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El Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española han anunciado este lunes que han llegado a un acuerdo sobre las inmatriculaciones.

Según el comunicado difundido desde Moncloa y avalado por la Conferenia Episcopal, en los últimos meses se ha intensificado “los trabajos de la Comisión constituida entre ambas partes dentro del diálogo entre la Iglesia y el Estado español, sobre el asunto relativo a los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica”.

Tras remitir el Gobierno al Congreso un listado de casi 35.000 bienes registrados en el período 1998-2015, la CEE “ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis”.

En este análisis “se ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. Se trata, concretamente, de un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española. La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder”.

A su vez la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho público un libro donde analiza el listado de bienes inmatriculados entre 1998-2015 que el Gobierno entregó al Congreso. De todos ellos, admite errores en las inscripciones en unos 2.500, y de estos se abre a devolver casi 1.000.

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La inmensa mayoría son fincas rústicas o urbanas –653–, mientras que el resto son lugares de culto, viviendas o cementerios. En total representan el 2,8% de bienes.

Críticas al acuerdo

El resultado del análisis y el acuerdo alcanzado entre Gobierno y CEE, sin embargo, no satisface a todos. Colectivos en defensa del patrimonio ven cómo se recuperan solo el 2,8% de los bienes. “No se recuperan casi un millar; se le está concediendo a la Iglesia los 34.000 restantes”, critican las asociaciones, que creen que el acuerdo no es más que un “lavado de cara” por parte del Gobierno, tal y como recoge el portal Infolibre.

Diversos expertos en patrimonio calculan que los bienes inmatriculados por la ICAR podrían llegar a 100.000, por lo que el informe podría llegar a solo un tercio del total.

Una maniobra injusta

La Iglesia Católica contó con una modificación de la Ley Hipotecaria realizada por el ejecutivo de Aznar en 1998 que le permitía registrar las propiedades que no contaban con un registro previo, bienes que en algunos casos eran de dominio público. Esta ley ventajosa para la ICAR estuvo vigente hasta 2015, cuando fue modificada por el ejecutivo de Rajoy. “La reforma colocaba a la Iglesia Católica en una posición de ventaja, reconociendo el estatus de casta privilegiada a la ICAR”, expone el periodista César Vidal.

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En mayo de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo puso en duda la práctica de las inmatriculaciones, con una multa de más de 600.000 euros a España por privilegiar a la Iglesia con respecto a unos terrenos en Palencia que habían sido adquiridos por una empresa y posteriormente registrados por la Iglesia Católica.

“La Iglesia Católica ha recibido durante años esta concesión injusta, que la institución no consiguió con tantas ventajas ni siquiera durante la etapa de Franco”, expone el periodista César Vidal. “No pocos bienes que pertenecen al patrimonio nacional se han visto expoliados por la ICAR, por ejemplo al dar beneficios por la venta de algunos de ellos”, añade.

“Lo ocurrido no hace más que certificar que la Iglesia ha estado inscribiendo bienes a su nombre que no eran suyos sin tener que demostrar que le pertenecían, lo que es algo gravísimo e inconcebible en cualquier país europeo”, señala Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y miembro de la Coordinadora Recuperando. “Unilateralmente inscribió lo que quiso y unilateralmente devuelve lo que quiere. Es algo inaudito que otorga un enorme poder simbólico a la jerarquía católica”, lamenta Rodríguez.