El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
“Nos ha ayudado a entrar en diálogo con muchos municipios”, aseguran desde el Consell Evangèlic. También remarcan que, hasta ahora, no se ha producido ninguna situación “que deba preocupar”.
Han pasado nueve meses desde que en octubre de 2020 acabase de forma oficial la moratoria de la Ley de Centros de culto en Cataluña, en vigor desde agosto de 2010 y que obliga a las comunidades religiosas con locales registrados anteriormente a ajustarse a las ordenanzas de la nueva normativa. Y, por ahora, la valoración general en el ámbito evangélico es positiva.
Durante los años previos al final de la moratoria, la norma había generado algunas preocupaciones entre las minorías religiosas en Cataluña. Sin embargo, desde el Consell Evangèlic (CEC, por sus siglas en catalán) explican que su aplicación desde octubre les “ha ayudado a entrar en diálogo con muchos municipios”, en referencia al peso que tienen los ayuntamientos en la ejecución de la norma a efectos prácticos y como nivel de la Administración con el que las comunidades de fe pueden establecer un contacto más directo.
“Hoy por hoy, y desde hace muchos años, después de este tiempo de pandemia, no hay ningún caso de problemática con una iglesia que sea conocido. No hay ninguna situación que nos deba preocupar, ni se ha cerrado ninguna iglesia”, afirma el secretario general del CEC, Guillem Correa. Desde la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat también han explicado a Protestante Digital que “no consta el cierre de ningún lugar de culto” y manifiestan saber que “la mayoría de los centros de culto que habían abierto antes de 2010 y que no tenían licencia, han aprovechado el periodo de diez años para dar cumplimiento a las condiciones básicas de seguridad”.
Según señalan desde el Consell, “la problemática no ha sido nunca con la ley sino con la interpretación de los ayuntamientos”, que es el ámbito de la Administración que tiene la última palabra, aunque la norma la aprobó la Generalitat. Por eso, desde Asuntos Religiosos de Cataluña dicen “no tener datos absolutos” en cuanto a cómo ha afectado el fin de la moratoria a las comunidades religiosas con locales y edificios anteriores a 2010. “Los centros de culto que no se hayan regularizado dentro de este periodo de tiempo lo pueden hacer dando cumplimiento a las nuevas condiciones para abrir nuevos centros de culto”, añaden.
Esa comunicación directa con los consistorios es uno de los factores que desde el Consell destacan como más favorable en el marco de la norma. “Cuando hay una situación de desencuentro [entre las iglesias y los ayuntamientos] hacemos una labor de conciliación y mediación. Con esto, en la mayoría de los casos conseguimos que se establezca un diálogo. Debemos estar agradecidos por todos los ayuntamientos que muestran sensibilidad para encontrar soluciones posibles”, defiende Correa.
Un ejemplo de avance en las relaciones con la Administración local es el caso de L’Hospitalet de Llobregat, municipio en el que un grupo de iglesias llegaron a protestar ante el edificio del consistorio y cuya situación respecto a los lugares de culto llegó al examen del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre España en julio de 2020. En noviembre del mismo año el Consell anunció un acuerdo con el Ayuntamiento para evitar el cierre de cuatro iglesias evangélicas y hace poco la entidad ha anunciado la creación de la figura de un delegado especial para ocuparse exclusivamente del diálogo con el consistorio, del que ahora destacan su “voluntad de entendimiento”.
“Los centros de culto que realizan su actividad sin cumplir las condiciones correspondientes se exponen a diversas medidas cautelares. La Administración local es quien tiene competencias en este aspecto. Por tanto, son los ayuntamientos los que pueden tomar las medidas correspondientes ante el incumplimiento de la Ley de centros de culto”, subrayan desde la Dirección General Asuntos Religiosos de la Generalitat.
Además de la relación con la Administración local, desde el Consell Evangèlic recuerdan la importancia que supone el hecho de que la ley nazca a partir de la iniciativa de la comunidad evangélica en Cataluña. “Gracias a Dios conseguimos la ley. Por primera vez tenemos una ley inspirada por la comunidad protestante en todo el Estado español. La ley es muy positiva en el sentido de la respuesta institucional a una iniciativa de la comunidad protestante”, remarca Correa.
El secretario general del Consell Evangèlic considera que “es una herramienta perfeccionable” y asegura que “la hubiese redactado mejorándola mucho”, pero insiste en que ha permitido “más capacidad de diálogo y entendimiento”. “Me hubiera gustado que fuese más lejos, pero debemos reconocer la musculatura que tenemos”, dice en referencia a la minoría que representa el protestantismo en Cataluña, a pesar de su crecimiento. “Ojalá que en otras comunidades el pueblo protestante pueda proponer una ley así a los gobiernos. Debemos dar gracias a Dios”, añade.
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