El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
El informe del órgano es preceptivo, no vinculante, y previo al recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional
El Consejo de Estado ha concluido que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña aprobada este lunes para iniciar el proceso hacia la independencia y da luz verde, por unanimidad, al recurso que presentará el Gobierno.
El órgano entiende que la aprobación es un acto susceptible de ser impugnado e idóneo para ser recurrido ante el Constitucional ya que, al igual que ocurrió con la convocatoria de la consulta catalana del 9-N de 2014, la resolución es “definitiva” y no requiere ningún otro trámite adicional.
El Consejo de Estado ha tenido en cuenta que la decisión que refleja la resolución de crear un “estado catalán independiente” va en contra de la soberanía nacional, que reside en el “pueblo español”, tal como indica la Constitución.
Por ello, el Consejo considera que el Parlamento catalán no solo está contraviniendo la Constitución sino que, además, está asumiendo una competencia que no le es propia. Así, apunta que la resolución es contraria a los artículos 1.2 y 2 de la Ley Fundamental.
El dictamen también destaca el hecho de que la resolución advierta de su intención de desobedecer al Tribunal Constitucional lo que, a su entender, es expresión de una voluntad de desobediencia o desacato a la Constitución y comporta una conculcación “inmediata” del principio de primacía de la Constitución como norma fundamental.
Por tanto, vulnera el artículo 9 que sostiene que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
El miércoles por la mañana tendrá lugar la reunión del Consejo de Ministros con el fin de aprobar la presentación del recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional.
El informe del Consejo de Estado es preceptivo, es decir, el Ejecutivo está obligado a solicitarlo antes de acudir al Constitucional pero no es vinculante.
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