Pese al pluralismo religioso, la Iglesia católica goza de privilegios exclusivos

La Conferencia Episcopal no duda en calificar su presencia en las instituciones de "servicio público" y presume de ahorrar miles de millones al Estado, pese a que las cifras globales analizadas por diversas universidades continúen mostrando que las distintas administraciones aportan a las arcas católicas casi 15.000 millones de euros. Y, lo que es más sangrante: la sensación de que la Iglesia católica sigue siendo un poder fáctico, casi con capacidad de veto, en una sociedad democrática.

La reforma pendiente de la Ley de Libertad Religiosa retrasada recientemente habrá de encontrar la fórmula que termine con la identificación de "español" con "católico" que los más de 30 años de democracia todavía no han conseguido romper. El fin del monopolio católico en la enseñanza, la laicidad en funerales de Estado, la igualdad de trato a la hora de construir templos y, sobre todo, la visibilización de otras confesiones son algunos de sus objetivos.

ECUACIÓN ERRÓNEA
Como señala José Manuel López, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia (entidad estatal que trabaja por la normalización de las confesiones religiosas minoritarias) "hay que acabar con la dinámica que identifica al español con la Iglesia católica".

"Hoy tenemos ciudadanos que son evangélicos, musulmanes, judíos, budistas, mormones o que se declaran ateos, agnósticos o indiferentes, y que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás", recuerda López.

En los últimos 20 años, la presencia de las otras confesiones se ha multiplicado, mostrando una realidad poliédrica de lo religioso en España. Así, mientras en 1991 se contabilizaban 40.000 musulmanes, en la actualidad hay más de 1,2 millones. Muchos llegaron con la inmigración, pero se han establecido en el país y sus hijos son ahora ciudadanos españoles de pleno derecho.

ROMPER PREJUICIOS
El reto de la próxima década, auguran los expertos, está en romper los prejuicios que impiden al musulmán convertirse en ciudadano de una sociedad que lo comprende, de un lado, y deslindar las prácticas, más culturales que religiosas, que no pueden tener cabida en el país. La polémica del burka es sólo el último ejemplo de un conflicto identitario que el islam español aún no ha sabido solucionar.

Los protestantes suman 800.000 ciudadanos, según Pluralismo y Convivencia, sin contar el medio millón largo de fieles de esta confesión sobre todo alemanes o británicos que pasan largas temporadas en España.

Los evangélicos se dividen en tres grandes colectivos: los protestantes españoles, con una implantación consolidada desde la segunda mitad del siglo XIX; la población inmigrante que procede de Latinoamérica, pero también de Rumanía y del continente africano; y el colectivo gitano, vinculado en su mayoría a la Iglesia de Filadelfia.

Los judíos, apenas 35.000 ciudadanos, son fundamentalmente españoles de origen sefardí, con una importante colonia de origen argentino que se multiplicó a finales del siglo pasado.

ACUERDOS CON EL ESTADO
Judíos, musulmanes y evangélicos son las tres religiones que cuentan con acuerdos de colaboración suscritos con el Estado. Esto les permite, en teoría, contar con acceso a financiación, a que se impartan clases de Religión en la escuela pública o a que se tengan en cuenta sus peticiones para la construcción de templos.

En un segundo y tercero nivel, si excluimos la situación evidentemente privilegiada de la Iglesia católica se encuentran las llamadas "confesiones de notorio arraigo". Es decir: aquellos grupos religiosos que, por número de fieles y años de presencia en España, han sido reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, aunque todavía no han suscrito un acuerdo global con el Estado.

No es de esperar que estas confesiones den ese paso, pues el Gobierno no quiere perpetuar el "modelo católico" (Concordato o Acuerdo), sino incluir estos grupos dentro del imaginario colectivo de la ciudadanía española.

Así, se contabilizan 10.000 budistas, 125.000 testigos de Jehová, 30.000 mormones y medio millón de ortodoxos, sobre todo rumanos cuya presencia se ha multiplicado tras la entrada de Rumanía en la UE. Otros 40.000 españoles profesan otra religión.

"La inmigración pudo ser un factor de crecimiento de las confesiones distintas a la católica en su día, pero hoy no está en la base de la pluralidad religiosa", analiza José Manuel López. Aunque es cierto que el fenómeno migratorio, fundamentalmente del Magreb, aumentó la presencia de minorías religiosas, "es incorrecto asociar las creencias minoritarias con colectivos extranjeros".

ANTE TODO, CIUDADANOS
Acabar con esta falsa identificación es uno de los principales retos de Pluralismo y Convivencia. De ahí sus esfuerzos por crear corrientes de opinión que primen la condición de ciudadanos o residentes sobre la de fieles de una u otra confesión.

La tesis es simple, si bien no tan sencilla de llevar a la práctica: España va dejando de ser católica, pero no para convertirse en musulmana, judía, budista, evangélica o atea. "De lo contrario, estaríamos creando guetos", como ha sucedido en algunos países europeos, recuerda López.

En una sociedad laica, el respeto a la práctica religiosa ha de ser escrupuloso, siempre y cuando no choque con los derechos fundamentales. De ahí que polémicas como las del burka y el yihab se vinculen más con cuestiones de seguridad que con religión.

En este sentido, resulta fundamental el trabajo que se está llevando a cabo con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que podrán concluir, en breve, con la creación de un Observatorio de la Pluralidad Religiosa en España.