La Iglesia Evangélica Fuente de Vida de Móstoles ha emitido un comunicado en el que niega que la persona acusada de abusos a menores ostentase algún cargo de responsabilidad y asegura que los presuntos abusos no se cometieron en las instalaciones de la congregación.

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El comunicado, firmado por el pastor y representante legal de la iglesia, Edel de Jesús González Jiménez, se refiere de forma crítica a la información publicada por El Confidencial el lunes.

Sin responsabilidad en la iglesia

En primer lugar, la iglesia quiere manifestar “su total y completo rechazo de cualquier situación o caso de abuso, especialmente de abusos sexuales cometidos contra menores y otros colectivos vulnerables. Estas conductas delictivas e inmorales son completamente contrarias a las creencias cristianas que sostiene esta entidad religiosa”, exponen.

En cuanto a la persona que está siendo investigada como autor de los abusos, se aclara que “no es ni ha sido Pastor, ni personal religioso, ni ostenta ni ha ostentado cargos de responsabilidad o representación de esta iglesia”. Asimismo, se añade que el investigado “asistía regularmente junto a su familia a los actos de culto de esta iglesia y colaboraba como todos en algunas actividades organizadas por la misma hasta que, un par de meses antes de conocerse los presuntos abusos denunciados, dejó de asistir”.

Apoyo a la familia afectada

Desde la iglesia añaden que los hechos de abuso presuntamente sucedieron “en el domicilio privado de la familia de la víctima y no en la Iglesia ni en ninguna de sus dependencias. Y, según han denunciado a la policía los familiares del niño afectado, se producen en el ámbito de las relaciones de amistad que mantenían con el presunto abusador, al que tras el relato del niño a sus padres procedieron a denunciar de inmediato”.

La iglesia explica además que no dio conocimiento público de estos hechos daoo que “tras denunciar los hechos a la policía, la familia de la víctima comunicó lo sucedido a los responsables de esta iglesia, dando expresas indicaciones de que el asunto no se difundiera, por protección de la privacidad del menor y por respeto a la investigación que ya estaba teniendo lugar en el Juzgado, que se encontraba bajo secreto de sumario”.

Además, la iglesia comunica que los responsables de la misma “se han puesto a disposición de la familia, ofreciéndoles no solo apoyo espiritual y emocional sino también económico, para ayudarles a afrontar los gastos derivados del procedimiento judicial puesto en marcha y los honorarios de los profesionales que ejercerán la defensa jurídica del menor. Que la familia de la víctima continúa asistiendo a esta iglesia y en un vínculo de comunión fraterna con los pastores y demás miembros de la congregación”.

Finalmente, la iglesia expresa su “repulsa al trato que algunos medios de comunicación han dado a esta Iglesia en sus informaciones, en las que se refleja desconocimiento y prejuicios que no hacen más que contribuir a la desinformación y a la estigmatización social de una pequeña congregación cristiana dedicada a la proclamación del Evangelio, a ayudar a personas migrantes y otras en situaciones de vulnerabilidad social”.

Reunión con FEREDE

El responsable de la iglesia, el pastor Edel de Jesús González Jiménez, mantuvo una reunión el martes por la mañana con Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de FEREDE, que recomendó al pastor redactar el comunicado difundido este martes por la tarde.

Tras la reunión, Carolina Bueno ha informado que FEREDE “con la información de la que dispone hasta el momento, no encuentra razones que pudieran justificar acciones cautelares contra el Ministro de Culto ni la iglesia Fuente de Vida de Móstoles”.

El expediente informativo “permanecerá abierto a la espera de eventuales nuevos datos o detalles que puedan derivarse de la sentencia judicial contra el presunto abusador, cuando ésta se produzca”.

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Al margen del caso concreto, La FEREDE insistió en “la necesidad de mantener la guardia alta” frente a este tipo de abusos y pedir a sus iglesias y entidades que no ahorren esfuerzos y que adopten todas las medidas recomendadas en los protocolos de prevención de delitos a fin de proteger a las personas vulnerables, especialmente a los menores de edad.