La muy atípica libertad religiosa en China

Según las reglas del país, los extranjeros no pueden establecer organizaciones religiosas ni llevar a cabo actividades relacionadas con el proselitismo religioso sin permiso de las autoridades. La advertencia está especialmente dirigida a los grupos de misioneros cristianos que han planeado enviar a voluntarios evangelistas a China aprovechando el certamen deportivo.

El respeto a la libertad religiosa es uno de los puntos más controversiales del Gobierno Chino.

Debido a la coyuntura política, de las cuatro religiones permitidas en China como son el cristianismo (catolicismo y protestantismo), el islam, el budismo y el taoísmo, es el budismo el mayoritariamente practicado en la Región Autónoma del Tíbet, y la más controlada. El Estado también ejerce una férrea vigilancia sobre la etnia uygur que profesa el islam en la provincia de Xinjiang. Según las autoridades, en ambos grupos religiosos se han infiltrado elementos separatistas que se escudan en su fe.

Los grupos religiosos cristianos también sufren discriminaciones, aunque por otros motivos y en menor proporción.

El informe del 2007 sobre libertad religiosa concluye que "el respeto a la libertad religiosa del Gobierno Chino se mantuvo pobre, especialmente para grupos religiosos y espirituales no registrados oficialmente", aunque no ofrece datos consolidados ni cifras comparativas con años anteriores. La organización Human Rights Watch denuncia que estos grupos son perseguidos penalmente, multados y clausurados.

Para supervisar que cada una de las cuatro religiones reconocidas actúe según los parámetros gubernamentales, se han establecido las llamadas “asociaciones patrióticas”, una por cada creencia. Los dirigentes de estas asociaciones se adhieren a la línea del partido y son el puente entre el Gobierno y el grupo religioso.

Según explica el informe, el Gobierno Chino tiende a percibir a los grupos o reuniones religiosas no reglamentadas como un posible desafío a su autoridad, por lo que intenta controlarlos.

Muchos grupos religiosos se niegan a inscribirse -por ir en contra de sus principios religiosos- con sus asociaciones patrióticas, y otros alegan que hacerlo implicaría aceptar el control de sus contenidos religiosos.

Los grupos protestantes no autorizados no están dispuestos a renunciar a su derecho a difundir su religión, actividad considerada proselitismo por el Gobierno y, por lo tanto, prohibida. Los católicos no autorizados objetan, entre otras cosas, diferencias irreconciliables entre su dogma y ciertas políticas de Estado, como la del hijo único, que implica el aborto en caso de un segundo embarazo.

Mientras el país crece a pasos agigantados, las libertades religiosas para sus ciudadanos no muestran progresos significativos.