El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
El 87% de los agresores fueron hombres (el 57% de 18 a 35 años). En el 28,4% de los casos los responsables eran chicos jóvenes que estaban de fiesta
Un 47,1 por ciento de las personas sin hogar ha sufrido un incidente o delito de odio por la intolerancia y los prejuicios hacia su situación de exclusión social extrema y, de este porcentaje, un 81,3 por ciento ha pasado por esta experiencia en más de una ocasión.
Estos datos se desprenden de una investigación pionera en España para conocer la prevalencia de los delitos de odio contra las personas sin hogar atendidas por las organizaciones del Observatorio Hatento, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE).
Ser mujer, tener un origen español, tener problemas de consumo de alcohol y llevar más tiempo de estancia en la calle son factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas sin hogar frente a este tipo de situaciones, según el informe.
El 87 por ciento de las personas responsables de los incidentes o delitos de odio fueron hombres y un 57 por ciento tenían entre 18 y 35 años, de acuerdo con la información proporcionada en las entrevistas.
En el 28,4 por ciento de las experiencias analizadas, los responsables de la agresión o humillación fueron chicos jóvenes que estaban de fiesta, un 10,1 por ciento de los entrevistados relataron experiencias relacionadas con el trato recibido por los servicios policiales y los grupos nazis estuvieron implicados en un 7,3 por ciento de los incidentes.
Seis de cada diez delitos de odio analizados se produjeron durante la noche o la madrugada, cuando el nivel de desprotección y vulnerabilidad de la persona sin hogar es mayor. En un 60 por ciento de los casos, el lugar donde se produjo el incidente o delito de odio coincidió con el espacio donde estaba durmiendo la víctima.
EL ESTUDIO
El trabajo está basado en entrevistas a 261 personas sin hogar realizadas en Alcobendas (Madrid), Barcelona, Bilbao, Madrid, Móstoles (Madrid), Murcia, San Sebastián y Sevilla entre el 1 de diciembre de 2014 y el 30 de abril de 2015.
De las 123 personas entrevistadas que afirmaron haber sufrido al menos un incidente o delito de odio, 121 accedieron a contar su experiencia, dos pidieron no seguir con la entrevista y siete se descartaron por inconsistencias en el discurso, por lo que el análisis se realizó a partir del relato de 114 episodios. En un 42,9 por ciento de los casos, las personas sin hogar fueron insultadas o tratadas de manera vejatoria, mientras que en 40,8 por ciento sufrieron agresiones de carácter físico.
En un 61,1 por ciento de los casos hubo mensajes ofensivos relacionados con la expulsión del espacio en el que se encontraba la víctima, amenazas, insultos o calificativos denigrantes como "vete a dormir al vertedero", "te vamos a matar", "eres una escoria humana" o "eres una vergüenza para España". En un 40,7 por ciento de los episodios, la persona o personas implicadas llevaban algún tipo de elemento intimidatorio como palos, porras, piedras y botellas.
Más del 50 por ciento de las experiencias se dieron en la calle y un 14,90 por ciento en espacios cerrados a pie de calle, como un cajero o un portal. Dos de cada tres experiencias fueron presenciadas por otras personas, pero en un 68,4 por ciento de los casos los testigos no hicieron nada.
De las personas que sufrieron un incidente o delito de odio, un 63 por ciento no acudió a ningún servicio y un 37 por ciento fue atendido por los servicios policiales o sanitarios. De las 114 personas que contaron de manera detallada algún incidente o delito de odio, solo quince presentaron una denuncia y de las 47 personas que fueron víctimas de una agresión física, solo ocho interpusieron una denuncia.
Los coordinadores del Observatorio Hatento, Maribel Ramos y Luis Perea, han reclamado el diseño de políticas de seguridad y protección para evitar los delitos de odio que se cometen contra las personas sin hogar y han resaltado que no hay que olvidar el derecho a la vivienda de parte de la ciudadanía en una sociedad democrática.
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