El Consejo Evangélico de Castilla y León y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) han enviado una carta conjunta al gobierno de la comunidad autónoma pidiendo la retirada de la limitación de un máximo de 25 personas para los actos religiosos. La medida fue aprobada por la Junta el 16 de enero y, además de reducir el aforo permitido al tercio del local en la celebración de cultos, también establece un tope de 25 personas por reunión.

En su escrito, el Consejo Evangélico autonómico y Ferede dicen estar “preocupados” por lo que consideran “severas restricciones a la libertad religiosa, que no está siendo suficientemente explicadas o motivadas” y que parten de “una base legal discutible”. “Las autoridades no siempre están tomando en consideración, suficientemente, la naturaleza del derecho fundamental de la libertad religiosa y de culto”, recriminan las entidades en su carta al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la Consejera de Sanidad, Verónica Casado. 

También recuerdan que “las iglesias han demostrado su responsabilidad y compromiso por evitar los contagios en sus lugares de culto desde el inicio de la pandemia”, y no descartan “recurrir a la vía judicial para la defensa de los derechos de sus iglesias miembro”.

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La asociación Abogados Cristianos solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de esta decisión de la Junta de Castilla y León, poco después de que se decretase. Sin embargo, la institución ha rechazado la petición por haber sido realizada antes de la interposición del “recurso contencioso-administrativo”.

“Nos cuestionamos por qué se hace necesario introducir esta restricción”

En la carta, los representantes evangélicos señalan que, aunque “todas las medidas adoptadas hasta el momento en los lugares de culto vienen demostrando su eficacia”, “nos cuestionamos por qué se hace necesario introducir esta restricción adicional, teniendo en cuenta que afecta de una manera tan importante a la celebración de los cultos religiosos de esta confesión”.

Además, recuerdan al gobierno autonómico que “hay lugares de culto con gran capacidad que pueden celebrar sus cultos y reuniones religiosas de forma segura con una asistencia superior a este máximo de 25 personas”.

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Desde Ferede también aseguran que con la decisión, “el gobierno de Castilla y León ha ido más allá de las atribuciones que le han sido conferidas”, las cuales, según explican, “el artículo 8 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre” limita a “la fijación de aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos”. La Junta, remarcan, “ha establecido un número máximo de asistentes, una vez más, de manera desproporcionada e injustificada, y sin base legal en el Real Decreto aprobado por el gobierno central”.