Se abre la veda para hacer negocio con los parques nacionales españoles

Los parques nacionales, los territorios que gozan hasta ahora del mayor estatus de protección ambiental, abren su primera vía a la explotación turística y comercial. Se permite la navegación en Monfragüe y el sobrevuelo sin motor en Guadarrama.

El Gobierno de Rajoy ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Parques Nacionales, una regulación que, entre los cambios más destacados, permitirá la navegación con fines turísticos en el parque de Monfragüe (Cáceres) o los sobrevuelos con aeronaves sin motor en algunas zonas de la Sierra de Guadarrama (Madrid), según ha adelantado Europa Press, que ha tenido acceso al último borrador del texto.

En general, se trata de un texto que no introduce cambios de enorme trascendencia con respecto a la anterior regulación, pero que es ambigua en muchos puntos, con excepciones y disposiciones a casi cualquier norma general. Por ejemplo, el sobrevuelo a menos de 3.000 metro de altura figura como una actividad incompatible, "salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor".

Otro tanto ocurre con los aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos, las vías de comunicación y redes energéticas, no permitidas "salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas", cita el borrador. El Ministerio, no obstante, defiende que"no se va a permitir ninguna actividad que menoscabe los valores medioambientales de los parques nacionales".

Otra de las novedades es la que permite declarar una situación de emergencia medioambiental en caso de catástrofe y que el Estado pueda intervenir sin la solicitud de las comunidades si la situación lo requiere. Aunque la legislación es de ámbito nacional, en la práctica son las comunidades autónomas las que tienen la competencia sobre los parques nacionales, tal y como fue establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional.

"Es la filosofía Cañete y ya estamos acostumbrados a ella porque ha hecho lo mismo con la Ley de Costas, en las leyes generales se busca excepciones sin justificar por qué", señala Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace.

Al menos, respecto al suelo, el proyecto de Ley establece que el terreno que pueda ser declarado Parque Nacional "no podrá ser susceptible" de urbanización ni edificación ni actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, así como instalaciones dedicadas al uso deportivo, industrial o de ocio.

Las organizaciones ecologistas han participado en conversaciones con el ministro de Medio Ambiente para la elaboración del texto, pero no han sido citados para discutir el último borrador.

¿A LA CAZA DEL NEGOCIO?
Se mantienen como actividades expresamente prohibidas la pesca, la tala con fines comerciales, las edificaciones y la caza. Sí se permite, en cambio, el control de poblaciones (la caza controlada de las especies con excedentes de población), una actividad que las organizaciones ecologistas defienden, pero que demandan que sea realizada por los propios técnicos del parque.

El texto, sin embargo, deja esta decisión en manos de los gestores, lo que en la práctica abre la puerta a que los dueños de los territorios puedan organizar monterías o vender el derecho de caza a particulares. "El Ministerio deja ese apartado sin regular conscientemente para que se pueda seguir practicando la caza", denuncia Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. "Nuestro objetivo es que haya siempre un garante último de la conservación", ha defendido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“MARCA PARQUES NACIONALES”
El empeño por sacar la mayor rentabilidad económica es tal, que el Gobierno ha creado la 'Marca Parques Nacionales de España', también contemplada en la ley, una iniciativa, según el Ministerio, para fomentar las relaciones con otros países que tengan también parques nacionales.

Las organizaciones ecologistas habían solicitado al departamento de Arias Cañete que homogeneizara los criterios en todas las autonomías para que no pudieran darse diferencias en la protección según el territorio, pero poco se avanza en ese aspecto. La nueva ley crea dos órganos de "coordinación" y de "colaboración" del Estado central con las comunidades, pero que no impone criterios mínimos en la gestión.

"Existe un plan director de parques, pero cada comunidad hace lo que quiere. Las comunidades no son capaces de llegar a un acuerdo y esta ley no soluciona ese problema. Necesitamos medidas extraordinarias para atajar los principales problemas que acechan a los parques", señala Oberhuber.