Las Islas Canarias se han convertido en el epicentro del último episodio en la crisis migratoria europea. Si a principios de año, la acción se concentraba en las islas del Mar Egeo, después de que Turquía desafiase a la Unión Europea y abriese sus fronteras, durante las últimas semanas han sido puertos canarios como el de Arguineguín los que se han visto desbordados por la llegada de personas.

“La situación es extraordinaria, además de lamentable y grave. Es una situación de crisis humanitaria. La limitación del propio territorio insular hace más evidente el problema”, explica Enrique Solana, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro de una iglesia evangélica en la misma ciudad.

Según el Ministerio de Interior, Canarias ha recibido la llegada de 19.566 personas desde el 1 de enero al 30 de noviembre de este año, un aumento del 881,7% respecto al mismo periodo de tiempo del 2019.

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El muelle de Arguineguín, ahora vacío después de más de tres meses, y donde han llegado a acumularse más de 2.500 personas a la intemperie, ha sido la imagen de esta enésima crisis. “Miles de personas han estado en ese muelle a la intemperie, teóricamente para cumplir las 72 horas de custodia y filiación policial, pero se ha alargado la estancia. La cosa se estaba poniendo tan desbordada que hace dos semanas empezaron a sacar a las personas en grupos de 200 para dejarlas en la calle, pero eso se paró porque la gente puso el grito en el cielo”, explica Ángel Manuel Hernández, pastor de la iglesia Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura y miembro de la junta del Consejo Evangélico de Canarias.

Respuesta evangélica

Misión Cristiana Moderna es una de las comunidades evangélicas en las islas que se ha dedicado a trabajar en la acogida y la asistencia de las personas recién llegadas. Un trabajo que la ha valido el reconocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Nosotros atendemos a los migrantes que llegan en lo básico, proveyéndoles ropa, aseo, medicinas y alojamiento, en decenas de casos. También les gestionamos las tarjetas sanitarias y, desde que comenzó la pandemia, estamos tratando las cuarentenas y los casos de Covid-19, mano a mano con el Servicio Canario de Salud y Emergencia del Cabildo de Fuerteventura. Tenemos internos en los lugares de cuarentena, con sus medidas estrictas, que les atienden en sus necesidades mientras superan la enfermedad”, asegura Hernández.

La asistencia realizada por Misión Cristiana Moderna tiene un coste de más 100.000 euros anuales, que no cubren las subvenciones a las que tienen acceso ni las aportaciones de particulares. “Lo que necesitamos son recursos de alojamiento permanentes, como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o los Centros de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), que es lo que somos nosotros y que permiten gestionar los traslados de forma ordenada, favoreciendo la identificación de perfiles de vulnerabilidad para dar una respuesta de acogida y atención acorde a sus necesidades”, apunta el pastor. 

“La cosa está tan desbordada que los abogados que les asigna el Estado no aparecen y eso es terrible porque muchos de ellos necesitan asilo, sobre todo los que vienen de Mali. Esa es una atención que se les debería prestar y que estamos buscando la manera de poder hacerlo”, añade.

Inacción institucional

Más allá de la cuestión económica, Hernández lamenta lo que considera una “improvisación” por parte del gobierno central respecto a la situación. “Me da la impresión de que piensan que esto se acabará pronto, pero el fenómeno migratorio no va a terminar. Es una cuestión relacionada con la situación de pobreza extrema en toda África, y mientras no acabe eso, no acabará la inmigración”, dice.

[photo_footer]Un grupo de mujeres en las instalaciones de la Misión Cristiana Moderna. / RTVE[/photo_footer]

Para Solana, “la verdadera cuestión es plantear si ha existido alguna respuesta, hasta ahora escasas y poco comprometidas”. “La respuesta del gobierno central ha mantenido una actitud ‘colonialista’ negando la realidad, según el ministro Grande-Marlaska ya resuelta, hasta que lo medios han manifestado la verdadera situación. Esta actitud es paralela en algunos ámbitos europeos, destinando fondos para convertir a Canarias en muro de contención continental frente a la migración procedente de África”, explica.

