Concejala de Urbanismo de Lleida compara cierre de templos evangélicos con el de bares y prostíbulos

«¿Qué está pasando en este país? ¿Es que nos estamos transformando en un país de intolerantes?», se preguntaba en febrero de este año Guillem Correa, secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña (CEC) ante las órdenes de cierre de lugares de culto evangélicos que se extendían por la región. El eco de esa pregunta sigue en el aire, toda vez que las órdenes (o apercibimientos) de cierre de iglesias evangélicas se multiplican, y no sólo en Cataluña, sino también en otras Comunidades Autónomas.

Lo sucedido recientemente en Lérida es ilustrativo. Según informa El Periódico de Catalunya, el Ayuntamiento de Lleida clausuró en 3 meses 5 iglesias protestantes porque «no tenían licencia» y, además, tiene abiertos expedientes a otras tres iglesias evangélicas.

Guillem Correa recordó que «la nueva ley de cultos catalana, 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto, y su Reglamento (aprobado este año), dan un plazo de cinco años a las iglesias existentes para adecuarse a la nueva normativa». Por otra parte, el secretario general del CEC expresó su preocupación por el hecho de que el cierre de los lugares de culto sea la primera opción y no la última. «Cerrar iglesias no es bueno, y nosotros entendemos que es lo último que se tiene que hacer. Antes hay que agotar todas las vías», señala, a la vez que recuerda que el Consejo Evangélico se ofreció a oficiar como parte mediadora en estos casos, aún cuando no se tratara de iglesias vinculadas a dicha institución.

Desde el Consejo Evangélico de Cataluña se insiste en dejar claro que este tipo de actuaciones por parte de la Administración no son generalizadas, ni mucho menos. Lo habitual es que desde el Ayuntamiento se notifique y consulte de la situación primeramente al Consejo Evangélico, con una voluntad de resolverla positivamente.

La concejala de Urbanismo de Lérida, Marta Camps, respecto a este asunto, explicó que el consistorio se limita «a hacer cumplir de manera estricta toda la normativa municipal» y que «en este periodo también hemos cerrado muchos prostíbulos y bares» (sic), parecen demostrar, no sólo una falta de consideración a los órganos representativos del protestantismo español, sino además una gran carencia de sensibilidad y criterio en algunos dirigentes políticos a la hora de hacer comparaciones.

El caso de Lleida no ha sido ni es el único en Cataluña, donde en algunos distritos, como el de Nou Barris, en la zona nororiental de Barcelona, las iglesias evangélicas con expedientes de cierre superan la veintena.

En el ámbito estatal tampoco faltan ejemplos de esta forma de actuación restrictiva e insensible por parte de algunos ayuntamientos. Casos como los acontecidos en Galicia (Orense, Oleiros…), Madrid (varios), Alicante, o El Ejido (Almería), por citar solo algunos, dan muestras de esta situación de indefensión que afecta a las confesiones religiosas minoritarias.

EL EJIDO IGNORA RECLAMACIONES
También el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), al que el Defensor del Pueblo andaluz, a instancias de Ferede, escribió el pasado mes de septiembre denunciando su Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) por vulnerar el derecho fundamental a la libertad religiosa - solicitándole que lo modifique y, mientras tanto, lo deje sin aplicación - se encuentra en un una situación irregular en estos momentos al haber caducado el plazo de un mes exigido por la Ley para contestar a dicho escrito. Exigencia que, según la oficina del Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento aún no había satisfecho.

Cabe recordar que las iglesias protestantes no abogan por una falta absoluta de regulación para sus lugares de culto, ni mucho menos justifican, en nombre de la libertad religiosa, comportamientos antisociales, o el establecimiento de lugares de culto que supongan un riesgo para las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de sus fieles, ni de sus vecinos. Tampoco se trata de negar que, en ocasiones, el Consistorio lleve razón para actuar abriendo un expediente.

Sin embargo, como bien subraya Correa, «creemos que cuando se abre un expediente, normalmente lo que se busca es resolver una situación de irregularidad, y el objetivo no debe ser el cierre». Este es el aspecto que desde los órganos federativos y representativos de los protestantes se intenta presentar a los ayuntamientos, una actitud que no está siendo adoptada por ambas partes en todos los casos.

Situaciones como las de Lérida, o como otro caso en un distrito de Madrid, donde el Ayuntamiento exige a una iglesia disponer de 20 plazas de garaje para otorgarle la licencia de apertura, muestran un alto grado de «analfabetismo político» en relación con la gestión pública de la libertad religiosa por parte de algunos de nuestros dirigentes.

La gestión pública de la libertad religiosa es, probablemente, la asignatura en la que la Administración acumula mayor número de suspensos. De allí que, el trabajo que el Gobierno tiene por delante en este aspecto es mucho, y resulta de capital importancia la tarea que desde la Fundación Pluralismo y Convivencia se viene impulsando para formar a dirigentes y funcionarios en ese ámbito, algo absolutamente fundamental y urgente.

Dentro de ese trabajo formativo, la Fundación trabaja en la redacción de un Manual de Gestión Pública de la diversidad religiosa que, según se anuncia, será una herramienta de suma utilidad para paliar esa laguna formativa en la que, hoy por hoy, naufragan los derechos de muchos ciudadanos de este país.