Italia: mano dura contra los inmigrantes, con protestas de evangélicos y católicos

Durante el Consejo, el gabinete italiano acordó adoptar una serie de medidas cuyo objetivo, según el gobierno, es garantizar la seguridad de los ciudadanos italianos.

El conjunto de estas medidas se conoce como ´paquete de seguridad Maroni´, en alusión al ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, miembro de la Liga Norte, y responsable de la nueva legislación.

Teniendo en cuenta que el gobierno de Berlusconi goza de mayoría en las dos cámaras, es de prever que los proyectos de ley se aprueben en el debate parlamentario.

PRINCIPALES CAMBIOS
La medida más destacada y que ha levantado mayor polémica es la tipificación de la inmigración ilegal como delito. En un principio, el gobierno quería aprobar esta medida como decreto urgente y conseguir su aplicación inmediata, pero para ello se requería la firma del presidente de la República, Giorgio Napolitano, que no ha considerado tal circunstancia de urgencia como para tramitarlo por esa vía.

Pero la decisión de convertir la inmigración ilegal en delito no es la única medida adoptada por el gobierno italiano. Con la nueva ley, a los inmigrantes indocumentados que cometan un delito se les agravará la pena en un tercio; los alcaldes tendrán más poderes para expulsar a los inmigrantes que consideren en situación irregular, procedan o no de países miembros de la Unión Europea; se dificultarán los procesos de reagrupación familiar, limitándolos a los casos de padres e hijos que demuestren su parentesco mediante prueba de ADN; los inmigrantes tendrán que demostrar que tienen vivienda, ingresos suficientes y seguro médico; y se ampliará el plazo máximo durante el cual los inmigrantes pueden estar retenidos en centros de internamiento hasta los 18 meses.

Asimismo, se perseguirá a aquellos que alquilen sus viviendas a inmigrantes indocumentados, pudiendo ser sancionados con una multa de 50.000 euros y la confiscación del piso.

Los extranjeros que permanezcan en Italia de forma irregular podrán ser condenados a penas que oscilan entre los seis meses y cuatro años de cárcel.

¿RESPALDO DE LA CIUDADANÍA?
Las medidas no sorprenden a casi nadie. El endurecimiento de la política sobre inmigración fue uno de los pilares en los que se basó la campaña de Silvio Berlusconi para recuperar el poder en Italia y, valorando la amplitud de su victoria electoral, se puede decir que la ciudadanía respalda estas restricciones a la inmigración.

En opinión de Carlo Cascione, periodista de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, no olvida la responsabilidad de los medios de comunicación en la criminalización de los inmigrantes. Cascione subraya que los medios dan más relevancia a las noticias en las que los extranjeros son responsables de algún crimen que a las informaciones en las que los sospechosos son ciudadanos italianos.

REACCIONES DESDE DISTINTOS SECTORES
Las reacciones en contra de la normativa propuesta por el gobierno italiano no se han hecho esperar. Las voces más críticas han llegado desde organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y desde la Iglesia Católica y la Protestante.

En un comunicado, ACNUR denuncia que estas medidas podrían amenazar las garantías fundamentales relativas al procedimiento del derecho de asilo, y señala que la modificación de la ley italiana entraría en oposición con uno de los principios del Convenio europeo de derechos humanos que prevé el derecho de apelación. Sin embargo, el ministro Maroni ha subrayado que la nueva ley se acoge de manera fiel a la normativa europea.

Por su parte, tanto la Iglesia Católica como la Protestante han manifestado su oposición a la legislación, afirmando que las leyes vigentes son suficientes para encarar la política migratoria y que este giro del gabinete italiano instigará al odio y enrarecerá el clima de convivencia.

ROCES CON EL GOBIERNO ESPAÑOL
En este contexto, cabe recordar que las relaciones entre el gobierno italiano y el gobierno español se han visto enturbiadas en los últimos días por la política sobre inmigración. Algunos ministros españoles han calificado de xenófoba la estrategia del gobierno Berlusconi, lo que ha provocado malestar en Italia.