Desarticulada una red que prostituía chicas rumanas en España

Una operación policial ha desarticulado una red de tráfico y prostitución en un macroprostíbulo de Junquera (Girona), cerca de la frontera con Francia. Diecinueve personas han sido detenidas, pertenecientes a dos grupos que se dedicaban a captar mujeres menores de edad en Rumanía bajo falsas promesas de empleo, para luego obligarlas a prostituirse.

Las jóvenes eran sometidas a continuas amenazas, palizas e incluso violaciones y los miembros de la organización las mantenían permanentemente controladas, llegando a utilizar escáneres dactilares que registraban tanto el inicio de la “jornada” de cada mujer, como cada uno de los servicios sexuales que realizaban.

Entre los 19 detenidos se encuentran los supuestos principales cabecillas de ambas organizaciones y se ha identificado a un total de 215 víctimas directas del macroprostíbulo, que llegó a facturar unos 60.000 euros diarios.

EL NEGOCIO DE LA ESCLAVITUD SEXUAL
También se han registrado cinco domicilios y la sede del club de alterne, donde se han intervenido 101.290 euros, un rifle con silenciador, un revólver, munición, una katana, dos defensas eléctricas, 15 navajas, un látigo, dos bastones, una cachiporra, 9 vehículos, casi 2.000 resguardos de envío de dinero al extranjero, varios equipos informáticos, quince teléfonos móviles y joyas.

En torno a esta actividad delictiva, se ha descubierto además un entramado de “sociedades tapadera”, utilizadas para blanquear parte de los beneficios obtenidos, concretamente mercantiles con un capital social superior a 11,5 millones de euros, numerosos inmuebles con un valor catastral superior a dos millones, varios vehículos de alta gama y un barco de 19 metros de eslora.

UN AÑO DE INVESTIGACIONES
Las investigaciones comenzaron hace casi un año a raíz de la denuncia de varias víctimas de la organización en Rumanía, que apuntaban a un ciudadano rumano que captaba a mujeres menores en la zona de Braila (Rumanía) para después trasladarlas a España y obligarlas a prostituirse sexualmente.

Así, el primero de los grupos desmantelados estaba compuesto por rumanos y asentado en la región de Braila, de la que proceden la mayoría de las víctimas.

Contaban con una estructura perfectamente organizada y gozaban de gran respeto entre otras organizaciones de proxenetas, apareciendo incluso vídeos en un conocido portal informático en el que artistas famosos rumanos dedicaban canciones al líder de la organización.

También se observó que su líder iba siempre acompañado por un guardaespaldas y alardeaba de su capacidad económica, frecuentando habitualmente casinos, donde llegó a gastar hasta 14.000 euros en una noche.

VIOLACIONES Y CONTROL ABSOLUTO
En algunos casos las víctimas llegaban a sentirse afortunadas por formar parte de ese poderoso clan, pero una vez en nuestro país y para doblegar su voluntad los miembros de la organización las violaban en numerosas ocasiones como “ejercicio de entrenamiento”.

El segundo grupo regentaba un macroprostíbulo en La Junquera, propiedad de un matrimonio afincado en Valencia, desde donde controlaba en tiempo real todo lo que ocurría a través de un sistema de videovigilancia.

Las mujeres eran explotadas sexual y laboralmente, permaneciendo en situación de esclavitud, obligadas a realizar jornadas de doce a catorce horas y a hacer uso de lectores de huella dactilar al inicio de la jornada y de forma previa a cada encuentro sexual.

Los datos eran enviados a un ordenador central, que permitía el control de cada una de las mujeres de forma permanente.

El club exigía a las mujeres pagar 70 euros diarios para mantener “la plaza”, incluso los días que no ejercían la prostitución, llegando a facilitarles esponjas vaginales para que pudieran seguir manteniendo relaciones sexuales durante la menstruación y eludir ser penalizadas por inasistencia.

Pagaban además cinco euros por gastos de electricidad, dos por cada rollo de papel higiénico o siete por el jabón, mientras que los preservativos, lubricantes, servicio de lavandería, comida, agua, refrescos o tabaco también tenían que adquirirlos en el local a precios desorbitados.

Para exprimirlas aun más, la organización había instalado inhibidores de frecuencia para obligar a las mujeres a usar los teléfonos públicos del club y para poder trabajar estaban obligadas a hacerse análisis de sangre mensualmente, en un laboratorio elegido por la dirección del prostíbulo, pero pagado por ellas.

Las investigaciones han permitido constatar envíos regulares de dinero al extranjero, realizados por el lugarteniente del dueño del club, de nacionalidad alemana, a través de empresas de envío de dinero, a cambio de las correspondientes comisiones.

Este individuo, además, facilitaba inmuebles de alquiler a los proxenetas y las víctimas, y dirigía un grupo de conductores que transportaba a las mujeres al club, cobrando 15 euros por trayecto.

MÁS IMPLICADOS
Otro método empleado para sacar los beneficios obtenidos de nuestro país era con la colaboración directa de los chóferes de una empresa de autobuses de línea regular de viajeros con Rumanía.

Además de las 19 detenciones, se ha concedido la entrega de otros dos miembros de la red que se encuentran en Rumanía y han resultado imputadas cinco personas jurídicas.