a un grupo de islamistas radicales que entró en el recinto durante una celebración. Destrozaron totalmente el edificio después de echar a las 400 personas que había en el interior.

Los cristianos, que siguen celebrando sus reuniones a pesar del bochornoso calor al aire libre, afirman que se sienten desilusionados no solo porque las autoridades no han hecho nada por castigar a los culpables, sino porque tampoco no han recibido ningún tipo de ayuda para intentar reconstruir su iglesia. “Después de seis meses al aire libre, la iglesia se siente exhausta y engañada”, explica el pastor David Matolo.

“Estamos hartos de escuchar a los representantes del gobierno hacernos promesas que nunca cumplen”, añade Matolo, que explica que la comunidad comenzó sus cultos en Garissa a principios de 2001 con sólo una docena de miembros

La conclusión de Matolo es triste: “La iglesia piensa que el gobierno está dejando pasar el tiempo. Casi todos los meses me reúno con las autoridades de la zona, pero siempre hacen oídos sordos a nuestras demandas”.

REACCIÓN DE LA JUSTICIA EN PAKISTÁN
En Pakistán, en cambio, pese a una larga espera, parece que los derechos de las minorías van mejorando. Es el caso de una familia cristiana que podría recuperar a su hija de 13 años, secuestrada y casada por la fuerza con un musulmán.

Después de varios meses de silencio legal, los abogados que llevan el caso en Pakistán declaran que han recuperado las esperanzas de solucionar el caso. Saba Masih podría regresar con su familia, según las declaraciones de los abogados, si consiguen presionar legalmente al entorno policial paquistaní que ha puesto trabas a sus tentativas de acusar de secuestro a los captores de la joven. Hace unas semanas, por primera vez, un juez paquistaní acusó a los sospechosos de secuestro y dictó una orden de arresto de siete meses.

Sin embargo, pese a la decisión del juez, Chawk Munda, la policía de la población donde se dio el caso no llevó a cabo la orden, y los tres musulmanes siguen en libertad.

El juez pocos días después se puso en contacto con la comisaría local y ha ordenado a los oficiales el registro del caso de secuestro contra los tres hombres.

El abogado de la familia, musulmán, declaró que los tres secuestradores entraron sin autorización en la propiedad de Yunus Masih, el padre de Saba, y amenazaron con matar a su familia e incendiar su casa a finales de diciembre.

La decisión de admitir a tramite el secuestro da un giro importante a la marcha del caso. En las audiencias preliminares los jueces casi siempre habían dado la razón a los secuestradores –bien apoyándose en pruebas dudosas o por ceder a las amenazas de musulmanes radicales- en la batalla legal por conservar la custodia de Saba y su hermana de 10 años Aneela, a la cual se le permitió regresar con su familia el pasado septiembre.