Tampoco pasa por alto el uso politizado que se ha hecho de la situación. “Desde el gobierno central se ha establecido como único su criterio, o más bien sus intereses, sin tomar en cuenta las consideraciones de los diferentes aspectos que las autoridades locales denuncian. También, algunas de esas consideraciones han sido con silencio o de bajo perfil, por connivencia partidaria con el gobierno central; otras, con magnificación del problema, por la misma razón pero en oposición. La conclusión que producen estas actitudes es la de no resolver el problema humanitario, ni impedir el efecto sobre el tejido social y económico en las islas”, remarca Solana.

Un lugar de paso

Este mes de noviembre, en plena crisis migratoria en Canarias, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha viajado a Senegal para negociar una acción conjunta junto a las autoridades locales en el control de la salida de embarcaciones desde las costas senegalesas. “Llevamos meses trabajando tanto en la acogida, como en la colaboración de los países de origen y tránsito para impedir los mecanismos de entrada irregular dentro del marco reglamentario europeo. Lo haremos en coordinación, con toda discreción y respetando la dignidad de las personas”, ha señalado la ministra.

España no es el primer país de la costa mediterránea que se reúne de forma bilateral con un país africano para abordar la cuestión migratoria. En 2017, Italia ya cerró un polémico acuerdo con Libia, por medio del cual se comprometía a dar dinero a cambio de que los guardacostas libios interceptasen las embarcaciones irregulares. Un acuerdo que fue renovado en enero de este año a pesar de las críticas de muchas organizaciones humanitarias.

El refuerzo de la vigilancia sobre otras rutas del Mediterráneo, como la de Libia o la del sureste europeo, han aumentado el tráfico de embarcaciones en dirección a Canarias, que ha crecido en un 499,1% respecto al año anterior. Las islas, sin embargo, son un lugar de paso. “Se ha bloqueado el acceso al continente europeo reforzando la vigilancia en otras rutas y quedando las Islas Canarias como único canal de llegada a Europa. El objetivo principal de los migrantes sigue siendo acceder al territorio continental, casi nunca mantenerse en las islas, pues les aportan pocas expectativas de desarrollo laboral”, explica Solana. 

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“La mayor parte de las personas que llegan a Canarias procedentes de África no traen la intención de integrarse en la sociedad local, pensando en hacerlo en la de su destino final, pues su deseo es continuar camino hacia la zona continental”, apunta. Sin embargo, Solana señala la capacidad integradora de las islas, donde “tradicionalmente hemos convivido con personas procedentes tanto del territorio africano como latinoamericano”. “El problema está en resolver la crisis humanitaria que provoca el legítimo derecho de buscar una mejor vida encontrando mayor protección, y resolver la crisis turística que produce una percepción caótica en el tránsito de personas y que añade apreciaciones negativas sobre la seguridad a un sector tan sensible como el del turismo, principal fuente de ingresos de esta comunidad”, manifiesta.

El escaso reasentamiento de personas y los riesgos de la ‘primera etapa’ del viaje, sin embargo, hacen que para muchos sea difícil la idea de continuar hacia el continente. “Las personas llegan en unas condiciones lamentables, después de haber sufrido mucho. La mayoría tarda unos dos años en llegar a Marruecos. El viaje desde sus países lo hacen a pie. Las mujeres sufren toda clase de penurias, como violaciones, maltratos o embarazos no deseados. Muchas de ellas llegan con niños pequeños que han nacido en el camino. En Marruecos trabajan todo un día por una simple cabeza de pescado esperando a tener el dinero para abordar una patera que cuesta, en el caso de la más barata, unos 1.500 euros”, explica Hernández.

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[title]La comunidad autónoma que registra más llegadas[/title]

[text]Según el último informe del Ministerio de Interior sobre inmigración irregular, las Islas Canarias absorven la gran mayoría de llegadas al conjunto del Estado español. El archipiélago ha acogido más de la mitad de las 37.213 personas que han llegado entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, y que en total suponen un aumento del 25,7% de las llegadas respecto al año anterior.[/text]

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